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29 de noviembre de 2024 Twitter Faceboock

Debate
El Partido Comunista votó hasta con la UDI ley contra las y los trabajadores
Bárbara Brito | Docente y ex vicepresidenta FECH (2017)
D. Lobos | Trabajador Transporte

Aunque ustedes no lo crean, el Partido Comunista votó junto con la derecha (UDI incluida), la DC y parte del FA la ley que habilita las suspensiones sin pago por parte de los empresarios. Esta ley anti obrera, que hace que miles se tengan que sostener sin cobrar el conjunto de su sueldo y que tengan que sacar de su propio seguro de cesantía, fue aprobado por el Partido mal llamado Comunista.

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El ingreso del trabajador, que se autopagará con su propio fondo, irá descendiendo paulatinamente. El PC votó esta ley anti obrera como antes el FA había votado la ley "anti protesta". Ahora es el FA el que se dividió y el PC el que votó junto con los diputados de Piñera. Su gran justificación es que logró mejorar algunos puntos: ahora el patrón pagará el 100% de sus contribuciones y no solo el 50% y el sindicato, donde lo hay, deberá ser parte de la negociación. Es como si Piñera hubiera propuesto una ley de suspensiones sin goce de sueldo, donde además los trabajadores le tuvieran que limpiar los pies a los patrones, y el PC lograra sacar de la ley la obligación de que limpien sus zapatos ¿Festejaría el "logro" también? Ahora, por lo menos, los obreros suspendidos y sin salario no lamerán las suelas sucias de los empresarios, sin embargo, las precarias condiciones laborales para las y los trabajadores se mantendrían y profundizarían.

Esta votación final se realizó en la Cámara de Diputados el día 31 de marzo y contó con los votos a favor del PC. Luego de esta deliberación, el proyecto fue despachado para convertirse en ley.

El PC festeja y dice "trabajadores, ¡miren lo que logramos! votamos a favor para que no sea peor”. ¿Cuál es el límite para justificar esta política anti obrera? Si se presenta una ley para cortarle los brazos a los obreros, ¿ustedes "incidirían" en que se les corte uno solo y algunos dedos, para salvar "lo que se pueda"? Hasta la propia CUT rechazó esta ley, claro que no hizo más que un comunicado. ¿Qué otra cosa se puede esperar de quienes vienen sosteniendo una tregua con el asesino de Piñera desde hace meses, mientras millones vamos a trabajar poniéndonos en riesgo a nosotros y nuestras familias? Ellos, Figueroa y compañía, no van en Metro, ni en el transantiago, ni trabajan en las minas ni en las fábricas. Exigimos el fin de esta política y llamamos a recuperar sindicatos para que sean dirigidos por quienes realmente sufren las consecuencias de la política del gobierno y los empresarios y quieran enfrentarlas.

El Partido comunista y su participación en la ley antiobrera promulgada por Piñera

Respecto a la aprobación de la ley de “protección del empleo” presentada por el gobierno de Piñera y su posterior aprobación en la cámara de diputados, hemos visto cómo la bancada del Partido Comunista se ha esforzado, en distintas instancias, plataformas y declaraciones, por demostrar que ellos estuvieron siempre tratando de hacer que la nueva ley “anti-obrera” fuera mejor para los trabajadores.

Se trata de la ley que permite a los empleadores dejar de pagar los salarios a los trabajadores, para así no afectar la rentabilidad de sus negocios y menos sus propias ganancias.

Según esta ley los trabajadores no cortarían su relación laboral con la empresa, sino más bien se suspendería durante el tiempo que sea prudente, para luego, retomar el funcionamiento “normal”. Eso sí, el empleador que debía mantener el pago total de las cotizaciones de salud y previsión, durante la suspensión podrá reducir el aporte a un 50% de lo que le corresponde a los fondos individuales de cada trabajador, gracias a la indicación que a última hora introdujo la Ministra del Trabajo en la comisión mixta.

