Foto: Anred
José Goñi, uno de sus tres delegados de base, contó a La Izquierda Diario las numerosas luchas que vienen llevando adelante desde el 2008, año que empezó a tomar impulso la unidad de los trabajadores frente a la flexibilización que llevaba adelante la empresa con complicidad de la conducción sindical empresarial. Hoy, 12 años después y luego de muchas peleas, los trabajadores siguen en pie de lucha.
El conflicto actual se originó hace ya un año, en marzo de 2019, cuando la empresa presentó un procedimiento preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo de la Nación argumentando que la baja en las ventas y el incremento tarifario atentaban contra el sostenimiento de la firma, imposibilitando mantener toda la planta activa.
Así tomaba la decisión de despedir a 10 de sus 81 trabajadores y suspender por 60 días a otros 31 (una reducción del personal del 50 por ciento). Dado que la instancia de diálogo en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia no logró avances, una vez vencido el plazo de la conciliación los trabajadores dieron inicio el sábado 16 de noviembre a un paro de actividades y acampe frente a la planta con miras a hacer visible su lucha.
La respuesta de la patronal fue un telegrama de despido a todos los trabajadores: “Ante las medidas de fuerza adoptadas por el personal, que impide el ingreso a la planta industrial, provocando la imposibilidad de producir, se deja sin efecto la suspensión aplicada y encuadrando la situación en las disposiciones del art. 247 y concordantes de la LCT a partir de la fecha queda despedido atento al cierre del establecimiento por la cesación total de actividades, por causa no imputable al empleador”, anunciaba el cierre de la planta y responsabilizaba a los empleados por el bloqueo.
El 26 de noviembre tras una extensa audiencia en el Ministerio de Trabajo de Nación se dictó la conciliación obligatoria con plazo hasta el 17 de diciembre. La medida fue aceptada por los trabajadores, aunque al levantar el acampe e intentar volver a sus puestos el personal de seguridad impidió el reingreso, debiendo el sindicato convocar a un escribano para entrar.
Una vez dentro no pudieron retomar sus actividades porque los hornos estaban apagados y no había personal jerárquico que dé la orden de encenderlos para retomar la producción, de modo que acataron la conciliación cumpliendo turnos de seis horas con tareas pasivas, realizando tareas de limpieza y mantenimiento, reclamando que las condiciones vuelvan al modo en que estaban hasta antes del conflicto, tal cual lo fijaba la medida.
Luego de una prórroga de cinco días a la conciliación obligatoria, el 20, 26 y 30 de diciembre tuvieron lugar nuevas audiencias sin resultados concluyentes. Los representantes legales del empresariado no supieron aclarar la situación, en tanto los operarios insistieron con los 10 despidos arbitrarios, destacando que mientras cumplieron con la conciliación, el empleador los dejó sin transporte para el traslado a la fábrica y les adeudaban 3 quincenas y 2 aguinaldos. Y aunque se pactó seguir ateniéndose a la mediación, cuando el jueves 2 de enero de este año fueron a trabajar se les impidió nuevamente el ingreso a la planta.
En diferentes medios de Tandil se dio a conocer la reunión que el intendente Miguel Ángel Lunghi sostuvo con el titular de la firma, Juan Loitegui, quien afirmó que la intención es que la fábrica siga abierta pero que los 10 trabajadores despedidos que dieron inicio al conflicto no se reincorporarán, a lo que la Asamblea de los trabajadores respondió que no aceptaría tal imposición.
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Durante los meses de febrero y marzo los operarios se movilizaron en el centro de la ciudad entregando volantes con los detalles del conflicto e instalaron una carpa en la explanada del Municipio para juntar firmas, manteniendo siempre el acampe frente a la fábrica.
También se manifestaron sobre la Ruta 226 exhibiendo carteles y pancartas y quemando cubiertas como forma de visibilizar el conflicto, sosteniendo el reclamo de la reincorporación de todos los trabajadores y que el empleador pague lo que debe, que corresponde a dos meses de reajuste del 18% correspondiente a 2018, dos medios aguinaldos, dos quincenas y el reajuste del 21% correspondiente a 2019.
Hasta el día de hoy el conflicto sigue estancado y aún con más complicaciones debido a la crisis sanitaria y la cuarentena total obligatoria. Los trabajadores se vieron obligados a levantar los acampes y, como cuenta uno de los delegados, realizaron una llamada al gerente de recursos humanos y al empresario reclamando la deuda de sueldos y aguinaldos pero no tuvieron respuesta.
Si bien desde el municipio se está colaborando con el pago de alquileres y luz, y diferentes organizaciones sociales siguen colaborando con alimentos para las familias de los trabajadores, manifiestan preocupación por la falta de dinero, ya que también existe la necesidad de pagar impuestos, tarjetas, créditos, etc. Desde sus hogares los 80 trabajadores despedidos siguen organizándose a través de Whatsapp en defensa de sus puestos de trabajo.
La organización de los trabajadores de Loimar durante todos estos años es ejemplar. Resolviendo en asambleas cada paso a seguir "siempre en defensa del laburante y del laburo" en palabras de José Goñi. Hoy durante la cuarentena, se organizan para que ningún trabajador se quede sin los alimentos que van recibiendo en donaciones mientras siguen pensando como seguir la pelea contra los 10 despidos que originaron el conflicto. Esto es lo que no quieren permitir las patronales, que los trabajadores se organicen, discutan y defiendan sus derechos.
Mientras el presidente dice que será duro con quienes despidan, hasta ahora quienes son duros son los empresarios con los trabajadores. Frente al DNU que acaban de anunciar, el cual es tan sólo por 60 días y no retroactivo, es imprescindible que salga una Ley contra los despidos ahora. Así como para todos los despedidos a lo ancho y largo del país, ¡reincorporación ya de los trabajadores de Loimar!
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