El pasado 1 de abril se dieron a conocer los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, correspondientes al último semestre de 2019. La misma reveló que el 45,5 % de los habitantes de Salta son pobres, posicionándolo como el segundo conglomerado más pobre del país, y superando en un 10% la media nacional.

Según esta encuesta del Indec, que toma solo hogares de la capital y alrededores, cada día del último semestre de 2019, 142 personas pasaron a ser pobres. Además, el 8% de la población, alrededor de 50.000 personas, se encontraron en estado de indigencia, no llegando ni siquiera a cubrir la canasta básica de alimentos que está valuada en $12.000 y que contempla solo lo esencial para alcanzar las exigencias nutricionales. Eran tiempos de gobierno de Juan Manuel Urtubey y Mauricio Macri.

¿Esto qué significa? Que 287.187 personas, casi la mitad de población de la ciudad de Salta, no pudieron cubrir la canasta básica completa. El panorama es peor si pensamos que esos números son solo de la capital de la provincia, sin contar por ejemplo el norte provincial donde en lo que va del año ya murieron 18 niñas y niños por desnutrición, en su mayoría de las comunidades originarias. Cuando el país es gobernado por Alberto Fernández y la provincia por Gustavo Sáenz.

Las cifras de pobreza e indigencia vienen en ascenso en los últimos años y en este 2020, si bien todavía no hay datos oficiales, en el marco de la pandemia la crisis golpea aún más. Por la prohibición de circulación en el marco de la cuarentena nacional, son miles las y los salteños que no pueden salir a ganarse el pan de cada día y la respuesta que se les da es insuficiente. Frente a este panorama, la medida que otorgará $10.000 por grupo familiar para las y los trabajadores informales, monotributistas sociales, trabajadoras domésticas y que cobran la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, parece un chiste de mal gusto. Pero es la realidad, que da bronca y duele porque plata hay. Esta semana, el Gobierno nacional pagó u$s 250 millones en intereses de deuda con plata del Banco Central.

Ante esta pandemia en curso, que implica un ataque mayor a las condiciones de vida, es necesario que se den soluciones concretas, en el ámbito sanitario y económico. ¿Cómo? Ajustando a los que siempre ganan: empresarios, bancos, terratenientes, laboratorios y farmacéuticas.

Proponemos un salario de cuarentena de $30.000 por persona para todas las y los trabajadores que tengan que quedarse en sus casas sin licencias pagas. Los fondos para esto se pueden obtener de un impuesto extraordinario a las grandes rentas. Por ejemplo, con solo el 3% de impuestos se podrían cubrir dos meses de salarios de $30.000 para 7 millones de personas. Además, hay que desconocer la deuda ilegal, fraudulenta e ilegítima con el FMI y demás acreedores y volcar esos recursos a los sectores más golpeados. Porque la vida de millones vale más que las ganancias de los empresarios.