Por medio de su página oficial, dicha organización medioambiental presentó datos alarmantes sobre el acceso de agua potable en Chile. Señala que actualmente se registra que 383.204 viviendas no cuentan con agua potable y 350.000 personas se ven afectadas por cortes en el suministro de agua en las zonas rurales. El 47,2% de la población rural no tiene abastecimiento formal de agua potable, es decir, 1.011.981 personas tienen acceso a éste sólo por medio de pozos, ríos, vertientes y camiones aljibes. Y de 238 comunas, de 347 a nivel nacional, tienen carencia de agua y 194 poseen un índice de pobreza multidimensional.
El informe revela las precarias condiciones de vida que tiene un amplio sector de la población hace años, familias sin ningún tipo de acceso a agua potable, otras con con suministros inestables y en el caso de la mayoría de población rural, sólo con acceso a agua a través de pozos, ríos, lagos, etc. Éste último, expuesto a la contaminación de químicos, metales pesados, minerales y pesticidas sumamente tóxicos y dañinos.
Esta grave situación en el contexto de la expansión del covid-19, deja al descubierto las miles de familias que actualmente son población de riesgo porque no pueden cumplir con las medidas de prevención mínimas que recomendó la OMS con el lavado de manos con jabón. Para 238 comunas sería casi imposible llevar a cabo los cuidados necesarios para evitar el contagio.
A pesar de que estos datos no son muy nuevos, en la agenda del gobierno para enfrentar la pandemia no existe ninguna propuesta para garantizar el acceso a derechos básicos a los sectores pobres y más vulnerables del país. Sus políticas se reducen a un bono de $50.000 sólo para quienes tengan acreditada una carga familiar y sin claridad de la fecha de entrega. Mientras que su propuesta más desarrollada es el plan de Emergencia Económica que busca proteger las pymes y grandes empresas. Quedan claros sus prioridades.
Piñera alardea el “estar bien preparado” a diferencia de otros países, sin embargo, el virus ha ido expandiéndose proporcional a la crisis del servicio de la salud pública. A la vez que aumentan los despidos antisindicales por las transnacionales. El gobierno lo único que preparó y garantizó fue la mantención de las millonarias ganancias de las grandes empresas y sus posibles negocios a costas de la crisis, como viene sucediendo con la salud privada y las farmacéuticas.
La vida de la clase trabajadora vale mucho más que el bolsillo empresarial. El deber del gobierno es garantizar el bienestar de todes y en este contexto de pandemia mundial, no hacerlo es un acto criminal que puede costar la vida de millones. La única forma de “estar bien preparado” es teniendo un plan económico que busque renacionalizar los recursos naturales Y estatizar las empresas privadas bajo gestión de sus trabajadores. Con los ingresos de estas dos medidas permitiría que el estado provea los servicios básicos como el agua, al mismo tiempo que combate los masivos despidos. Estas formas de producción no son imposibles y se vuelven necesarias para salvar la vida de la mayoría del país. | 
