La Universidad Nacional de Cuyo realizará las “Jornadas Interdisciplinarias 2015 sobre la Persona por Nacer”, jornadas que se desarrollan por séptima vez en la provincia, pero que hasta ahora habían tenido sede en la Universidad de Mendoza, de gestión privada. Esta vez, con el aval de la gestión radical del rector Pizzi y en sintonía con la línea profundamente antiabortista y clerical de la Facultad de Ciencias Médicas, los sectores fundamentalistas tomarán la palabra en nuestra Universidad. Es de público conocimiento que el “Centro de Bioética, Persona y Familia”, además de oponerse a la legalización del aborto, despotrica contra el aborto no punible para mujeres y niñas discapacitadas o violadas, el matrimonio igualitario y hasta a la fertilización asistida. Con argumentos pseudo-científicos y jurídicos, se esfuerzan en retroceder en derechos ya vigentes –como el aborto no punible, contemplado en el Código Penal desde hace casi un siglo- y en instalar un debate moral-religioso en un asunto de salud pública.
Es alarmante que una universidad pública que forma profesionales de la salud tome una postura abiertamente tendenciosa y contraria a los derechos de las mujeres, en lugar de promover un serio debate sobre una problemática que cada año causa la muerte de trescientas mujeres en Argentina. Mientras que en otras facultades se han realizado charlas y debates sobre el derecho al aborto, con docentes, intelectuales, diputadas y diputados, abogados, médicos, etcétera, la Facultad de Ciencias Médicas (la primera donde debería discutirse) se ha negado a autorizar cualquier actividad por el derecho al aborto en sus instalaciones.
En los hospitales públicos, cientos de mujeres son maltratadas y humilladas cuando llegan después de haber sufrido abortos, inducidos o espontáneos. Y hasta ocurren hechos aberrantes, como cuando en 2008 grupos fundamentalistas entraron en el Hospital Notti a la habitación de una niña de 12 años, que había sido violada y embarazada por su padrastro, y la hostigaron con fotos de fetos mutilados para convencerla de no interrumpir su embarazo.
Mendoza es una de las provincias donde el protocolo para la atención de abortos no punibles no se aplica, ya que el gobierno de Paco Pérez lo envió a la Legislatura, en lugar de reglamentarlo desde el Ministerio de Salud. Los proyectos que luego presentaron distintos legisladores y legisladoras para que se vuelva a tratar, fueron cajoneados desestimando el reclamo de las organizaciones de mujeres. Pese a que la Universidad misma son cientos las voces críticas de docentes, intelectuales y estudiantes que reclaman la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, y una educación pública laica, gratuita y con perspectiva de género, hoy la gestión radical de la Universidad Nacional de Cuyo se alinea con lo más rancio de la derecha local, pretendiendo cerrar un debate que ya está instalado en las escuelas, los hospitales y las calles de Mendoza. |
