El Registro Provincial de Casos de Torturas y Otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes fue creado en el año 2000 en el marco del Proyecto Nacional para la Implementación del Protocolo Facultativo contra la Tortura. Este registro provincial depende de la Defensoría de Casación bonaerense, que realiza informes periódicos respecto de las situaciones de abusos y torturas mayoritariamente provenientes de policías y de personal del servicio penitenciario.

El último revela los datos recabados en el período comprendido desde el 11 de julio hasta el 31 de diciembre de 2014. En ese curso se registraron 485 casos de torturas o tratos inhumanos, de los cuales 130 fueron realizados sobre menores de edad. Los números son exorbitantes: en el 2014 se registraron más de mil casos, lo cual da alrededor de una tortura o abuso cada ocho horas. Y, si tomamos todas las situaciones que ha informado este Registro desde su creación en marzo del 2000 a la fecha, el número asciende a 10.188 casos.

Los métodos de tortura son cuasi medievales: van desde los golpes hasta la utilización de picana, pasando por el submarino, abusos sexuales, agresiones de todo tipo y, como no podían faltar, las clásicas intimidaciones para que quienes sufren esto no se atrevan a denunciarlo (al punto de arrojar nafta sobre un detenido y amenazar con prenderlo fuego). De más está aclarar que estamos manejando sólo los números oficiales de denuncias y no podemos ignorar que la realidad supere estas cifras ya que este tipo de prácticas son permanentes y sistemáticas en el interior de las unidades penitenciarias. Ahora bien, además de los casi 10.200 casos de torturas desde el año 2000, en la provincia de Buenos Aires se produjeron 1827 casos de gatillo fácil desde el regreso del gobierno constitucional en 1983, de los cuales 1131 se produjeron desde el 2003 al 2014, según el mapa interactivo de Correpi.

En lugar de atacar la raíz de este problema, el gobierno del candidato a presidente por el kirchnerismo, Daniel Scioli, no tuvo mejor idea que nombrar en su momento como Ministro de Seguridad al intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. Conocido como "el Sheriff", Granados es un fascista autodeclarado "hincha fanático de las policías municipales", que impulsa la mano dura y el "meter bala" a los "delincuentes" y reincorporó a los policías exonerados de la Bonaerense por el caso de Luciano Arruga. Incluso viene de recibir a 10 mil nuevos policías egresados de la Vucetich.
En la provincia del candidato K se violan sistemáticamente los derechos humanos, tan "defendidos" (discursivamente) por el gobierno, aunque se ve cómo el oficialismo comienza a abandonar esa bandera, reemplazándola por otras como la seguridad, la mano dura y la necesidad de más policías -como demuestra el Operativo Sol del verano pasado y el haber destinado 700 gendarmes a "cuidar" los barrios más humildes de La Matanza.

Pero Scioli no es el único con esta línea, sino que está enmarcado en el giro a derecha del kirchnerismo que comenzó en el 2012 con la designación de Sergio Berni como Secretario de Seguridad, y continuó en 2013 con la designación de Milani al frente del Ejército, Marambio en el Servicio Penitenciario Federal (cargo del cual renunció a principios del 2014) y Granados en el Minsiterio de Seguridad bonaerense. E incluso, dentro de esta continuidad de derechadas, el aumento de salario que dio Scioli a la policía de la provincia luego de los levantamientos de fines de 2013 fue del 82,3%.

El remate de la campaña de Scioli como candidato es el lanzamiento de las nuevas policías locales: “Más policías para que vos estés mejor cuidado. Más, porque son 15.000 nuevos policías. Y mejor, porque cada policía conoce el lugar que va a cuidar ya que estudia y se entrena en su localidad. Además la provincia los beca desde el inicio de su formación, les da cobertura médica y una vez egresados, les paga su salario.” El cinismo se corona cuando recordamos que mientras tanto,la lucha de los 765 docentes del Suteba Tigre por el reclamo de los sueldos adeudados sigue en pie. De todas formas, el kirchnerismo cristinista busca imponer que la candidatura es exclusivamente del modelo, aunque él no tenga ningún problema en adelantarse a la agenda de derecha y demostrar las políticas de mano dura que se avecinan para los próximos años. Ese mismo que hasta ahora se ocupó de militarizar la Provincia de Buenos Aires y negar los derechos humanos para la juventud empobrecida.

Como si esto fuera poco, la derecha opositora quiso impulsar una nueva forma represiva de la mano de las picanas de Macri.

Las pistolas taser iban a ser entregadas a la Metropolitana a cargo del Fino Palacios, y cuentan con el antecedente de haber causado la muerte de 269 personas entre 2001 y 2009. Massa, por otro lado, autodefinido como el “vocero de la gente”, basa su discurso en críticas a la justicia penal y el servicio penitenciario, denunciando firmemente que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Mientras tanto, es de público conocimiento que las cárceles están llenas de jóvenes provenientes de barrios pobres que aún no tienen sentencia. Pero ni este último punto le preocupa tanto, como así tampoco los fallos a favor de civiles genocidas, para completar su ataque al Poder Judicial de la Nación.

El relato se cae por derecha, la oposición se mantiene a la derecha o apuesta más fuerte según el caso. No se entiende el menú pero la salsa y los palos abundan.