No se terminaban de cerrar estos casos cuando el 29 de agosto dos estudiantes premilitares son violadas por dos sargentos y una de ellas, también aparece muerta. Estos hechos son muestra de una situación de violencia creciente que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia es impotente para enfrentar.
En Bolivia, cada año, se registran 50 mil denuncias por violencia, de las cuales el 71,2% es rechazado por los fiscales por “falta de pruebas” y apenas el 1% termina con condena.
El rechazo de la población y particularmente de las mujeres no se ha hecho esperar y se convocaron movilizaciones en todo el país. En algunas de estas manifestaciones, hubo conatos de violencia contra fiscales y forenses, como lo sucedido en la localidad de Llallagua.
El pasado 1 de septiembre, en la ciudad de La Paz, se realizó una de las más importantes movilizaciones -como reflejó La Izquierda Diario-, convocada por la agrupación de mujeres Pan y Rosas y otros colectivos de mujeres y feministas, que expresaron su repudio a las violaciones y femicidios perpetrados por militares y policías, solapados por el propio Estado. En puertas de la Vicepresidencia, de la Policía Nacional y del Ministerio de Justicia, se escuchaba a viva voz la consigna “Con permiso del Estado, pacos y milicos, nos han violado y matado”.
Mientras el Defensor del Pueblo pide que se declare a Bolivia en estado de alerta máxima para frenar esta oleada de abusos machistas, y hasta los partidos en contienda electoral (incluido el oficialismo) debieron prometer demagógicamente la creación de un Ministerio para la Mujer, las mujeres bolivianas son testigos de que los acosos, la violencia en todas sus formas y los femicidios van en aumento. | 
