Si bien la pandemia se trata de un fenómeno mundial, las consecuencias que genera no recaen de la misma forma sobre el conjunto de la población. La cuarentena y el freno de la economía ya está generando millones de desempleados en todo el mundo, y la situación es aún más crítica para quienes trabajan informalmente y no poseen ingresos para soportar la suspensión del trabajo diario. La realidad de les inmigrantes es aún peor: no solo están excluidos de las políticas de transferencias de ingresos, sino que se encuentran desempeñando los trabajos peores pagos y sin ningún tipo de derechos laborales y/o sociales.
Recordemos que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), es un bono de $ 10.000 que otorgará el gobierno en abril, a trabajadores no registrados, monostributistas sociales y de las categorías A y B o aquellos que reciben la Asignación Universal por Hijo, entre otros. El número de inscriptos ya superó los 3,5 millones en solo dos días; lo anunció Alejandro Vanoli, titular de ANSES, en su cuenta de twitter, alrededor de las 14 hs. El gobierno había anunciado que dicha medida contemplaría a 3,6 millones de personas. Las cifras demuestran que la demanda será mucho mayor.
En el Decreto de Necesidad y Urgencia que creó la IFE, establece como requisito para acceder al bono de $10.000, “Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años”. De esta forma quedan por fuera todas las personas migrantes y refugiadas sin DNI, o quienes cuentan con residencia precaria o DNI temporario.
La Secretaría de Trabajadores migrantes de la CTEP denuncia que la mayoría de las personas migrantes se encuentra en una situación irregular por razones administrativas y burocráticas: Dirección Nacional de Migraciones lleva más de 70.000 casos de radicación sin resolver. A su vez, las demoras para acceder a un turno –para comenzar los trámites- por medio de la plataforma Radex (Sistema de Radicación a distancia) puede llegar a demorar hasta 18 meses. Profesionales informan que, para acceder al DNI temporario, se tarda aproximadamente 9 veces (o más). Luego de 2 años, recién se accede a un DNI permanente.
¿Qué realidad viven les migrantes que no cuentan con documentación regular? Para acceder a la Asignación Universal por Hije, se exige una residencia legal mínima de 3 años, que debe estar registrada en un DNI permanente. Para acceder al programa de alimentos Ciudadanía porteña o el subsidio habitacional, ser requieren 2 años de permanencia. Esta situación les relega a la informalidad laboral: un informe publicado en 2019 de la Organización Internacional para las Migraciones puso en evidencia que en Argentina “la incidencia de la informalidad laboral entre los migrantes está por encima de la registrada entre los trabajadores nativos”. En síntesis: les migrantes viven un acceso diferencial a derechos básicos, y no solo en un contexto de emergencia sanitaria.
Katy, estudiante de la Universidad de Buenos Aires y migrante dice, sobre la IFE, que “es un hecho discriminatorio desde el Estado. Se sigue fomentando la idea de que “no importa cuánto habites, trabajes o aportes a un país, si naciste en otro lado, las leyes van a seguir rigiendo de forma distinta para vos”. No considera las diferentes realidades de muches inmigrantes que viven acá hace años. La mayoría de les inmigrantes indocumentados, son pobres, es así. Un alquiler en una villa no está menos de $5000. Comer sano está súper caro. Con $10.000 no hacés nada”.
Esta medida de emergencia, no solo es discriminatoria, sino que su monto se encuentra muy por debajo de la canasta de pobreza elaborada por INDEC, que se establece en un monto de $40.789,67 para una familia tipo.
Con los millones de pesos que se destinan al pago de la deuda fraudulenta, no solo se podría reorientar la producción industrial en función de las necesidades más urgentes para enfrentar la pandemia (respiradores, camillas, mascarillas y alcohol en gel) sino que se podrían reconocer ingresos salariales de cuarentena no menor a los $ 30.000, otorgado todos los meses para todos los trabajadores y todas las trabajadoras sin distinción, que no tuvieran licencias pagas por sus empleadores; entre otras medidas. Está quedando al desnudo, como hace mucho tiempo no sucedía, que el sistema se asienta sobre una desigualdad estructural: ya es hora de decir basta. |
