A partir del 18 de octubre han habido cerca de 2500 presos encarcelados bajo las distintas leyes represivas del Estado. El ejecutivo, a través de sus diversos representantes, ha señalado que “no son presos políticos los que participaron en una revuelta, sino más bien son delincuentes...”.
En los últimos días se ha vivido el clima de emergencia a propósito de la crisis sanitaria internacional, que acecha doblemente a la población penal, quienes ya viven una vulneración de derechos, además de que existen nuevos presos por protestar, ha generado mayor tensión en recintos ya sobrepasados. Apropósito de la pandemia, familiares y diversas organizaciones han redoblado la campaña para exigir su libertad ante la amenaza del contagio.
En este contexto de criminalización de la protesta, sumado a la presencia de una pandemia, con la finalidad de analizar el problema de la prisión, entrevistamos al Dr. en Historia de América, profesor de Historia y Geografía, investigador y académico de la Universidad Academia de Humanismos Cristiano, Pedro Rosas, quien fue preso político, miembro del MIR desde comienzos de los años 80 en Valparaíso, detenido a inicios del año 94 en el sur del país.
La Izquierda Diario (LID en adelante) A partir del estallido social, se ha popularizado la expresión “Chile despertó”, ¿qué crees que condensa esta expresión?
R: Sintetiza un fenómeno social y político que, si bien tuvo su eclosión el 18 octubre, ya se venía manifestando mucho antes en las movilizaciones de los secundarios, de trabajadores, a nivel territorial. Toda esa acumulación que se había venido dando afincada en la memoria histórica de los sectores populares, que cada año se expresaba en las manifestaciones en los días del joven combatiente, los 11 de septiembre (pero que cada vez estaba más asociada a problemáticas inmediatas o coyunturales), empezó a generar un vínculo entre ese sustrato político de larga data (de sectores anticapitalistas, contestatarios), con manifestaciones de nuevos sectores que se incorporan a manifestaciones de protesta como resultado de la acción del neoliberalismo. El 18 de octubre apertura un momento político en que esa radicalización dispersa y esa contestación social atomizada, convergen en un momento y en distintos lugares del país y particularmente de la capital.
Es un despertar en el sentido de presencia en los medios, en el sentido de que fue recogido como un fenómeno por parte de los intelectuales, cientistas políticos, sociólogos, etc. Pero en un primer momento hubo una incomprensión de este fenómeno, considerado una “cuestión anímica”, que tenía cierta patología social. Se trata de un fenómeno que viene a cuestionar las raíces del neoliberalismo, el rol del Estado, el rol y función que estaba cumpliendo la elite política y particularmente el ejecutivo y, por lo tanto, en ese sentido no era solo un malestar de tipo cultural, si no que era una posición de rechazo, contestataria a una política de gobierno, pero también a una conceptualización y utilización del Estado y, por supuesto, un cuestionamiento al modelo neoliberal. El punto clave de avance de esa gestualidad política era la exigencia de la renuncia del ejecutivo, además del reclamo de soberanía popular mediante una Asamblea Constituyente.
LID Desde tu rol como historiador de la historia reciente y, además, como ex preso político, ¿qué te parecen los dichos y accionar del gobierno frente a los más de 2500 encarcelados y procesados bajo las distintas leyes represivas del Estado, en donde de manera sistemática, el poder judicial ha decretado, mantenido y ratificado la prisión preventiva como medida cautelar contra la gran mayoría de ellos?
R: Lo que dice el gobierno es que estas personas no son presos políticos son delincuentes. Si uno piensa en lo que ocurre en el periodo dictatorial, la dictadura va a negar también durante muchos años la existencia de presos políticos y va a sindicar a la resistencia chilena como unas organizaciones y personas que ejercen acciones extremistas y posteriormente van a ser terroristas al final de la dictadura y durante los primeros años de la transición política en Chile, que es una transición que, como todos sabemos, es pactada. Lo que permite un ancho margen de impunidad, con instituciones que son controladas por los mismos personajes del periodo inmediatamente anterior, con un comandante en jefe que fue el mismo dictador, que después va ser un senador designado por muchos años, es decir, con un conjunto de elementos que hablan más bien de la continuidad de la dictadura.
