En el marco de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus y con el aislamiento social obligatorio en plena vigencia, las calles céntricas presentaron un escenario que contrasta brutalmente con la insistencia de amplias capas de la sociedad de “quedarse en casa”: largas filas de jubilados, pensionados y beneficiarios de bonos extraordinarios de Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo en las inmediaciones de los bancos, llegando a ser de hasta 5 cuadras en el caso del Banco Industrial.
Ante el escándalo desatado por la exposición de miles de adultos mayores (sector de mayor riesgo frente al contagio de coronavirus) que se agolpaban desde la madrugada fuera de las instituciones bancarias, las primeras respuestas por parte del gobierno y autoridades fueron descargar la responsabilidad sobre las y los beneficiarios. El presidente Alberto Fernández declaró que "fueron a los bancos gente que no debía. El cronograma de pagos no lo respetó la gente". Por su parte, el titular de ANSES, Alejandro Vanoli acusó a la “idiosincracia argentina” ya que “hay muchos que acostumbran a agolparse y hacer cola en el banco” sin tomar en consideración la dificultad que reviste para este sector acceder a otras opciones de cobro. A nivel local, el gerente del Banco Nación Claudio Angelini minimizó la situación diciendo que la situación caótica se dio en el Conurbano pero no en la ciudad de Bahía Blanca.
Si bien esta situación de destrato la viven los adultos mayores cada mes cuando van a cobrar sus magros ingresos, con calor o frío, pasando horas a la intemperie es sistemática, en este contexto de pandemia es criminal.
Esta exposición brutal a las personas de mayor riesgo no se condice con los enormes operativos policiales que se llevan adelante. Entre el jueves y madrugada del viernes el número de detenciones había sido de 190, cifra que se elevó durante el resto del día a 226, récord en lo que va del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Estos números dejan entrever la grotesca contradicción entre fortalecer el aparato represivo para garantizar a palazos la cuarentena y exponer a los jubilados a las condiciones climáticas y el contagio, demostrando el desprecio del gobierno por la vida de los menos tienen.
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Bancos y empresarios vs las mayorías populares
Es evidente que las prioridades del gobierno son distintas a las de las grandes mayorías populares. El martes anterior a estos hechos el Gobierno nacional pagó U$S 250 millones en intereses de deuda, lo que representa nueve veces más que el fondo especial de $ 1.700 millones destinado para reforzar el sistema de salud en medio de la crisis sanitaria. Un ejemplo concreto de esta desinversión se ve reflejado en que la semana pasada llegaron a Región Sanitaria solamente 1.600 vacunas antigripales para cubrir la demanda de 45.000 jubilados en la ciudad.
También es notorio hacia qué sectores va la mayor cantidad de dinero ya que, lejos de la aplicación de impuestos progresivos para que el peso de esta crisis no recaiga sobre los hombros de las y los trabajadores, el gobierno definió “premiar” al empresariado subsidiando desde el 50% de los salarios.
Por su parte, los otros grandes responsables,los bancos siguen siendo los grandes ganadores. Solo en el 2019 obtuvieron ganancias de $ 314.205 millones -situación que no parece revertirse en lo que va del 2020- y, por supuesto, hasta el día de hoy están exentos de realizar una contribución para paliar la crisis.
Comparar estas enormes cifras con los aproximadamente $20.000 que reciben jubilados y jubiladas que cobran la mínima, o con los $7.000 que reciben 4 millones de beneficiarios de la AUH (el total de estas dos erogaciones suma el equivalente al 26,7% de la ganancia antes mencionada) deja al descubierto quienes se quedan con la mejor parte. Incluso en la última semana 11 millones de personas se inscribieron para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia, es decir casi la mitad de la población económicamente activa. Lo que muestran estos números es la realidad de millones de familias que no saben cómo van a subsistir durante la cuarentena.
Alberto Fernández, reunión mediante con Pesce, presidente del BCRA, Vanoli de ANSES y Palazzo de La Bancaria mostró su enojo y desligó sus responsabilidades. No solo no se previno esta situación, que como planteamos más arriba es sistemática sino que las medidas que se han tomado con posterioridad no ataquen el problema de raíz: las condiciones de vida de esas mayorías que día a día exponen su salud.
Por esta razón, desde La Izquierda Diario insistimos en que esta crisis debe descargarse sobre quienes durante décadas la levantan con pala: los bancos y las grandes fortunas. En el caso de Bahía Blanca, las multimillonarias empresas del Polo Petroquímico y el Puerto. | 