¿Cómo sobrevivirá el trabajador y su familia en este tiempo de suspensión? La respuesta es digna de uno de los países más neoliberales del mundo: cada trabajador echará mano a sus fondos individuales que se le descuentan mes a mes de su salario para utilizar en momentos de cesantía. La gran política de “protección de empleo” del gobierno no es otra cosa que cesantía disfrazada.

Los diputados del Partido Comunista votaron, en su totalidad, a favor de aprobar esta ley que descarga la crisis generada por los efectos de la pandemia sobre la economía en los hogares de la clase trabajadora. Para el PC votar a favor de esta ley tiene su sustento en que, aunque la ley sea “insuficiente”, introducir o modificar algunos aspectos es lo mejor que se puede hacer jugando en la “cancha” del gobierno.

Así lo expresó el diputado (PC) Daniel Nuñez en una entrevista para el medio digital El Desconcierto: “Nosotros encontramos que estas medidas son insuficientes, sin embargo, es lo único que se puede hacer por el momento para tratar de resguardar lo mayor posible los derechos de las y los trabajadores”. No es “insuficiente” como nos dice el PC, si no que es directamente quitarnos el salario y bajarnos el ingreso, para que empresarios mantengan sus ganancias, aplaudidas por los grandes gremios empresariales como la CPC y la SOFOFA, promovida por todos los neoliberales y defensores de la obra de Pinochet y publicitada por la UDI.

“Lo mejor que se pudo hacer”

Uno de estos logros para el Partido Comunista es que la ministra del trabajo y previsión social, en la sesión de la cámara de diputados, se comprometió a dejar nula la indicación que liberaba al empleador del 50% de las cotizaciones obligatorias de salud y pensiones, mediante una norma que devuelva la obligación de imponer el equivalente al 100% de las cotizaciones de salud y previsión social que se desprenderían de un mes normal.

Mas allá de las naturales desconfianzas que nos generan los tratos de palabra con un gobierno responsable de la muerte, la violación a los derechos humanos y la encarcelación de los luchadores de la revuelta, y mas allá de la critica que merece el PC por depositar confianza en tal gobierno, el gran problema es que vean como un logro lo que es en realidad un recordatorio de las reglas ya impuestas por la derecha mediante el código laboral de la dictadura.

Bajo gobierno la unidad nacional y la solidaridad es solo discurso. Los trabajadores afectados por las suspensiones quedan por fuera de estos sacrosantos valores: se les despoja de su sueldo y se les obliga a gastar sus fondos individuales de cesantía, mientras se mantienen intactas las cotizaciones previsionales, cuyo paradero son las arcas de los grandes capitales de las AFP y la salud. Esto, en ningún caso puede ser considerado ni triunfo ni protección para los trabajadores.

En segundo lugar, lejos de pelear por la prohibición de los despidos, plantearon que estos no se llevaran a cabo invocando una causa mayor como la crisis sanitaria. En la indicación que realizaron al proyecto inicial se lee que: “durante el plazo de 6 meses, o existiendo Estado de Catástrofe decretado por el Presidente de la República, no se podrá poner término a los contratos de trabajo por la causal del N° 6 del artículo 159 del Código del Trabajo, invocando como motivo los efectos de la pandemia del COVID-19.” Sin embargo los empresarios quedan con la libertad de invocar los demás artículos ligados al término de contrato laboral unilateralmente como el muy utilizado y repudiado artículo 161 del Código del Trabajo que atañe a las “necesidades de la empresa”. Esta medida de “protección” queda incluso por debajo de políticas implementadas en otros países capitalistas donde se han prohibido los despidos.

