El Gobierno dispuso de un Decreto de Necesidad y Urgencia para aplazar los pagos de bonos de deuda pública emitidos bajo ley nacional hasta el 31 de diciembre de 2020. Se estima que representan U$S 8.400 millones. Por el momento, los bonos en dólares ley extranjera se seguirán pagando.
A pesar de la crisis profundizada por la pandemia el Gobierno insiste con lograr un acuerdo con los especuladores. La semana pasado pagó U$S 250 millones, que representa nueve veces más que los recursos adicionales por $ 1.700 millones anunciados para reforzar el presupuesto de salud.
El Gobierno enfrenta otro vencimiento el 22 de abril por U$S 504 millones por los cupones de bonos ley extranjera (globales 2021, 2026 y 2046).
El decreto estableció excepciones del diferimiento. Se trata de los siguientes instrumentos de deuda pública emitidos bajo ley de la República Argentina denominados en dólares estadounidenses:
Letras intransferibles denominadas en dólares estadounidenses en poder del Banco Central de la República Argentina, incluidas aquellas emitidas en el marco del artículo 61 de la Ley N° 27.541, y Letras suscriptas en forma directa por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentina de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Letras emitidas en virtud del Decreto N° 668/19.
Letras del Tesoro emitidas mediante la Resolución Conjunta N° 57/19 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda.
Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses emitidas mediante la Resolución Conjunta N° 17/18 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda.
"Bonos Programas Gas Natural" emitidos mediante la Resolución Conjunta N° 21/19 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda.
Letras del Tesoro en Garantía emitidas mediante la Resolución N° 147-E/17 del ex Ministerio de Finanzas y la Resolución Conjunta N° 32/18 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda.
El DNU autoriza al Ministerio de Economía "a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los títulos cuyos pagos se difieren en virtud de lo establecido en el presente, con el fin de recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos, de acuerdo con lo previsto en el inciso a) del artículo 2° de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública".
El Gobierno continúa las negociaciones con los especuladores, ya presentó una oferta, con quita de capital e intereses y extensión de los plazos, que para algunos acreedores es inadmisible. No se puede descartar que Argentina entre en default.
Haya acuerdo o no, Alberto Fernández ya pagó a los bonistas U$S 5.000 millones en lo que va del año. Una suma considerable que se podría haber destinado para la compra de insumos que se requieren para enfrentar la emergencia sanitaria, o para ampliar los subsidios a los trabajadores precarizados.
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