Las organizaciones como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, algunos destacamentos del MIR o el partido MAPU Lautaro (que desarrollaron actividades de propaganda fundamentalmente), algunas recuperaciones, sabotajes, algunas acciones de castigo a agentes represivos y violadores de los Derechos Humanos, como Fuentes Morrison o el Wally o personajes vinculados a la dictadura como Jaime guzmán, en ese caso, cuando los militantes son detenidos y colocados en prisión, lo que va a ocurrir en los primeros años de la democracia -también en los primeros años de Patricio Aylwin, también en el gobierno de Frei, van a señalar que estos son “delincuentes terroristas”. Entonces ahí ya no se usa la expresión “extremista” ni puramente “terrorista”, cambia la figura, construye un imaginario social en la población de estigma, construye un otro que debe ser desalojado de los espacios públicos, políticos y sociales.
En 1994 la ministra de justicia de la época, Soledad Alvear, en el título de una carta señala que en Chile “no existen presos políticos” en respuesta a una carta que le llega de la CUT, y, consecuentemente unos días después, varias organizaciones nacionales e internacionales le tienden a reenviar la carta respecto de la situación que están viviendo los presos políticos, que en ese momento se encuentran ya en la cárcel de alta seguridad. O sea, es una constante que gobiernos de esta naturaleza, neoliberales que acceden al poder mediante las urnas, cuando ven cuestionada su legitimidad, cuando ven que se levanta una organización o un movimiento social o un conjunto de acciones colectivas desde la organización, cuando ven que los movimientos sociales en contra de sus políticas cuestionan de manera contestataria las estructuras que estos bloques del poder, van a configurar una otredad ilícita, van a configurar una otredad que va ser objeto de estigma y se va a negar la condición política de aquellos que han caído en este caso en la prisión.
Pero en el caso de los prisioneros políticos de este periodo “de la revuelta de octubre” se trata de gente que no está cometiendo ningún caso de actos ilícitos, no estamos hablando de organizaciones armadas, no estamos hablando de acciones político militares, estamos hablando movilización, de la acción colectiva en los espacios públicos de naturaleza contestataria, que exige la renuncia de Piñera, a los agentes represivos del Estado como su ministro del interior, el director general de carabineros, a quienes se les identifica como causantes y responsables directos políticos y ejecutivos de las mutilaciones, de las muertes, de la represión a la población.
Es decir, hay un discurso político que está ahí instalado en una expresión social, es una expresión de jovenes partes de un movimiento social que, además de aquello, levantan una demanda que es política. Cuestionan la estructura, cuestionan los operadores, cuestionan las medidas que toma el poder a través del gobierno y a través de alguno de sus agentes claramente identificado. En ese sentido, se trata de una exclusión de una voz política que tiene una legitimidad, que tiene un respaldo en la sociedad.
LID ¿Consideras que el Estado busca aleccionar con estos castigos ejemplificadores a quienes decidan no abandonar las demandas políticas que desde octubre se han popularizado y difundido en las calles?
R: Respecto de la medida del gobierno de mantener a 2500 presos de la revuelta de octubre y la posterior ratificación de los tribunales, muestra una sintonía, pese a la fragmentación de los poderes del Estado en Chile, que han protagonizado pugnas intestinas que tienen que ver con el control de los aparatos del poder. Pero en este caso, expuestos a la existencia de una contestación social importante de naturaleza masiva y que, por sobre todo, fue permanente en el tiempo. La medida que ellos tomaron fue actuar en una misma línea y mantener a estas personas en una prisión preventiva, que, desde el punto de vista jurídico, no tenía mucha justificación, pues muchas de estas personas no habían cometido delitos de ninguna naturaleza. Lo más probable era que estas personas hubiesen salido en libertad posteriormente y, sin embargo, se les mantiene en prisión preventiva y los jueces que pudieron cuestionar estas medidas en primera instancia, fueron en segunda instancia recriminados por las cortes de apelaciones, incluso, en un último caso, hubo un juez que fue sancionado por la corte de apelaciones. Entonces está claro que hay una idea de fondo que tiene que ver con la mantención de un orden que no es solamente el orden público, sino la mantención de un orden social, de un orden político que ha sido cuestionado extraordinariamente por el conjunto de la población.
Es decir, el poder judicial está alineado con el poder ejecutivo, al tratar bajo un expediente de delincuencia a un movimiento social y actores sociales que, por lo demás, tienen una extraordinaria legitimidad sobre el conjunto de la ciudadanía.
