La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anunció que en 15 días estará listo “el Acuerdo Nacional para preservar empleos ante el COVID”. Esto después de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) anunció que iniciaría reuniones y encuentros con distintos sectores, en particular de la llamada iniciativa privada y “organizaciones civiles”. El CCE anunció también, este jueves 9, que sumarían a grupos parlamentarios a la discusión del acuerdo.
La iniciativa impulsada por las centrales patronales mexicanas, enfrenta lo que definieron como una “falta de respuesta de López Obrador a sus reclamos”. Según las cúpulas empresariales, su preocupación radica en como “preservar los empleos” ante la crisis económica que ya se está desarrollando. Su exigencia al gobierno federal es que contraiga endeudamiento para favorecer a las empresas con acceso a créditos y préstamos, y exenciones fiscales, entre otras medidas.
A estos reclamos también se sumó el “Grupo de los 10” de Monterrey, que concentra a la poderosa burguesía regiomontana. El discurso de Guillermo de Hoyos, Carlos Salazar y otros líderes patronales busca convencer a la población argumentando que intentan evitar la quiebra de cientos de miles de pequeñas empresas, y que no se trata de un pedido de salvataje para las grandes empresas. El mismo es reproducido ampliamente por decenas de periodistas a sueldo de la patronal en medios como El Universal, El Financiero y otros.
La patronal esclavista quieren que la rescaten
Sin embargo, según reportó la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la mayor parte de los despidos ocurren en empresas que son consideradas grandes, con más de 51 trabajadores. Allí se dieron casi 300 mil, que representa el 85% de los despidos ocurridos los últimos 15 días. Esto desmiente la supuesta “vocación social” de las cúpulas empresariales.
El programa de la gran patronal es exigir un gran salvataje a cuenta del erario; no es casual que el ejemplo que pongan sea el rescate multimillonario que Trump y los partidos republicano y demócrata realizaron en Estados Unidos, para beneficio de las grandes empresas. Nada bueno pueden esperar los trabajadores de los "acuerdos nacionales" impulsados por las cúpulas empresariales
Como se muestra en el ritmo de los despidos -que llegaron a ser de 46 mil por día- se niegan a perder un centavo de las grandes ganancias amasadas a costa de la explotación de sus trabajadores.
La gran patronal apuesta a forjar un gran frente opositor al gobierno, nucleando a los partidos de oposición burguesa y sus bancadas parlamentarias, así como a sectores de la “sociedad civil”.
Salen al rescate de la alicaída oposición del PRI, el PAN y el PRD, actuando como su portavoz y criticando lo que consideran son “medidas populistas” del presidente.
La intención es presionar al gobierno para que acepte su programa, o cuando menos parte del mismo, apostando a que AMLO no querrá profundizar el enfrentamiento y generar mayor inestabilidad en un contexto económico ya de por sí adverso, con previsiones de una caída del PBI de un 4% o más para el 2020.
A la par, la patronal busca justificar su actual política de despidos masivos, aduciendo que eso ocurre porque no hay un plan de rescate como el que exigen.
Su Acuerdo Nacional seguramente terminará proponiendo lo que ya implementan en muchas empresas ante la crisis sanitaria: reducción salarial, presentada como la única forma de “salvar” el empleo. Una política absolutamente antiobrera.
Los charros de la CTM, siempre junto a los empresarios
Quienes rápidamente se sumaron a la iniciativa de la gran patronal fueron los charros de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Su presidente, Carlos Aceves del Olmo, participó de una reunión el pasado 8 de abril con la alta jerarquía de la COPARMEX y aceptó sumar a la central sindical al acuerdo nacional.
No sorprende esto viniendo de los charros de la CTM. Cómplices de los planes patronales contra los trabajadores, han garantizado los intereses de los empresarios con métodos gangsteriles en los centros de trabajo y en los sindicatos, aplastando todo reclamo de los trabajadores. Ahora se alistan a suscribir un "Acuerdo Nacional" con las cúpulas patronales que perpetraron cientos de miles de despidos en pocas semanas. El cual, como decimos, prepara condiciones peores para los trabajadores y busca salvaguardar a los empresarios.
