Medidas tibias y fuegos de artificio en una interna por la sucesión que no se detiene en m medio de la emergencia económica y social. Historia de la simbiosis entre el gobierno provincial y el banco privado que administra los salarios y ahorros del público.
Con una puesta en escena dirigida a realizar una sesión de alto impacto visual y mediático, el vice gobernador y presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, logró una importante demostración de fuerzas en la interna, cada vez más abierta, que sostiene con el gobernador de la provincia, Juan Manzur.
Cubiertos de máscaras, cofias, antiparras y barbijos los legisladores ocuparon sus asientos en la sesión más fotografiada de los últimos años. Pocas horas después estallaba la bronca de médicos y enfermeros en las redes sociales porque esos insumos de bioseguridad fueron tomados de una donación hecha para los trabajadores del Sanatorio Argentino.
Antes de que la indignación aguara la movida, el vicegobernador ante los medios de comunicación aseguró que esta vez "La legislatura jugó fuerte". Y es que durante la sesión se votó, entre otras cosas, una prórroga de dos meses en el cobro automático que efectúa el Banco Macro a los empleados públicos que tomaron créditos personales ante esa firma. Aclaremos: no se trata de una cancelación de las cuotas. A partir de junio el Banco se cobrará la factura con cuotas más abultadas. Es un movimiento de liquidez que no tiene ningún impacto en los Estados Contables de la entidad, que goza desde hace muchos años del beneficio de la privatización en el manejo de las cuentas sueldo de los empleados públicos de la provincia.
Pero además esta medida fue acompañada de un pedido de investigación al Ministerio Público Fiscal por la responsabilidad del banco en el caos provocado el día de pago a los jubilados, cuando decenas de miles de adultos mayores fueron empujados a romper la cuarentena y a una exposición masiva al contagio del Covid-19, en colas infinitas y sin ningún tipo de previsión.
En línea con las primeras declaraciones del titular del Anses, Alejandro Vanoli, y del Secretario General de la Bancaria, Sergio Palazzo, el vicegobernador viene planteando que el sistema bancario sea declarado como “servicio esencial” no solamente para habilitar la operatoria de los bancos en tiempos de cuarentena. Sino también porque implica otorgarle al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias que se pueden convertir en un arma de doble filo, como la limitación del derecho a huelga.
Las amenazas de Jaldo son fuegos de artificio, no apuntan a mejorar verdaderamente las condiciones de vida de los trabajadores, sino que apuntan a demostrar su capacidad de control sobre el cuerpo legislativo y de sectores de la justicia, poniendo a Manzur en la incomodidad de tener que validar esta iniciativa empantanando su relación con la entidad a la que acaba de pedirle prestados 4000 millones de pesos para pagar los sueldos de marzo. Detrás del juego de Jaldo y Manzur se esconde la batalla por la sucesión en 2023.
Mientras tanto, la estrecha relación financiera que existe entre el Banco Macro y el Estado provincial, y que viene de larga data, no parece estar en peligro. Mas bien todo lo contrario.
Historia de un saqueo
El Banco Macro es el agente financiero único del Gobierno de la Provincia, de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y de la Municipalidad de Yerba Buena y como agente de los mismos presta servicios en la recaudación de sus rentas y órdenes de pago de sus obligaciones.
Estas funciones antes correspondían al Banco de la Provincia de Tucumán, privatizado el año 1995, cuando el entonces gobernador, Ramón “Palito” Ortega, convierte a la entidad en una sociedad anónima, paso previo para su venta a capitales privados tras más de 97 años de funcionamiento como entidad pública.
En 1996 el gobernador –y genocida- Antonio D. Bussi, entregará el negocio al Banco Comafi, de capitales privados argentinos, con la venia del por entonces presidente de la Comisión de Haciendo, José Alperovich. Por esos años el Banco Macro avanzaba en las privatizaciones del Banco de Misiones, Jujuy y Salta. Finalmente en 2005 el Banco Macro compra el 75% del capital accionario al Comafi y toma el control del Banco de Tucumán.
De esta manera, la entidad liderada por Jorge Brito empezó a ganar peso en el sistema bancario (Brito llegó a presidir )a partir del negocio formidable que resultaba de disponer de manera automática (evitando la competencia con otros bancos por captar los depósitos del público) de una masa de recursos extraordinaria no solo para el negocio de los préstamos sino también para la especulación financiera con instrumentos altamente rentables como las Lebacs, Leliq, pases, divisas, etc.
En 2011 el Banco Macro fue multado por la Unidad de Información Financiera (UIF) con 1,4 millones de pesos por no reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, y tras numerosas denuncias e investigaciones sobre la entidad, en 2015 la Comisión Nacional de Valores finalmente dispuso la suspensión preventiva de operaciones bancarias por no realizar auditorías. El historial de denuncias contra Jorge Brito, financista de la campaña de Cambiemos, lo obligó a bajar el perfil, pero no sus ambiciones.
Si en 2019 los bancos amasaron ganancias netas por más de 314.000 millones de pesos, sólo el Banco Macro reportó utilidades nada menos que por 40.800 millones de pesos (el 13% del total de las ganancias del sector). El vicepresidente de la entidad y principal accionista, Jorge Brito, es el quinto empresario más rico de país con una fortuna personal que asciende a 1300 millones de dólares, según la revista Forbes. Dato: el negocio bancario continúa vivito y coleando bajo el gobierno de Alberto Fernández. En enero de este año los bancos privados nacionales aumentaron un 45% sus ganancias netas mensuales respecto a enero de 2019.
En 2018 la Legislatura de Tucumán autorizó la venta al Banco Macro de las acciones que mantenía la provincia –abandonando su directorio- y en octubre de 2019 el Banco de Tucumán dejó de existir y pasó a fusionarse con sus 47 sucursales con el Banco Macro SA.
Estatización del sistema bancario
En el contexto actual de pandemia, cuarentena y parálisis de la actividad comerciales, el gobierno anunció un paquete de asistencia financiera para Pymes por más de 300.000 millones de pesos a una tasa anual del 24%, es decir una tasa negativa si se compara con la inflación esperada. Pero el costo de esta medida será completamente absorbido por las arcas públicas. Para los bancos representa una gran oportunidad, ya que están cobrando comisiones de hasta 8 puntos porcentuales. A río revuelto, ganancia de pescadores.
La crisis económica amenaza con cierres masivos de empresas y una nueva confiscación a los ahorros de las mayorías populares. La única medida de fondo para terminar con la especulación de quienes hacen negocios formidables con los sueldos y recursos de millones de pequeños ahorristas y utilizan aprovechan su posición de intermediarios para hacer negocios con los instrumentos del banco central, pasa por la estatización y centralización del sistema bancario bajo el control de los trabajadores bancarios, de manera de concentrar el ahorro nacional para dirigirlo a obras de primera necesidad, como en este momento son las sanitarias, y al financiamiento barato de los pequeños ahorristas.