Busca aleccionar al conjunto de los actores sociales movilizados y también enviar un mensaje a los grupos sociales que respaldan al gobierno a quienes dan muestras de fuerza, muestras de gobernabilidad y estabilidad frente a un mercado que se había movido con bastante cautela con esto de las inversiones, que se estaban desarrollando en Chile.
Había que tranquilizar al sector empresarial enviando señales de fuerza bastante contundentes. En ese sentido, es una señal la acción represiva del gobierno, por un lado, y de los tribunales, por otro. Además de la discusión misma de medidas represivas en el parlamento como lo fue la ley antibarricadas, como fue conocida popularmente. Tenían que ver con una señal de doble flujo: por un lado hacia el movimiento popular, buscando la desmovilización y, por otro lado, por supuesto, hacia las clases dominantes. Con esto, buscan generar tranquilidad, reponiendo la legitimidad del gobierno.
LID ¿Qué aspectos de continuidad encuentras entre los presos políticos de la dictadura y de la Concertación, respecto a los presos de la revuelta a partir del 18 octubre?
R: Hay elementos de continuidad fundamentalmente en lo referido a la expresión o voluntad popular (que en el caso de la dictadura tenía que ver con el término del régimen) y también en la búsqueda de la construcción de una sociedad más justa y democrática que en definitiva no fue posible en la transición política en los términos en que esa misma transición fue pactada y desarrollada.
Yo diría que en este caso hay un elemento de continuidad en la búsqueda de poner término a las características que ha tenido el capitalismo en Chile, es decir, poner término al neoliberalismo y toda la crueldad que implica la implantación de ese modelo con la dictadura, el cual después fue sofisticado con todos los gobiernos de la Concertación y administrado en la actualidad por este gobierno de derecha.
Entonces diría que hay un elemento de ruptura que tiene que ver precisamente con una contraparte frente a un gobierno represivo, pero también frente a políticas neoliberales
La transformación estaba cristalizada en la demanda de una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución, por lo tanto, no solo habían reivindicaciones políticas inmediatas que tenían que ver con la salida de Piñera o su ministro del interior, de agentes represivos del aparato del Estado, sino que también hay una demanda de una transformación profunda del aparato del Estado, de una conversión de ese aparato precisamente en un elemento que resuelva las demandas sociales, de una conversión de ese aparato precisamente en un elemento que resuelva las demandas sociales, por lo tanto, la demanda social, la demanda popular que expresan estos jóvenes, quienes hoy son prisioneros políticos, tenía que ver precisamente, como hemos venido hablando, con el término del neoliberalismo, pero también tenían relación con la configuración de un nuevo sistema político que tuviera como base la soberanía popular.
La exigencia de Asamblea Constituyente y de una nueva Constitución mediante ese mecanismo busca reponer la soberanía popular, lo que es un elemento político muy importante, de allí que sea un acto profundamente subversivo y lo que nos permite,entonces, vincularlo con los actores de la resistencia de periodos anteriores.
No se trata de una memoria histórica que se transfiere transgeneracionalmente mecánica o directamente, sino que más bien de la transmisión de ciertos elementos de continuidad en la lucha, es decir, posibilidad de enfrentar al aparato del Estado, a su organismo represivo, de tener entonces una demanda de naturaleza política, son elementos que uno puede ir identificando y uno podría decir que sí, que hay elementos de transmisión que no solo tienen que ver con las formas de lucha sino con la simbología, con los personajes, con la música, con la forma en que se ocupa el espacio público. Sin duda, hay elementos que son propios de esta generación, que es una aportación original de este nuevo movimiento social.
LID De acuerdo a tu experiencia como Doctor en Historia reciente y promotor de la memoria y los derechos humanos en Chile, ¿cuál es la demanda hacia el Estado frente a esta problemática?
R: Lo que ha ocurrido es que este Estado y este gobierno han sido extraordinariamente coherentes y consecuentes con la clase social a la cual sirven, por lo tanto, ¿donde está la posibilidad de salida? Tiene que ver precisamente con el uso de las herramientas políticas, sociales y jurídicas, que la misma legalidad del aparato permite, pero impulsada y jabonada a partir de la acción de los movimientos sociales.
