Justo después de que en días anteriores en México se declarara el estado de emergencia sanitaria por el Covid-19 y se anunciará también la suspensión de actividades no esenciales en el sector público y privado hasta el próximo 30 de abril, varias empresas privadas aprovecharon el resquicio coyuntural para actuar de manera deliberada y unilateral en contra de miles de trabajadores.
Acciones como despidos masivos e injustificados, descansos obligatorios y sin goce de sueldo o suspensiones temporales de las relaciones laborales, son sólo algunos de los abusos que se han denunciado y que evidencian las falencias de un sistema caduco, anacrónico y profundamente desigual.
Si bien es cierto que algunos de estos abusos han salido a la luz, también es cierto, que han sido sobre todo las denuncias a empresas o marcas de cierto renombre las que han cobrado mayor notoriedad, pero es importante también arrojar luz a las condiciones, quizá incluso más precarizadas y vulnerables, en que se encuentran los trabajadores mayores que laboran para empresas que no ofrecen ni prestaciones de ley, ni seguridad social.
Tal es el caso de la fábrica con razón social, "Aceros inoxidables Atizapán S.A" situada justamente en dicho municipio en el Estado de México, a la periferia de la ciudad, quienes el pasado jueves 2 de abril notificaron a sus trabajadores la decisión unilateral de romper sin justificación alguna la relación laboral.
Cabe señalar que en dicha empresa laboraban alrededor de 80 personas, muchas de las cuales, son personas mayores que se mantenían trabajando aún, debido a que no cuentan con una pensión o algún ingreso adicional que les permitiera cubrir sus necesidades más elementales.
Otro punto importante a destacar es que algunas de estas personas habían generado en la empresa antigüedades de diez, veinte o incluso de veinticinco años, por lo que, en todo caso de proceder las bajas, se debían pagar indemnizaciones que correspondiesen al periodo en que laboraron en este lugar. Sin embargo, nada ocurrió de esa forma y trabajadores que tenían mayor antigüedad recibieron finiquitos de únicamente 4,000 pesos en el mejor de los casos, pero se sabe también que algunos otros con antigüedades de hasta diez años recibieron únicamente la risible cantidad de 2,000 pesos.
Aunado a esto, se informó, que alrededor de diez o quince trabajadores de planta no fueron cesados, pero sí vieron reducido su salario a la mitad. Es evidente que con estos trabajadores no se pudo proceder de la misma manera que con los que no tenían planta, porque ellos sí podían demostrar un vínculo con la empresa a través de recibos de nómina y por las aportaciones patronales, por lo que, en una hipotética demanda por el cese injustificado de la relación laboral, éstos últimos podrían tener más armas para defenderse de las injusticias.
En contraparte, los trabajadores cesados fueron llamados conjuntamente al área administrativa y presionados para firmar finiquitos por las cantidades antes mencionadas. Es importante recalcar el hecho de que varios de estos trabajadores son mayores y otros varios son analfabetas, por lo que no podían tener certeza de lo que firmaban.
En una entrevista anónima a una trabajadora que denunció estos actos, se pudo recoger el siguiente testimonio:
“El jueves llegamos dispuestos a trabajar, pese a lo peligroso que es hacerlo en medio de la contingencia, porque muchos de nosotros no tenemos de otra. Tenemos que comer, pagar renta, etc. Pero en el momento en el que nos íbamos a colocar en nuestra posición, el patrón (José Luis Alcalá) nos llamó al área de oficinas y nos comunicó que por la contingencia era necesario mandarnos a descansar. Su secretaria nos pasó de diez en diez a una oficina aparte y nos dio unas hojas para firmarlas. Lo que ella nos dijo es que eran un apoyo económico para la contingencia que dependía de la antigüedad de cada quien y que después de que pasara esto nos iban a llamar para volver a trabajar, y pues yo la verdad firme por eso.
Yo soy una persona mayor que no sabe leer ni escribir, desde muy niña vine a la ciudad a trabajar y nunca tuve tiempo de aprender eso. Hasta ahorita me vengo a enterar lo que es un finiquito, o sea significa que yo aceptaba mi baja voluntaria por 4,000 pesos y eso que yo tenía 23 años trabajando ahí, a otros compañeros les dieron menos. Algunos están igual que yo sin saber leer y la verdad sentimos que se aprovecharon de eso, porque no es justo que nos den tan poquito por tantos años".
Con este testimonio queda claro que la empresa Aceros inoxidables Atizapán S.A. actuó de manera premeditada dejando a 80 familias en la incertidumbre total en medio de la crisis sanitaria. Al mismo que mantiene a 15 empleados de planta trabajando por la mitad de su sueldo, todo esto además en condiciones de poco cuidado e higiene que los expone a contagios y sin el equipo industrial adecuado para llevar a cabo sus funciones, y exponiéndolos también, a un deterioro de su salud a largo plazo ya que manipulan gasolina sin guantes u otro equipo industrial para limpiar las cucharas y sartenes que ahí se fabrican.
Al cierre de esta nota, 6 de abril, no se ha levantado una denuncia formal ante la PROFEDET pero se prevé que en el transcurso de la siguiente semana con la asesoría de abogados de organizaciones civiles que se solidaricen, se comience a realizar un trabajo puntual para exigir las indemnizaciones justas por los años de esfuerzo y trabajo.
Desde La Izquierda Diario te invitamos a mandar tu denuncia sobre despidos, rebajas de salarios o cualquier abuso patronal que vivas en tu centro de trabajo, la denuncia y la organización para defender nuestros derechos son las formas para enfrentar este tipo de atropellos. | 
