Millones de trabajadores agrícolas, la mayoría inmigrantes y sin derechos laborales, con pésimos salarios, sin ningún tipo de medida sanitaria, seguirán en labores durante la crisis por el Covid-19. A pesar de que son perseguidos y discriminados, fueron declarados “sector esencial” por el gobierno del racista y xenófobo Donald Trump.
En este momento, EE.UU. es el país que más sufre la crisis del Covid-19. Con un total de 368,449 infectados y 10,993 fallecidos, lidera con el mayor número de habitantes infectados a nivel mundial.
En medio de esta situación, el gobierno del gigante imperialista del norte ha declarado que la producción agrícola continúa. Esto debido a que se trata de una actividad vital para la cadena de suministro y abastecimiento de todo el país.
La declaratoria de la industria agrícola como esencial demuestra la importancia que millones de trabajadores indocumentados y migrantes tienen para el sustento económico y social de Estados Unidos. Una contradicción si se consideran las políticas antiinmigrantes que Donald Trump ha impuesto, así como los tratos inhumanos que reciben las y los trabajadores migrantes cuando son detenidos en los centros de detención de ICE. Esto sin mencionar las precarias condiciones en las que viven y laboran las y los jornaleros en los inmensos campos de trasnacionales agrícolas.
Las visas están totalmente canceladas en este momento, pero no para lxs trabajadorxs temporales. Existen dos tipos de visas que se otorgan para ir a trabajar al “gabacho”: H2A-para trabajos de siembra y cosecha, la cual no tiene límite y cuesta 270 dólares, y la H2B otorgada únicamente a 66,000 trabajadoras o trabajadores por año para trabajos no agrícolas como jardinería, construcción o personal de limpieza en hoteles o restaurantes.
Aunque existen estas dos visas, son muy difíciles de conseguir. Algunas personas, al no saber leer ni escribir, enfrentan más complicaciones para continuar con el trámite.
Es bien sabido que los trabajadores agrícolas son en su mayoría migrantes indocumentados, casi todos de origen mexicano. El salario promedio que ganan es de $11,000 pesos (segundo trabajo peor remunerado después del servicio domiciliar).
“Los trabajadores están pagando por trabajar” según Evy Peña, la directora de comunicaciones y desarrollo del Centro de los Derechos del Migrante.
No hay condiciones de salubridad para los y las que tienen que viajar y trabajar en los campos estadounidenses. Además, ellos tienen que pagarse el viaje, la estancia y los traslados. No hay inspecciones sanitarias.
Conocemos las políticas antimigrantes de Trump pero, ahora que está en crisis, va a necesitar mucho más las manos de lxs trabajadorxs del campo.
Esto no significa que las condiciones en las que actualmente viven las y los trabajadores agrícolas vayan a mejorar, ya que, desde su llegada, Trump se ha encargado de sostener campañas xenófobas y racistas, propagando la discriminación a toda persona migrante, que forme parte de la comunidad sexogenérica o sea afrodescendiente, asiática, latina o de alguna otra nacionalidad.
El gobierno de EE.UU., tras declarar el trabajo del campo como “esencial” para el país, ha mandado cartas a los trabajadores, declarando que el Departamento de Seguridad Nacional los considera “críticos para la cadena de suministro de alimentos”.
"Es como si de repente se dieran cuenta de que estamos contribuyendo aquí", dijo Silva, una inmigrante mexicana de 43 años que ha estado trabajando en los bosques de clementina al sur de Bakersfield, California.
Estando en una crisis o no, los y las trabajadoras sufren la indefensión laboral. Con el objetivo de transformar su día a día, es una necesidad recuperar métodos de organización y lucha, como asambleas de agricultores y agricultoras independientes, sin capataces ni representantes de la patronal. Las mejores condiciones no se las otorgará el gobierno ni las grandes empresas agrícolas, porque son ellos mismos quienes les exponen a la precarización y al riesgo sanitario con marco en esta crisis.
Es por esto que creemos que los trabajadores migrantes tienen que tener todos los derechos sociales, políticos, laborales para que puedan estar en mejores condiciones de exigir, codo a codo con las y los trabajadores nativos, un programa de emergencia para hacer frente a la pandemia y para que sean los patrones quienes paguen la crisis y no las y los trabajadores.
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