El pasado 24 de marzo fue asesinada Naomi Nicole, una mujer trans originaria de Veracruz, a sus 24 años de edad. Naomi llegó a la Ciudad de México donde se vio obligada a ejercer el trabajo sexual. El transfeminicidio de Naomi se calificó como “homicidio calificado”, un ejemplo más de la justicia patriarcal mexicana, y se presupone que los dos detenidos son miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
A cinco días del transfeminicidio de Naomi, el 29 de marzo pasado, la activista trans Valentina Ferrey también fue asesinada a sus 33 años. Valentina luchaba por los derechos y la no discriminación de las mujeres trans, trabajaba en una secretaría y colaboraba con varias asociaciones civiles de filiación priísta.
Estos transfeminicidios son un ejemplo más de por qué -según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas-, México es el segundo país más peligroso para las personas trans, seguido de Brasil. Y donde, en lo que va del año, se calculan 49 transfeminicidios según datos de ProDiana A.C.
Activistas, las víctimas más recientes
Este último transfeminicidio se da en el marco de asesinatos a mujeres activistas.
Iniciando el 2020, se anunció el secuestro de la activista Yunuén López y poco después se encontró su cuerpo sin vida.
Unos días después, a fines de enero hubo otro feminicidio, esta vez la artista y activista Isabel Cabanillas fue asesinada en Ciudad Juárez, en pleno “corredor seguro” (política con la que el Estado se lava las manos y dice que actúa en contra de la violencia).
Esta noticia indignó a todo el país, por lo que el 25 de enero hubo diversas marchas en México denunciando un salto a la violencia hacia las mujeres que se organizan.
Frente a tal escalada de violencia, es evidente que el que se haya instalado la “alerta de género” en la CDMX y otras entidades, o que se haya calificado por primera vez (y muy pocas veces) como transfeminicidio el asesinato de una mujer trans en el 2016 no es suficiente. El incremento exponencial de la violencia nos clarifica que la violencia es estructural y sistemática, y que no vamos a encontrar una salida por parte de las autoridades, las instituciones del Estado, la policía o los militares que lejos de solucionar el problema, son muchas veces los responsables directos de la violencia y los crímenes de odio.
Estos asesinatos, son un claro atentado hacia las mujeres que se organizan y luchan por sus derechos, son una evidente advertencia a mujeres que realizan trabajo político en sus centros de trabajo, escuelas y en las calles.
Responden al mismo objetivo disciplinador que motivó que un comando armado entrara a la Fes Acatlán de la UNAM hace solo un par de días, haciendo uso de tortura sexual en contra de una estudiante, al mero estilo priísta que vimos en Atenco con la tortura sexual de policías contra más de 20 mujeres.
Para acabar de raíz con la violencia, desde Pan y Rosas sostenemos que el movimiento de mujeres tiene que estar unificado en torno al acuerdo de organizarse de manera independiente a las autoridades y las instituciones del Estado por plenos derechos para la sexodiversidad y por la desmilitarización inmediata del país.
Para esto, se tiene que apostar a integrar la lucha a los sectores más explotados como lo son las trabajadoras, indígenas, maquiladoras, empleadas domésticas, defensoras del medio ambiente, maestras, mujeres trans, comunidad sexodiversa, etc. Porque si tocan a una, nos organizamos miles, ¡súmate a Pan y Rosas! | 
