Las comunidades indígenas ayoreas asociadas a la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) en Santa Cruz exigen al Gobierno de Áñez que se les tome en cuenta en la distribución de la canasta familiar de Bs 400.
Asimismo, el martes 31 de marzo, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) publicó los pronunciamientos orgánicos de organizaciones indígenas y campesinas frente a la situación de la crisis-socio-sanitaria por la pandemia del Covid-19 y en el marco de la declaratoria de "emergencia nacional". En ese documento, se recoge la declaración del presidente de la "Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni" (CPEMB), Héctor Tamo que señaló:
Nosotros exigimos que se cumpla lo que hemos escrito en nuestro documento, porque los pueblos indígenas estamos como si nos hubieran olvidado, estamos a la merced de cualquier enfermedad que pudiera venir y más de este virus que ha llegado a nuestro país.
Entre las organizaciones que se pronuncian están los representantes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) y la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP). Las organizaciones enviaron cartas a Jeanine Áñez solicitando "coordinación con las autoridades indígenas para enfrentar la pandemia", atención médica, equipos, medicamentos, así como exigencias para garantizar la seguridad alimentaria pero también información clara y oportuna.
El Cejis y la Organización de Apoyo Legal y Social (Oré) señalan que en Bolivia el 48,3% de la población es indígena. La vulnerabilidad que enfrentan las comunidades campesinas y los pueblos indígenas de nuestro país persiste. Frente a esta crisis una vez más se desnuda que en los casi 30 años de neoliberalismo y en los 14 años del Gobierno del MAS su situación estructural de postergación y exclusión no ha cambiado.
Esta situación de postergación se agrava con el Gobierno de Áñez. Recordemos la reciente renuncia del director del Hospital Japonés en Santa Cruz denunciando los riesgos que enfrentan las y los trabajadores de salud porque no hay las necesarias condiciones de bioseguridad. Médicos, enfermeras que usan bolsas negras, chalecos de lluvia y lentes de natación para protegerse y atender casos sospechosos de Covid-19. Tampoco se cuenta todavía con el testeo masivo que permita empezar a mapear el virus y cuidar las zonas de riesgo y que brinde condiciones para evitar zonas nuevas de contagio. Si esta situación de crisis y vulnerabilidad se las vive en las ciudades, sin duda, el riesgo es más acuciante en zonas periurbanas y en las comunidades y territorios indígenas y pueblos más alejados de cobertura médica incluso de provisión de servicios básicos.
Lo que desnuda este escenario provocado por la pandemia del coronavirus es que no existe una planificación por parte del Gobierno de Áñez para combatir efectivamente la pandemia. La canasta de alimentos convertida en un pago de Bs 400 vía banco sigue siendo un mecanismo que excluye a muchos que no pueden acceder. No es suficiente. Largas filas donde apenas llegan para cobrar se ven todos estos días. Hay agotamiendo y el hambre empieza a superar al virus.
Los pueblos indígenas, así como otros sectores de la sociedad, trabajadores en salud, trabajadores informales, entre otros, hasta el día de hoy, después de varias semanas de conocerse el primer caso por coronavirus y después de meses de conocerse de su inminente llegada al país, continúan solicitando atención de las autoridades gubernamentales para no ser afectadas por la pandemia de coronavirus y estas autoridades solo encuentran respuesta en la represión y soberbia con la población. | 
