En el día de ayer se realizó una nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana, movilización que se desarrolla desde 1999, de forma simultánea en cientos de ciudades del mundo. En nuestro país, la marcha tiene réplica en 18 ciudades.
En Buenos Aires, una marea verde fue copando la Plaza de Mayo a medida que el sol se abría paso y dejaba atrás una mañana lluviosa. Los asistentes -principalmente jóvenes que se acercaron desde distintos barrios del conurbano, cansados de soportar la persecución policial y las detenciones por fumar- iniciaron la caminata a las 16hs. La imagen de una multitud sin principio ni final, desplazándose lentamente entre la Casa Rosada y el Congreso de la Nación, impactaba a cualquiera.
Más de cien mil personas movilizadas contra las políticas represivas del Estado en materia de drogas, convierten al reclamo -objetivamente- en una demanda con altísima popularidad. De mínima, una popularidad mucho mayor a la cobertura mediática que hacen los grandes medios de comunicación, que oscila entre el ninguneo y las notas “de color”. Pensar una comparación con las repercusiones que generó una movilización puntual (y de menor convocatoria) como la del 18F (conocida como “la marcha por Nisman”) no hace más que despertar la sospecha de una voluntad política implícita, que comparten medios hegemónicos y partidos políticos burgueses, de silenciar un reclamo muy sentido. Desde la Izquierda Diario quisimos aprovechar la oportunidad para abrir el debate y tomamos el guante para romper en seco con la hipocresía y el silencio.
El negocio de la ilegalidad y el rol del Estado
Este reclamo que trasciende fronteras y que es de carácter esencialmente juvenil, sólo puede explicarse por el fracaso de la política de “guerra contra las drogas” lanzada en Norteamérica, que considera a los consumidores como criminales. Estados Unidos, a la vez, es el principal organizador del narcotráfico a nivel mundial y su propio Congreso denunció reiteradas veces a la CIA por sus nexos con grupos narcos en todo el mundo. Con el paso del tiempo y los nefastos resultados de la política punitiva, la discusión sobre la prohibición de las drogas tomó estado parlamentario en muchos países. Los casos más cercanos son el uruguayo y el chileno, pero en el propio seno de los EE.UU tomó fuerza este debate hasta el punto que el cannabis se encuentra legalizado en varios estados (Washington, Colorado, California) y se está discutiendo en otros. En Argentina esta discusión cobra un carácter particular, ya que estamos hablando del país que se moviliza con mayor masividad por este tema en Latinoamérica.
El gobierno kirchnerista se ha ubicado como uno de los alumnos más disciplinados de la política norteamericana, aún cuando varios de sus funcionarios se pronunciaron a favor de la despenalización y Aníbal Fernández, Jefe de Gabinete, presentó un proyecto propio en el 2012. En ese momento, el gobierno coqueteó con la simpatía que generaba la demanda de reformar la vigente Ley de Drogas (27.737), pero la idea de una nueva legislación no prosperó de algunos debates en las comisiones del Congreso. Y desde que Bergoglio se llama Francisco, es un tema del que ni se habla. De la misma forma que pasó con la legalización del aborto, el gobierno decidió sacar el debate de la agenda, para garantizar su buena relación con el Vaticano (que, casualmente, es uno de los principales paraísos fiscales que elige el narcotráfico para lavar el dinero que obtienen con la ilegalidad de las drogas).
Sin embargo, lo que sí está en la agenda política y mediática es el narcotráfico, y es el propio Estado el que lo organiza y participa de sus ganancias. La cadena va desde la gendarmería y la policía, pasando por jueces y fiscales, y llegando a los servicios de inteligencia y los líderes políticos que obtienen financiamiento para sus campañas de las ganancias de los narcos. Sin embargo, el tema se utiliza para justificar la militarización de los barrios y fortalecer el aparato represivo y de control sobre la población, responsable también de los miles de asesinatos a pibes en los barrios por portación de cara, el llamado gatillo fácil que durante esta década escaló al nivel más alto desde el retorno de la democracia. El mismo aparato que -por cierto- regula y controla el narcotráfico. Esto no solo repercute en la persecución a los consumidores, sino que estas bandas ligadas a la policía, buscan reclutar a los jóvenes empobrecidos de esos barrios para que sean carne de cañón a la hora de defender sus negocios (como se ve en el caso de “los soldaditos” rosarinos).
