Llega el “1 de Abril, día en el que miles de familias afectadas por la crisis del coronavirus se verán obligadas a pagar alquileres inasumibles. El Gobierno ha ignorado nuestras demandas de suspensión del pago del alquiler. Es más: prioriza que todas las rentas inmobiliarias se sigan cobrando a precio de oro, como si la economía no se hubiera paralizado, y pretende que miles de personas se endeuden para pagarlas. Frente a ello, nos vemos en la obligación de convocar a una huelga de alquileres a todas las personas afectadas por el coronavirus. Quienes no cobramos, no pagamos. Si la economía productiva se para, la economía rentista también”.
Así de contundente comienza el Manifiesto para llamar a una huelga de alquileres este miércoles 1 de abril, que han publicado desde el lunes 29 de marzo impulsado por más de 200 organizaciones entre las PAHs, sindicados de inquilinos, junto a otras organizaciones y sindicatos.
Los alquileres subieron formando una burbuja gigante que ha llevado a prácticamente “trabajar para pagar el alquiler”, ya que una de cada cuatro personas vive de alquiler y el coste puede llegar a representar más de la mitad del sueldo o un sueldo entero. En cinco años han subido un 50% los precios de media en todo el Estado español, en cambio la renta media por persona entre 2014 y 2018 tan sólo ha subido un 8,9%. Esto también ha provocado la expulsión a la clase trabajadora, de las grandes metrópolis hacia la periferia, porque pagar un piso en alquiler en ciudades como Barcelona o Madrid, es ya imposible.
Estamos en un escenario de crisis social profunda. A tres semanas de la extensión del coronavirus en el Estado español, se calcula que se han llevado a cabo más de un millón de despidos tras la declaración del estado de emergencia. Más un millón y medio más de ERTEs: dos millones y medio de trabajadores y trabajadoras sin trabajo, cobrando el 70% de sus salarios. Eso sin tener en cuenta la gran cantidad con contratos precarios, o sin contrato como las trabajadoras del hogar, la mayoría también despedidas sin contar con prestaciones.
Las medidas del gobierno que siguen salvando a la banca y endeudando al pueblo trabajador
¿Y las medidas “sociales” del gobierno? Aislamiento y pobreza. Mientras exigen “esfuerzo colectivo” bajo el discurso gubernamental del “quédate en casa” que de forma encubierta culpabiliza y responsabiliza de la crisis social y sanitaria a las personas, como si toda la solución a esta catástrofe empezara y terminara exclusivamente en la actitud individual de las personas confinadas.
Pero no. Muchas son las organizaciones, que a través de las redes sociales o en los centros de trabajo se empiezan a organizar y a rompen con ese ideal individualista. Cajas de resistencia de las trabajadoras del hogar y de cuidados, el sindicato de manteros fabrica batas y mascarillas, trabajadores y trabajadoras de diferentes fábricas y servicios han paralizado la actividad laboral en reclamo de medidas de seguridad sanitaria y muchos ejemplos más. Ahora se están organizando ante el grave problema de los alquileres.
“Si miles de personas no pagamos bajo la cobertura de la huelga y de un mismo movimiento, nadie podrá hacer nada contra nosotras. En cambio, si afrontamos la situación de forma individual, terminaremos más pobres, con más deudas, y más vulnerables. Por eso más que nunca es necesaria la solidaridad de todas. El Gobierno no ha hecho nada para amparar a todas las personas que no iban a poder pagar. Nosotras nos organizamos, vamos a la huelga y presentamos una caja de resistencia que necesitará de la solidaridad de toda la sociedad”, dicen en el Manifiesto de convocatoria de la “huelga de alquileres”.
No es nueva la organización contra los desahucios, la burbuja inmobiliaria que desgarra a las familias del pueblo trabajador con alquileres carísimos, las estafas bancarias y miles de pisos vacíos en manos de los bancos, miles más de familias sin derecho a un techo. Desde hace años que contra ello luchan las PAHs, sindicados de inquilinos junto a otras organizaciones sindicales.
Sin ir más lejos, en Barcelona, en noviembre de 2019 tuvo lugar un Congreso de la Vivienda en el que participaron más de mil personas. Allí se habían aprobado reivindicaciones tales como: acabar con los desahucios, la regulación de los precios de los alquileres en función de la renta y la expropiación de pisos de bancos, fondos buitres y grandes tenedores.
Hoy estas mismas organizaciones en todo el Estado, junto a alrededor de 200 organizaciones más, llaman a una “huelga de alquileres” este 1 de abril por la suspensión de los alquileres y las hipotecas durante el periodo de confinamiento. En su Manifiesto explican que “En muchos casos, los impagos son inevitables y se van a dar el 1 de abril independientemente de lo que hagamos: en una semana hemos recibido miles de mensajes que lo corroboran. Con la huelga, damos la única respuesta posible a todas esas personas: una respuesta colectiva, que les dice que ya no están solas y que las invita a unirse a una lucha para evitar que nadie tenga que hacer frente a una deuda o a un desahucio."
Este martes el gobierno, en boca de Pablo Iglesias como vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha prometido medidas al respecto que se alejan de la solución de esta dramática realidad y también de las reivindicaciones que se plantean el llamamiento a la huelga de alquileres.
No ha planteado suspensión de los alquileres, sino microcréditos a los inquilinos y quitas de deuda de hasta el 50% a los inquilinos en viviendas sólo de grandes propietarios. También incluye una paralización de los desahucios, pero sólo durante seis meses, en el periodo de estado de alarma.
Propuso distinguir entre grandes y pequeños propietarios en la aplicación de estas medidas, cuando el 80% de los tenedores de vivienda son particulares y solo el 20% son empresas. Y propuso ayudas directas en algunos supuestos, sin aún especificar ni cómo ni cuándo, junto a promesas vacías cómo “Si se produce la situación en que hay inquilinos que finalmente no pueden pagar [los créditos], el Estado no les va a dejar tirados”.
Muy lejos tocar los intereses de la banca que tiene en propiedad miles y miles de pisos, ni siquiera suspender los alquileres, sino que la propuesta está centrada en “préstamos” para seguir pagando los alquileres es decir, más deudas con la banca a futuro para el pueblo trabajador. Y muy lejos de medidas que atenten contra la especulación, la intervención de todas las viviendas en manos de fondos buitres, de los bancos y de toda práctica rentista parásita. Así también lo valoran los convocantes de la huelga de alquiler en un nuevo comunicado.
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El llamado a la “huelga de alquileres” invita a sumarse a la huelga a todas aquellas personas que están viendo cómo sus ingresos caen o entran en una situación de precariedad, pero aún así son obligadas a pagar alquileres a precios desorbitados”.
Es necesario exigir la suspensión de los alquileres para quienes hayan sido despedidos o que dependían de contrataciones por horas u obra y servicio, así como las personas afectadas por ERTES. También la suspensión de los pagos de alquiler para los pequeños comercios que tuvieron que cerrar por la pandemia, pero tienen que alquilan un local y no pueden afrontar el pago.
Y además de la suspensión del pago, es necesario el control de los precios del alquiler, según los niveles de renta generales, tal como plantean las organizaciones por el derecho a las viviendas o sindicatos de inquilinos.
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