Doce parejas gay han pedido a la máxima autoridad judicial que reconozca el derecho a casarse para todos los ciudadanos y en todos los estados de país. Los demandantes aseguran que al negarles el derecho a casarse o verse invalidado su matrimonio, tanto ellos como sus hijos están siendo discriminados al carecer de protecciones y beneficios, de los que sí disfrutan las parejas heterosexuales.
La Corte dictará sentencia el próximo mes de junio, dos años después del caso Windsor, que logró revocar y declarar inconstitucional la ley DOMA que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
El juez conservador Stephen Breyer declaró que al ampliar el derecho al matrimonio a parejas del mismo sexo, el poder federal estaría imponiendo la definición de una minoría a la mayoría de los ciudadanos, mientras que la reconocida abogada de la comunidad LGTB, Mary Bonuato, argumentó que en el caso Loving vs Virginia, que en 1967 acabó con la prohibición de casarse a parejas interraciales, la mayoría de los estadounidenses habría votado en contra, pero el interés de la Corte no está en seguir a la mayoría, sino en defender la igualdad de todos los ciudadanos.
Los defensores de la prohibición al matrimonio igualitario alegaron que las leyes estatales y federales siempre han respaldado el matrimonio por ser una garantía de procreación y que uno de sus objetivos es la protección de los menores y su vínculo legal con los padres. Por su lado, los jueces más liberales de la Corte rechazaron este argumento, asegurando que ningún estado podría negar legalmente el derecho de matrimonio a una persona que no pueda o no quiera tener hijos.
Entre las parejas demandantes se encuentra el caso de una pareja de lesbianas que considera que el Estado perjudica los derechos de sus cuatro hijos adoptados ya que, al carecer de validez su matrimonio, en el caso de fallecer una de ellas la otra perdería la custodia de los menores. También existe un caso de un hombre de Ohio se impulsó una querella contra el estado por no otorgar validez al matrimonio con su pareja, ya fallecida, negándole el derecho de herencia.
Si bien en 2013 la corte había establecido que el gobierno federal no puede discriminar a parejas homosexuales que hayan contraído matrimonio en estados o países donde esa unión esté reconocida legalmente, la sentencia no establecía que existiera el derecho a casarse para las personas del mismo sexo ni que los estados estén obligados a conceder ni reconocer estas uniones.
Las parejas demandantes aseguran que el derecho al matrimonio está protegido por la Constitución desde el siglo XIX y que la Corte lo respaldó como “derecho fundamental” en 1978.
Mientras, los estados piden a la Corte que se les devuelva la potestad para determinar qué es el matrimonio y quién tiene derecho a casarse, basándose en la defensa de la idea tradicional de la familia. Esa es la pregunta que debe responder ahora la Corte Suprema: si da la razón a los demandantes, y legaliza el matrimonio igualitario en todo el país, o si se la da a los estados, abriendo un proceso complejo en el que cada gobierno estatal regule el matrimonio a su manera.
Fuente: El País España / Feminist Newswire | 
