Como se dio a conocer públicamente en estos días, la empresa Avex Dánica de la localidad de Llavallol, perteneciente al grupo Beltrán despidió injustamente a cinco trabajadores por negarse a cumplimentar horas extras y exigir medidas de seguridad ante la pandemia del COVID-19.
Ante la medida de fuerza llevada adelante por el SOEIA, realizando un paro en la planta en reclamo de la reincorporación de los trabajadores, el día lunes la empresa decidió realizar un lockout ilegal impidiendo el ingreso de los operarios con un cartel en la puerta que decía: “hasta nuevo aviso”.
Ahora se niegan a pagar los salarios de la quincena en un claro acto de extorsión a los trabajadores para que agachen la cabeza ante sus intentos de imponer rebajas salariales.
Con el caso de Avex Dánica y muchos otros, como por ejemplo el de los trabajadores del Frigorífico Penta de Quilmes que ayer protestaron frente al municipio, el decreto presidencial “antidespidos” se convirtió nuevamente en “papel mojado” ya que tanto el gobierno nacional de Alberto Fernández como el gobernador Axel Kicilloff, permiten abiertamente que las empresas incumplan la legalidad y dejen en la calle a trabajadores en un momento tan dramático como es el actual en medio de la pandemia.
Según trascendió en algunos medios el gobierno provincial “multaría” a Dánica por no haber cumplido la conciliación obligatoria, lo que se sabe que no genera ningún problema a la empresa que factura millones con la producción de bienes alimenticios esenciales además de su exportación.
El diputado Claudio Dellecarbonara por el PTS-Frente de Izquierda se refirió al respecto con las siguientes palabras: “Las medidas que se están tomando no van al centro del problema. Cada día que pasa los empresarios están suspendiendo, rebajando el salario y despidiendo a miles de trabajadores. Tenemos los ejemplos del frigorífico Penta que mediante un lockout ilegal, se niega a acatar la conciliación obligatoria y deja a 250 trabajadores en la calle. Así como también, el de la empresa Dánica, a la que el gobierno intima a pagar una multa porque despidió a parte de sus trabajadores y luego terminó cerrando sus puertas. Esto lo hace en plena vigencia del decreto de prohibición de despidos de Fernández. No hay que multarlos, hay que declararla de utilidad pública y dársela a los trabajadores para que la pongan a producir bajo su control, así se evitan los despidos y se producen alimentos económicos para los bonaerenses”.
En el día de ayer se conoció un comunicado de la empresa que, con un cinismo sin igual, anuncia “el cese de operaciones de su planta de Llavallol (…) como consecuencia de costos laborales excesivos (…) y un dilatado conflicto gremial que no encuentra cauce”. Se refiere por un lado al conflicto encarado por la propia patronal hace un año con el despido de 33 trabajadores y la rebaja salarial y la respuesta obrera con paros y piquetes; y por el otro al actual conflicto donde los cinco despidos fueron respondidos con la paralización por tiempo indefinido del toda la planta.
Siguiendo con su versión falaz de los hechos el comunicado dice que “El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dispuso una conciliación obligatoria que no fue acatada por los propios dirigentes gremiales” cuando en realidad la que no acató fue la empresa al negarse a retrotraer el conflicto y reincorporar a los 5 trabajadores cesanteados.
Como denuncian del SOEIA y explicitan en el propio comunicado patronal, la empresa pretende que el ministerio de trabajo acepte su Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y que el gobierno realice aportes patronales como REPRO u otros beneficios. | 