Es decir, va ser únicamente la movilización social, la acción colectiva de muchas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, el copamiento de la estructura política jurídica a través de muchas demandas, recursos, muchas acciones jurídicas -pero que tienen que ser necesariamente acciones políticas-, las que van a ir ampliando la posibilidad de uso de esos espacios. Por lo tanto, no es posible pensar en una solución al problema de las víctimas de las violaciones de los Derechos Humanos a partir del 18 de octubre o de los jóvenes que son prisioneros políticos sin la movilización social y, en ese sentido, hay dos momentos: es decir, una cosa es despertar y otra cosa es levantarse.
La figura de “Chile despertó” es una figura que tiene que ver con la toma de conciencia que, sin embargo, es una cosa retórica, porque ya existía conciencia de la naturaleza de este gobierno y de este Estado, pero el despertar tiene que ver también con el levantarse. Es decir, no puede quedar este movimiento en una acción de toma de conciencia o de expresión puramente estética o retórica sin pasar a dar cuenta de que hay un problema político de fondo. Es decir, el problema del poder, las relaciones políticas que sostienen ese poder. Considerando, entontonces, que el movimiento social evidencia este último punto, avanzando hacia la constitución de un movimiento político, las preguntas que quedan por hacer son: ¿dónde está la soberanía? ¿Quien ejerce la soberanía? ¿Cómo se ejerce esa soberanía? (que siempre es una soberanía política), y ¿cómo se defiende el ejercicio de esa soberanía? Esos son problemas políticos que tienen que ver entonces con la pregunta por el poder.
Por lo tanto, la resolución de los problemas tiene que ver hoy dia con una construcción política que resuelva el problema del poder. Primero que se lo plantee y luego que construya los instrumentos para poder resolver la contradicción fundamental que existe en la sociedad chilena. O sea, cualquier otro debate respecto de la soberanía es un debate que encubre la realidad. Hay un aforismo muy clásico que señala: “salvo el poder todo es ilusión”.
En el contexto de la crisis sanitaria del covid 19, diversos actores del tejido social (representantes de las artes, actores, músicos, estudiantes, etc.), articulados en la “Coordinadora 18 de octubre”, convocaron para este viernes 3 de abril de 2020 a una jornada de agitación y solidaridad por la salud de los presos políticos de la revuelta, siendo alguna de sus consignas: “¡Presos de la revuelta los queremos a todxs en casa!”, “¡Exigimos cambio de prisión preventiva a arresto domiciliario”, “¡No mas presos por luchar!”. Desde tu experiencia y a propósito de la crisis sanitaria del covid 19, ¿qué mensaje le enviarías al movimiento social en materia de derechos humanos?
En este caso hay una perversa coincidencia: la pandemia es un hecho tan objetivo como la incapacidad del Estado de generar recursos médicos, dada la privatización de estos para hacerse cargo de la problemática de salud pública. Pero también es una hecho objetivo que es una oportunidad política para el gobierno, que le permite retomar la iniciativa, como, por ejemplo, retomar los espacios públicos a partir de la situación sanitaria. Pero esto no es una decisión política del movimiento popular, sino una medida de resguardo.
Acá nosotros encontramos un elemento de continuidad clarísimo con la dictadura, un conflicto en las condiciones del encierro, del aislamiento, del castigo del cuerpo. Todo tiene que ver, en primer lugar, siempre con la dignidad, luego con la sobrevivencia y finalmente con la libertad. O sea, evidentemente, lo primero que está aprisionado es la dignidad de esos jóvenes, las condiciones del hacinamiento, la inseguridad, la condición de estar privados de la movilidad de los cuerpos. Lo primero que se le arrebata al individuo es, sin duda, su dignidad y lo que nosotros estamos evidenciando ahí, es una lucha de sus familiares y ellos mismos por la recuperación de la dignidad. La recuperación de esa dignidad permite tener visitas en condiciones dignas, permite acceder a derechos, permite, en definitiva, articular las posibilidades de la búsqueda de la libertad. Una libertad que no es en abstracto. A la libertad se accede cuando tú has conquistado o has avanzado las condiciones mínimas para luchar por esa libertad, que es una libertad física, una libertad política, una libertad jurídica, que es una libertad de los cuerpos que están presos en condiciones extraordinariamente riesgosas, en condiciones de pandemia. Entonces no hay momento más oportuno para la demanda de la dignidad y la libertad que este momento, pero al mismo tiempo no hay momento más urgente y más grave que este momento. ¡La libertad es ahora! |
