En la isla, las empresas fabriles lograron imponer modalidades de trabajo como contratos a plazo fijo por un mes durante cinco años y los PPD (personal de prestación discontinúa) esa zona gris en la que se encuentran cientos de trabajadores. Instancia que fue definida por un trabajador como “esa escalera armada para exprimirnos hasta el límite”, que te obliga a estar con años de contratos mes a mes hasta por fin llegar a una condición “mejor”, aunque desigual a los efectivos. Con la nula posibilidad de acceder a un crédito o con la incertidumbre de no saber si durante ocho meses vas a tener un ingreso.
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Una trabajadora en estas condiciones quiso dejar reflejada su situación.
La Izquierda Diario reproduce su carta:
“Soy trabajadora del grupo Mirgor desde el año 2013 Mi condición de trabajo es bajo la modalidad PPD.
El último día de trabajo fue el 16 de marzo, día en el que tuvimos asamblea alrededor de las 10.30 de la mañana, donde se habló de la situación a nivel nacional sobre las medidas tomadas por parte del Gobierno de suspender las actividades a raíz de la pandemia y nos informaron sobre supuestas medidas a tomar que debían hablarse con el grupo de empresarios para que la fábrica garantice buenas condiciones laborales sin riesgo de contagio.
A las 13.30 más de la mitad de la planta se estaba retirando porque delegados ingresaron pidiendo que nos fuéramos sin mayores explicaciones, ya que no podía haber ningún operario. Ante esta situación el jefe producción salió a detener a los compañeros y compañeras. La gente de RRHH indicó que eso se tomaba como abandono de nuestro puesto de trabajo y era motivo de sanción.
La excusa de la empresa para no tomar mayores acciones y no acatar las medidas del Gobierno fue que trabajamos en el sector privado y las primeras directivas eran para el sector público; además dijeron que se habían brindado unas charlas con una persona de salud en conjunto con el médico laboral sobre lo que era el coronavirus y se dispuso alcohol en gel en lugares de la planta para que seamos "precavidos". Incluso el último día que trabajamos se retiraron las personas que están dentro del grupo de riesgo.
En ningún momento se nos acercó ni el jefe ni el gerente de la planta a hablar ni dar más detalles sobre lo que estábamos viviendo. Reinaba la incertidumbre y el miedo de perder el trabajo ya que la manera en la que se nos pidió que nos fuéramos nos indicaba eso. Las personas que nos quedamos exigimos una nueva asamblea, ya que cuando dieron inicio a la primera nos informaron que se realizaría una segunda para avisarnos de las novedades, cosa que no sucedió hasta que la solicitamos.
Nos dijeron que trabajadores de otras fábricas ya se estaban yendo, que eso era lo que se había resuelto y que con el correr de las horas íbamos a tener nuevas noticias.
Ningún trabajador y trabajadora recibió notificación alguna sobre el cese laboral que salió el martes en los medios locales y nacionales. El personal contratado había firmado a comienzos de marzo la renovación de su contrato. Había compañeras y compañeros que estaban trabajando hacía un año sin vacaciones y se había resuelto que salieran en tandas, con supuesta fecha de regreso, para tener su descanso pertinente.
En cuanto a los PPD no firmamos contrato mes a mes sino que firmamos el cese laboral a fines de 2019 en conjunto con la fecha de vuelta, que sucedió en enero de este año. Hoy, 31 de marzo, debíamos percibir nuestro sueldo, cosa que no va a pasar hasta el 6 de abril.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el grupo Mirgor fue el más beneficiado. Se nos congeló nuestro sueldo por dos años y se aprovechó para despedir a compañerxs que estaban bajo enfermedad laboral. También se aprovecharon de esa situación para que la gente que seguía yendo pese a su condición física, desmejorada por los años de servicio, arreglaran porque ya no eran funcionales para la empresa.
Se nos debe el abono de un voucher porque la empresa pone como condición cero inasistencias. Es decir, que si nos enfermamos o nos ausentamos por cuidado familiar, perdemos el beneficio.
Y se sigue poniendo trabas para no llegar a un acuerdo que nos beneficie a las y los trabajadores”.
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