Los centros de estudiantes de la UBA estuvieron presentes
Pero la prohibición no se mantiene sólo con leyes y bandas armadas, sino que la sostienen una serie de sentidos comunes y prejuicios, pregonados por el Estado e instituciones como la Iglesia que estigmatizan al consumidor. Este accionar es funcional a ocultar los verdaderos problemas en la sociedad, producto de la profunda desigualdad en las condiciones sociales. Mientras el sistema expulsa a cientos de miles de jóvenes del ámbito laboral y educativo, el consumo sirve de excusa para justificar esa exclusión y convertirlos en culpables. Es anecdótico para ellos que las sustancias que generan más casos de consumo problemático no son las drogas ilegales, sino el alcohol, los psicofármacos y, en los casos de mayor marginalidad, solventes o pegamentos que “ayudan” a sacarse el hambre y el frío entre los pibes que viven en la calle. Los mismos que opinan que la droga es un “flagelo social”, se niegan a llevar adelante políticas de prevención y reducción de daños que permitirían salvar la vida de tantos pibes que mueren por el mal uso de una sustancia, sea de manera recreativa o abusiva.
¡Legalícenla: basta de criminalizar el consumo!
Una actividad que creció al mismo ritmo que aumentaban las marchas y la simpatía por la lucha contra la criminalización del consumo, es la del autocultivo. Plantando no sólo es posible obtener marihuana de mejor calidad, sin pesticidas, hongos, ni amoniacos, sino que también permite al consumidor no tener que interactuar con un dealer. La despenalización del autocultivo es una demanda urgente y necesaria de este movimiento. Sin ir más lejos, los organizadores locales de la Marcha de la Marihuana (como la Agrupación Cannabicultores del Oeste, la CeCCa o activistas nucleados en la Revista THC, entre otras organizaciones) ponen a este reclamo como uno de los centrales. La “cultura cannabica”, impulsada centralmente desde estas organizaciones, si bien despierta simpatía en sectores amplios de consumidores, se muestra ineficaz para luchar por la legalización. La clave no pasa por reforzar, ni embellecer los beneficios de una sustancia, sino por discutir directamente contra un Estado que se jacta de decidir qué podemos y qué no podemos consumir, mientras la vende ilegalmente y nos reprime por fumarla. Esto se expresa también en los vaivenes políticos: muchos de estos sectores pasaron de depositar su confianza en el kirchnerismo en el 2012 a hacer un acto en este 2015 donde no sólo no se permitió hablar a partidos políticos, sino tampoco a organizaciones de base, como los centros de estudiantes de Filosofía, Sociales y Psicología, cuya conducción viene de conseguir un pronunciamiento histórico de los consejos directivos de esas facultades.
La formulación que más utilizan es la de “despenalizar” el consumo y la tenencia, y la necesidad de “regular” para poner un freno al narcotráfico. Sin embargo, el autocultivo y la despenalización como horizonte, dejan por fuera a esa gran mayoría de trabajadores que quieren acceder, de forma fácil y sin riesgos, a marihuana de calidad. Es simple, para poder llevar adelante una plantación personal, hay que disponer de un espacio adecuado para hacerlo, y de tiempo para dedicarle a su cuidado. Espacio y tiempo, dos magnitudes que escasean -sobre todo- en la vida cotidiana del trabajador, sometido a extenuantes jornadas laborales.
Además, la ilegalidad de las drogas fortalece al aparato represivo del Estado, fomentando bandas armadas en defensa de negocios millonarios que reclutan a sus “soldados” entre los jóvenes de los barrios, los famosos “ ni ni” que la “década ganada” mantuvo excluidos. Si bien el autocultivo permite a un sector del poder desligarse de los narcos, distinto es para quienes viven en villas porteñas o en barriadas del conurbano, y tienen que lidiar cotidianamente con las consecuencias de la ilegalidad y el narcotráfico.
Por eso, para acabar con el narcotráfico y lograr una salida de fondo, es necesaria la legalización, acompañada del monopolio estatal de la producción, única forma de evitar la participación de empresas multinacionales como Monsanto u otras (que privilegien la ganancia en detrimento de la calidad). De esta manera, no sólo podría garantizarse la calidad de un producto de venta libre, sino que también pueden reinvertirse las ganancias en campañas para brindar información a los consumidores, financiar políticas de salud y tratamientos para las personas con problemas de abuso de sustancias, terminando con el flagelo actual de las “granjas” en manos de sectores de la Iglesia evangelista y cristiana.
Informarse, organizarse y movilizarse. Sólo por medio de esa tríada conquistaremos nuestros derechos. Desde La Izquierda Diario esperamos aportar, con este “dossier”, en ese sentido.
