Tras las denuncias públicas de Nicolás del Caño, Myriam Bregman y demás referentes de la izquierda y defensores de las libertades democráticas, y luego del escándalo que provocaron sus expresiones en el marco de una reunión con la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados el martes, la ministra de Seguridad Sabina Frederic se vio obligada a hacer algunas aclaraciones. Pero como dice el dicho, “no aclares que oscurece”.
En diálogo con Reinaldo Sietecase en su programa “La inmensa minoría” de Radio con vos, Frederic se refirió este jueves a sus expresiones, y particularmente buscó desmarcarse de cualquier comparación con su antecesora Patricia Bullrich. “Creo que lo que no fue feliz fue la expresión ‘detectar humor social’”, dijo la ministra respecto a sus propias palabras. “No ayuda a entender lo que realmente hacemos, así que creo que hay que descartarla del vocabulario definitivamente”, afirmó.
Pero tras la aclaración explicó lo que, más allá de las formas léxicas, es ni más ni menos que espionaje por las redes sociales. “El trabajo de rastreo y monitoreo del espacio público de las redes es una herramienta importante, en esta situación en particular, para detectar delitos en flagrancia o anticiparnos a la ocurrencia de hechos criminales”, sintetizó. Aunque, enfrentando las críticas, aseguró que “en ningún caso es un trabajo de análisis de personas ni de datos personales y privados, eso está prohibido por la ley y nosotros no vamos a entrar en la comisión de ningún dato ilegal, al contrario”.
En la misma línea, Frederic dijo que desde el Gobierno son “muy cuidadosos para no atentar contra las libertades. Estamos en una situación de emergencia y eso hace que haya zonas de excepcionalidad y nosotros vigilamos la excepcionalidad de nuestras fuerzas de seguridad y también estamos atentos al uso de ese margen de discrecionalidad tanto de civiles como de los funcionarios policiales”. Y hasta justificó el ciberespionaje al afirmar que ya han “encontrado incluso denuncias de violencia institucional en las redes”.
A su vez dijo que ella está “a favor de la disidencia política, que forma parte de la construcción democrática. El Ministerio de Seguridad no tiene nada que hacer con eso y si alguien de nosotros lo hiciera tendrá sanciones, lo mismo para quienes son integrantes de las fuerzas de seguridad”.
Pero sobre el final confirmó que el llamado ciberpatrullaje hoy se está realizando según el protocolo preexistente, es decir el utilizado por la Gendarmería del caso Maldonado, la Prefectura del caso Nahuel y la Federal de Américo Balbuena bajo las órdenes de Bullrich. “Vamos a aprovechar esta oportunidad para transparentar el protocolo que refiere a esta forma de la ciberseguridad”, dijo como pretendiendo diferenciarse. Y anticipó que lo someterá “a consideración de la comisión de Diputados. Vamos a aprovechar para hacer de esta herramienta el uso más transparente posible”.
Luego, por Twitter, Frederic diría que se va “a realizar un protocolo” nuevo. Pero la confirmación de que hoy por hoy usa del de Bullrich, está hecha.
La pregunta surge por lógica: si no hubiera salido a la luz la denuncia de la izquierda y sus declaraciones no hubieran tenido alguna frase “poco feliz”, ¿tocaría en algo el protocolo de Bullrich? Seguramente no. Tampoco está dicho que lo vaya a hacer, pero al menos debió salir a decirlo.
Sobre el final de la entrevista Sietecase le preguntó a Frederic qué hubiera dicho ella “desde el llano” si esas mismas expresiones sobre el ciberpatrullaje las hubiera realizado Bullrich siendo ministra. “Yo hubiera dicho exactamente lo mismo, pero me parece que hay intervenciones de Bullrich que confunden ciberpatrullaje con ciberespionaje, pero nosotros no lo confundimos. Hay que ser muy claros entre una cosa y la otra”, dijo la actual ministra mientras sigue usando el protocolo de quien ocupó su cargo con el macrismo.
Como afirman en otro artículo de este diario los abogados Agustín Comas y Matías Aufieri, “que una publicación en una red social pueda ser vista por decenas, cientos o miles de personas, no autoriza a una fuerza federal, sin orden judicial o sin autorización legal, para investigarla, menos guardar los datos, menos ficharla”. Y agregan que “la reunión de información es una de las dos actividades en que se divide el accionar de los espías, de los servicios de inteligencia. Está prohibida por la ley si no tiene lugar en el marco de una causa judicial, o sea, ordenada por un juez”.
En ese sentido, concluyen los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), “Frederic no aclara sino que oscurece. La idea de detectar el ‘humor social’ por parte de la Policía o Gendarmería parece ser un eufemismo de lo que en otros tiempos esta última realizaba y denominaba ‘Alteración al Orden Público’ (AOP en la jerga policial)”. | 