También reivindican que se logró que la aplicación de estas suspensiones fueran negociadas de forma colectiva y no individual: “En las empresas donde exista sindicato, este pacto se debe acordar con la organización sindical respectiva, respecto de aquellos trabajadores afiliados a ella. En las empresas donde no exista sindicato, el pacto debe ser aprobado por la mayoría absoluta de los trabajadores con contrato vigente.” Sin embargo, es esta misma modificación la que sitúa a los sindicatos como mediadores para pactar las suspensiones que van en detrimento de las ya precarias condiciones laborales y que quitan los salarios a los trabajadores, alejando así a los sindicatos de su naturaleza de organización obrera para velar por los intereses de los trabajadores frente a los empresarios. Esto no es de extrañar, ya que se condice con la política de tregua que la CUT, dirigida por el PC, ha llevado adelante todos estos meses desde la rebelión a la pandemia.

Finalmente, otra de las armas de defensa de la bancada del partido comunista ante la cuestionada aprobación de esta ley anti obrera es que lograron la flexibilización de los requisitos de cantidad y continuidad de las cotizaciones para cobrar el seguro de cesantía.

El PC en la cancha del gobierno

Camila Vallejo en una transmisión en vivo que se realizó por las redes sociales de Karol Cariola afirmó que “nosotros proponíamos que las grandes riquezas, las grandes empresas asumieran el costo de esta crisis, no los trabajadores o la pymes, pero bueno, esta es la cancha que rayó el gobierno y lo que hicimos fue jugarnos a mejorar lo más posible este proyecto”.

La gran pregunta que se abre es cuándo y dónde queda plasmada la propuesta de que fueran las grandes empresas las que se hicieran cargo del impacto económico generado por la pandemia, esto porque, su última declaración publicada en su sitio web con fecha del primero de abril, el Partido comunista no hace mención alguna de la necesidad de que sean las grandes fortunas o empresas las que asuman los costos de esta crisis, parafraseando a la diputada.

En realidad, la acción política del Partido Comunista, se ha restringido a las coordenadas neoliberales impuestas por el gobierno de la derecha y Sebastián Piñera. Para Karol Cariola “la propuesta que nosotros hicimos y que el gobierno no quiso patrocinar es que fueran primero los sueldos más bajos los que tuvieran acceso al fondo colectivo y después a su fondos individuales, y que lo sueldos más altos por sobre un millón de pesos, que corresponden además a un porcentaje menor de los trabajadores, partieran utilizando sus fondos individuales”. Es decir, ni una palabra del financiamiento de la crisis por parte de las grandes empresas. Esta política del mal menor y la migaja ha tenido cabida tanto en el espacio parlamentario a través de indicaciones al proyecto de ley presentado por el gobierno, como también en declaraciones públicas de sus diputados en redes sociales y medios de comunicación.

Mantenerse limitados a los estrechos marcos de acción que deja el gobierno con el argumento de que esta es la cancha que se trazó y por lo tanto, que habría que mejorar en el terreno parlamentario, es la más fiel contra cara de la política de tregua e inacción que el Partido Comunista lleva al terreno sindical mediante la conducción de la CUT.

Mientras los trabajadores de la salud expuestos por la negligencia y la falta de voluntad se organizan para defender sus más básicos derechos, la CUT centra sus fuerzas en mesas con el gobierno y no en la organización de las y los trabajadores para el resguardo de sus puestos de trabajo y vidas.

La presión y la negociación con gobiernos de directa e incondicional representación empresarial, solo podrá servir para modificar una que otra cuestión secundaria, pero ante esta crisis la clase empresarial y su gobierno muestran su real naturaleza explotadora y de desprecio por los trabajadores y el pueblo, protegiendo a las empresas y dejando a los trabajadores a su suerte mientras obliga a estos a mantener la producción a cualquier costo.

Hace falta una salida de las y los trabajadores, independiente a los partidos empresariales y del régimen, que se proponga levantar un programa que incluya la prohibición de los despidos, el financiamiento total de los salarios a través del impuesto a las grandes fortunas, la paralización total de sectores no esenciales que sea convocado por todos los organismos de la clase obrera y también por la CUT, y la reconversión de la economía bajo gestión de las y los trabajadores para hacer frente a esta crisis económica y social, un programa anticapitalista y totalmente opuesto a los proyectos del gobierno.

 
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