Otras centrales sindicales que se reclaman “democráticas” -como la Unión Nacional de Trabajadores- también llamaron a un acuerdo “tripartito”; incluyendo, en su caso, al gobierno. Pero, como planteamos aquí, nada se puede acordar con las patronales responsables de los cientos de miles de despidos.
El gobierno, por su parte, ha declarado que no contratará deuda para rescatar a las empresas y le pidió al CCE que lo ayude a cobrar un adeudo de impuestos de distintas empresas por 50 mil millones de pesos, y que ese dinero, si lo cobran, lo usaría para apoyar a las Pymes. A la par, AMLO enfatizó una y otra vez que no hay ruptura con las cúpulas empresariales, y afirmó que Carlos Slim, Alberto Bailleres y Germán Larrea -los 3 integrantes del selecto club de los 10 más ricos de México- apoyan su plan económico
Tanto López Obrador como Claudia Scheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y María Luisa Alcalde, secretaria de Trabajo, criticaron los despidos en varias conferencias de prensa y declaraciones a los medios de comunicación, y difundieron la cifra y composición de los mismos.
Sin embargo, esto es absolutamente insuficiente para poner un freno tanto a los despidos como a las otras violaciones a derechos elementales de los trabajadores que están ocurriendo en todo el territorio nacional, como es las suspensiones con reducción salarial, y la negativa de las patronales a suspender actividades no esenciales.
Ya es más que evidente que las patronales no dejarán de despedir por los “llamados a la reflexión” presidenciales. Es imperioso prohibir los despidos y cualquier reducción salarial en toda la república, mediante un decreto o ley que entre en vigor de inmediato y que a la vez obligue a reincorporar y restablecer el salario de los despedidos y suspendidos.
De igual forma, las organizaciones obreras que se reclaman democráticas, deberían exigir esta medida de forma urgente. A la par, toda empresa que viole esta prohibición, debe ser expropiada, estatizada y puesta a funcionar bajo control de sus trabajadores.
A la par, considerando que 32 millones de personas en México trabajan en el sector llamado informal, el Estado debe garantizar un salario de emergencia de cuarentena, que sea igual al costo de la canasta básica. Así como la condonación de todas las deudas y del pago de servicios públicos como la luz, el agua y los créditos de vivienda, la suspensión de las rentas para trabajadores, pequeños comerciantes y profesionistas no empresarios.
Es necesario que el gobierno expropie a las entidades bancarias y financieras -como las que otorgan préstamos con los intereses más usureros aún que los bancos- y las centralice en una banca única bajo control de los trabajadores del sector, sin tocar los depósitos de nómina, ni de profesionistas independientes, ni de pequeños productores y comerciantes. Sólo la banca con estas características podrá otorgar créditos a los sectores populares para reactivar la economía a la salida de la pandemia.
Para estas medidas así como para ampliar el presupuesto a la salud para enfrentar la pandemia, se requieren recursos: los mismos deberían salir de la reducción drástica del presupuesto para las Fuerzas Armadas, del no pago de la deuda -que el gobierno pretende seguir abonando- y de impuestos inmediatos a las grandes fortunas del país: solo los 10 más ricos acumulan 122 mil millones de dólares, a lo que debemos sumar la de las grandes empresas que encabezan las cámaras patronales.
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En la crisis que ya se está desarrollando, los grandes empresarios -tanto los que se oponen al gobierno como sus amigos al estilo de Slim o Larrea- buscarán descargarla sobre las espaldas de los trabajadores y sus familias.
Desde La Izquierda Diario México y el Movimiento de los Trabajadores Socialistas, proponemos estas medidas en una perspectiva anticapitalista, para que la crisis la paguen los capitalistas. Porque nuestras vidas valen más que sus ganancias. | 
