Resultan altamente llamativas una serie de decisiones políticas que se tomaron a lo largo de estas últimas semanas, todas de gran importancia para el área de salud, y que se ha intentado que tengan la menor repercusión posible: la intervención del Hospital Nacional Posadas y la clausura de uno de sus principales proveedores de drogas genéricas: el laboratorio Surar Pharma. En medio, la tragedia: el fallecimiento de una beba prematura, Mía, por causas que aún se investigan, y el empeoramiento de otros dos pacientes pediátricos del sector neonatal del mismo nosocomio.
Lo verdaderamente trágico del caso es que Mía estaba a punto de ser dada de alta y, de un día para otro, la familia se encuentró con una bebita en muy mal estado de salud. Julia, la madre, denunció que Mía, casi recuperada, pasó a una sala común solo para el aumento de peso (previo al alta), cuando al cabo de unos días comenzó a empeorar, se la veía más decaída y hasta llegó a bajar 200 gramos en un día. Según le dijeron en el hospital, no pudieron salvarla del “bichito que la estaba consumiendo por dentro”.
Aquí se abren numerosos interrogantes. Los principales: ¿qué pasó? ¿Quién o quiénes son los responsables de la muerte de una beba recién nacida y del desmejoramiento del al menos tres pacientes pediátricos que, sin padecer enfermedad alguna previa, solo esperaban volver en pocos días con sus familias?
Cronología de los hechos
Al día siguiente de la muerte de Mía, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández anunció la intervención del hospital Posadas, oficializada a través del Decreto 644/2015 (según BO). El decreto indica que se designa como interventor a Domingo Martín Latorraca y, como consecuencia, se separa a l Dr. Donato Spaccavento del cargo de director del nosocomio.
A pesar del cuidadoso discurso del jefe de Gabinete al realizar el anuncio, con el que intentó apaciguar el impacto de la medida, una de sus frases: “Lo que el Gobierno invierte no se condice con las prestaciones que brinda la institución”, generó un gran revuelo y salieron a la luz en todos los medios de comunicación las falencias y deficiencias el hospital más importante del país (precarización, condiciones de trabajo desastrosas, sobrepoblación de pacientes en áreas críticas, etc), símbolo del estado de la salud pública actual, que venían denunciando los trabajadores y que en noviembre último se cobró la vida de un trabajador junto a un paciente psiquiátrico. Enchastrando no solo a la dirección, en su mayoría integrantes de Unidos y Organizados –Mov. Evita, Nuevo encuentro, etc–, sino también y directamente al Gobierno nacional por ser el principal responsable del estado de este hospital. Acto seguido, se difundió la noticia de que el laboratorio Surar Pharma era clausurado por el ANMAT (regulador de producción alimenticia y de medicamentos) por las deficiencias en el manejo y producción de antibióticos en la forma de inyectables y polvos estériles. Surar Pharma, a través de sus droguerías, es uno de los tres principales proveedores de medicación en la forma de inyectable del Hospital Posadas.
¿Coincidencia? En febrero pasado, tres médicos neonatólogos denunciaron que la partida en uso de Vancomicina Inyectable no cumplía con los requerimientos necesarios y, a su vez, provocaba en numerosos pacientes “rash” o reacciones cutáneas, con lo que era necesaria la intervención del sector de control de calidad. Control que se realiza, y cuya disposición Nº 2823/15 se hace efectiva el día 17 de abril, mismo día del anuncio de Aníbal Fernandez. Por supuesto que cabe la posibilidad de que ambos hechos corran por carriles distintos, sin embargo, son las propias disposiciones gubernamentales las que abren un enorme manto de sospechas.
El proveedor
Días atrás Javier Lucheta, quien desde 2011 es administrador de Surar Pharma designado por la Justicia (debido a un conflicto judicial entre los propietarios de la empresa), en diálogo con el diario La Nación declaraba: "En dos años inyectamos al mercado de genéricos hospitalarios no menos de 50 o 60 millones de ampollas y no menos de seis millones de sachets de medicamentos. Si estuviéramos haciendo las cosas mal... ¿cuántas alertas de farmacovigilancia tendríamos que haber recibido? Si una empresa como Surar tiene un inconveniente técnico, saltaría instantáneamente por el volumen que produce".
Este contador recibido de la Universidad de Lomas de Zamora, con especialización universitaria y maestría, parece no estar enterado de que Surar Pharma fue inhabilitada por el INAME en septiembre de 2010 y rehabilitada en noviembre del mismo año; y que a partir de ese momento y hasta la clausura, la ANMAT prohibió la comercialización y uso de numerosos lotes de Fenitoína, Ranitidina, Gluconato de Calcio, Metronidazol y otros de Surar Pharma. Además, hay que destacar que los millones de ampollas y sachets que se enorgullece de haber sacado al mercado fueron fabricados y envasados en áreas no habilitadas por ANMAT, según lo especifica la disposición 2823/15 que hace oficial la clausura.
Mientras, desbordante de confianza, Lucchetta solicitó como interventor judicial la "impugnación por nulidad absoluta" de la clausura argumentando “errores de procedimiento” y "la inmediata suspensión de los efectos y alcances" de la disposición, la mayoría de los empleados recibió este lunes aviso de suspensión hasta el 11 de mayo. Los alrededor de 60 empleados, olvidados e ignorados por todos los organismos de control nacionales, provinciales y de la Ciudad, además de soportar malos tratos, numerosas fallas de higiene y seguridad y de verse obligados a ser cómplices en las múltiples irregularidades en las que incurre la empresa, ahora también se enfrentan a la posibilidad de perder sus trabajos.
La facturación de la industria farmacéutica local durante el año 2013 ha sido de 27.000 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 600 por ciento desde el mismo período del año 2002. (datos INDEC-CILFA). Más del 60 por ciento del consumo estatal de medicamentos se cubre con genéricos, esto no sería un problema si se respetara y controlara que los mismos fueran efectivos y de calidad. Pero en este caso, los errores en regulación, se pagan con vidas. Los datos de la industria mundial son aún más alentadores para las patronales del sector. Las grandes farmacéuticas ya han acumulado una ganancia anual cercana al billón de U$S y se espera que para 2020 ese valor se duplique. Las empresas argentinas necesitan competitividad, y el estado nacional a través de las regulaciones “flexibles” del la ANMAT desde 2003 se lo viene garantizando.
El Estado nacional financia con una parte del presupuesto destinado a salud a estas empresas, que como vimos anteriormente, han obtenido una ganancia de 27.000 millones de pesos en el año 2013. Pero, por otro lado el monto total del presupuesto asignado para salud pública en ese mismo año fue de 26.652 millones de pesos, un cinco por ciento del total del presupuesto nacional; y unos miles de pesos menos que el total de ganancias percibido por la industria farmacéutica local. En síntesis, la salud pública es para algunos sectores de la economía nacional un gran negocio, sin embargo, siguen siendo noticia las enormes deficiencias que deben sufrir día a día los pacientes que acuden a los hospitales públicos como única vía de atención sanitaria.
Luego de más de diez años de Gobiernos kirchneristas, los empresarios festejan, los trabajadores siguen esperando al “modelo” en las largas filas para la atención en hospitales públicos.
Disposicion 2823 2015
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