El argumento del gobierno comunal para tomar esta medida fue otorgar asistencia alimentaria a los habitantes de los barrios más empobrecidos del distrito durante la pandemia.
Como se denunció desde este medio, las tareas que ahora realiza el Ejército son tareas que vienen realizando docentes, estatales y organizaciones solidarias por lo que el argumento utilizado por el gobierno municipal muestra que su objetivo es naturalziar la presencia del Ejército en los barrios. Primero mostrarlos solidarios con la emergencia sanitaria. Luego, como el mismo ministro de Defensa sostuvo, en caso de que la ministra de Seguridad lo requiera, "aparecerán las Fuerzas Armadas" para fortalecer los controles. En este sentido, destacó que "dentro de lo que dice la Ley, las Fuerzas Armadas pueden aportar desde distintos lugares al apoyo logístico" y recordó que ya están participando de diversas acciones, desde distribuir alimentos hasta la repatriación de argentinos varados en otros países.
Incluso en declaraciones a medios periodísticos locales la misma intendenta declaró que el Ejército solo reparte el 10 % del alimento, una parte realmente mínima, que podría ser llevada adelante por los sectores que ya están desarrollando esta tarea.
Y a propósito de esto, hemos podido hablar con docentes anotados en registros de voluntarios para repartir comida elaborados por los sindicatos a los que ya van dos semanas en las que les dicen que “no es necesaria su participación”.
De esta manera puede observarse que el propósito de Mendoza y su gabinete es meter al Ejército en las calles de Quilmes a lo que de lugar. Esta “primera experiencia” ya habilitó el mismo accionar en La Matanza.
No dan puntada sin hilo
Queda claro entonces que las razones argumentadas por la intendencia son totalmente insostenibles y muestran un aprovechamiento de las necesidades más acuciantes del pueblo trabajador para sacar al Ejército a las calles del conurbano.
De esta manera la intendenta camporista tomó al pie de la letra la política de reconciliación con las Fuerzas Armadas esbozada semanas antes por el presidente Alberto Fernández planteando “la necesidad de dar una vuelta de página” y llamando “inconductas” a las violaciones secuestros y torturas llevadas a cabo por de los militares.
Hay que decir también que esta política es apoyada no solo por todas las fuerzas que componen el Frente de Todos, sino que también recibió el apoyo explícito de, como no podía ser de otra manera, Juntos por el Cambio y el lavagnismo de Consenso Federal en una reunión celebrada en el palacio municipal quilmeño la semana pasada.
Obviamente, si el puntal de la política de lavado de cara y la reconciliación con las Fuerzas Armadas es “la izquierda peronista” queda abierta la puerta a que sea tomada por todos los sectores pejotistas, desde las alas más "progres" hasta los más rancios, como de hecho hizo Fernando Espinoza en La Matanza.
Lo más perverso, aunque coherente con el doble discurso kirchnerista sobre los derechos humanos, es que apenas dos semanas atrás, Mayra Mendoza había participado del acto de entrega de las instalaciones del Pozo de Quilmes por parte de la Policía Bonaerense a organizaciones que lo venían reclamando para realizar actividades relativas a la “memoria histórica”.
¿De qué le sirve la memoria histórica a Mayra Mendoza si días después intenta imponer en el distrito la reconciliación con las Fuerzas Armadas?
El genocidio no es un problema del pasado porque hoy nos siguen ocultando el destino de los 30 mil compañeros desaparecidos, porque hay 400 hijos e hijas que aun no recuperan su identidad. Además, y fundamentalmente, porque todavía un sector significativo de las Fuerzas Armadas que participaron en el genocidio de clase, beneficiados por la impunidad que les otorgó los gobiernos pos dictadura, y que los juicios que comenzaron durante el gobierno de Néstor Kirchner, luego de anuladas las leyes de impunidad, tuvieron que atravesar tortuosos procesos judiciales que hace imposible lleva a todos los imputados a juicio.
No es casual entonces que se envalentonen sectores que reivindican el golpe cívico militar del 76. Nunca se han sentido tan habilitados como ahora. Y la piedra de toque, las vueltas de la vida, la ha dado “La Cámpora”.
No es la primera vez que la intendenta de Quilmes apela al doble discurso sobre los derechos humanos. En enero Juntos por el Cambio promovió marchas ante un supuesto aumento de los delitos que terminaron fracasando. El 28 de enero, mientras acompañaba al represor de obreros y Ministro de Seguridad de la Provincia Sergio Berni en una visita por el distrito, Mayra Mendoza sostuvo que “la inseguridad se combate con inclusión social, educación y trabajo”, una postura con la que hasta la que escribe puede coincidir. Sin embargo, la verdadera respuesta a la movida cambiemita fue acorde al acompañante. Días antes funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Municipio se reunieron con los jefes policiales así como con los de Prefectura y Gendarmería destinados al distrito. A través de un comunicado se informó que “…la estructura operativa de seguridad se mantiene en pleno funcionamiento, con la misma cantidad de agentes policiales en las calles que había en los últimos meses de 2019, y con el objetivo de incrementar en corto plazo los agentes y los recursos en materia de prevención y seguridad”.
Justamente la saturación de los barrios del pueblo trabajador con fuerzas policiales y otras directamente militarizadas, junto al reforzamiento de sus atribuciones, son las que explican el incremento inusitado que tuvo el gatillo fácil y otras formas de violencia del Estado en las últimas décadas.
Y acá llegamos al problema central sobre el rol que puede jugar el Ejército, junto con estas fuerzas, en los próximos estadíos de la crisis de la pandemia.
Necesidades estratégicas
En lugar de testeos masivos para poder identificar científicamente y tratar a las personas afectadas, la política central del gobierno nacional para enfrentar la pandemia es la cuarentena obligatoria con un peso inaudito de las llamadas fuerzas de seguridad en tareas de control social. Las consecuencias de abusos policiales no se han hecho esperar.
A este esquema hay que sumar que el ministro Sergio Berni anunció que hay 20 puntos estratégicos de la Provincia de Buenos Aires en los que se concentran grupos de elite de la policía. Algunas de estas bases están ubicadas en, casualmente, Quilmes, La Matanza, La Plata, San Martín, Mar del Plata y Bahía Blanca.
¿Para qué están concentrados? ¿Para pedir permisos de circulación? Según el represor de obreros y desocupados de la Panamericana “Para prevenir situaciones de alteración social”.
Es decir, cuando las medidas paliativas en salud y alimentación para los sectores populares no alcancen, cuando empiecen los reclamos por medidas sanitarias o contra los despidos, tienen preparado el garrote del Estado.
En este marco la presencia del Ejército en la calle adquiere su mayor peligrosidad.
No es mera casualidad que los primeros puntos de desembarco de las Fuerzas Armadas sean Quilmes y La Matanza. El primer distrito tiene un 25 % de población que vive en villas y asentamientos. La segunda, un porcentaje similar, con una densidad poblacional del tamaño de una provincia entera. Muchos dirigentes sociales vienen alertando lo que puede llegar a ocurrir a nivel sanitario cuando el virus comience su expansión en estas barriadas.
En este sentido el desembarco del Ejército en las calles puede ir más allá del intento de reconciliación nacional y adquirir valores concretos en la perspectiva de la represión a la protesta social. Los más de 20 días de cuarentena, será un golpe para los sectores más vulnerables de la sociedad. Por eso es fundamental que las organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y políticas se pronuncien claramente en contra de esta política nefasta de legitimar a las Fuerzas Armadas, deslegitimadas por su rol genocida durante la dictadura y la capitulación de su cúpula ante las tropas inglesas en la guerra de Malvinas. | 
