Según las últimas estadísticas arrojadas por el Indec, la pobreza alcanzó en la provincia un 38,6%. Este número, sumado a personas en situación de indigencia, representa 473.555 personas en vulnerabilidad total en la provincia ante el covid-19 y la cuarentena obligatoria.
Las consecuencias sociales de la pandemia comienzan a sentirse fuerte en la provincia, con decenas de denuncias de despidos y suspensiones en distintos rubros, sobre todo entre jóvenes trabajadores, los más afectados por la precarización laboral.
A las denuncias de las y los trabajadores de Mc Donalds de esta semana, se les sumaros las de otras cadenas de comidas rápidas y distintos lugares donde cientos de trabajadores no cobraron sus sueldos y solo cobraron una parte de sus salarios, dejando a sus familias sin la posibilidad de llegar a fin de mes aislados en su casa: así como en La Izquierda Diario hicimos pública la denuncia de las y los trabajadores de Red Mercosur, una red de estaciones de servicio que obligó a sus trabajadores a tomar licencias sin goce de sueldo en medio de la pandemia, por las redes sociales circularon distintas denuncias de locales comerciales que no pagan los sueldos, como el caso de Hangar 52.
Fuente: Indec
Según un informe publicado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en base a datos del sistema de la seguridad social (AFIP), entre enero de 2019 a enero de 2020 se perdieron 4.462 puestos de trabajos en la provincia. Los números indican que el mercado laboral privado mendocino se achicó de 245.334 trabajadores activos en enero de 2019 a 240.872 en el primer mes de este año. A esa situación preocupante, se le suman los despidos que comienzan a sentirse con la crisis del coronavirus.
La desocupación en la provincia es del 7,3 % según el Indec, superando la media de la región Cuyo (5,7 %), pero es mucho mayor entre los jóvenes, particularmente las mujeres. El 10 % de las mujeres del Gran Mendoza se encuentran desempleadas y la cifra asciende al 15 % entre las mujeres menores de 29 años. Y son justamente los jóvenes quienes más sufren los despidos en el marco de la pandemia.
Fuente: Indec
Este es el caso de Dana, una joven trabajadora de un local de comidas que, como cuenta, “en el día 1 de la cuarentena, me mandaron un mensaje por Whatsapp con el "ya no te vamos a necesitar" del restaurante en la Arístides; al día siguiente se sumaron a la tribuna de despedidos la mayoría de laburantes de la famosa calle mendocina”. “Formo parte de la juventud que siempre trabajó en negro, la que hace changas, que sobrevive a base de préstamos y difícilmente llega a fin de mes”, relata sobre su experiencia y la de miles de jóvenes de la provincia. En Mendoza uno de cada tres trabajadores no está registrado o tiene un trabajado precario. Ese número se duplica entre los jóvenes, quienes tienen que acceder a trabajos inseguros y mal pagos para sostener a sus familias o los estudios.
En la Argentina rige, desde el domingo pasado, la prohibición de despidos por 60 días. La misma fue establecida por medio de un DNU firmado por el mismo presidente y respondía al creciente malestar social que se había expresado entre la clase trabajador frente a los ataques patronales y despidos que se dieron antes de esta fecha. Sin embargo esto no impidió que empresarios sigan despidiendo, amparándose en la informalidad laboral que ellos mismos imponen, o dejando de pagar los sueldos.
Por el momento, las únicas medidas para hacer frente a la crisis se mostraron más que insuficientes: el Ingreso Familiar de Emergencia (EFI), un bono para trabajadores monotributistas de las categorías A y B, casa particulares y para informales. Será un pago único de $ 10.000 por única vez para aquellos que acrediten no tener otros ingresos. Por su parte, el gobierno provincial anunció la ayuda financiera a 8 mil monotributistas, a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento.
Mano blanda con las patronales que despiden, mano dura con los trabajadores
La política represiva de Suarez también viene pegando fuerte en la provincia. Mientras se acunulan las denuncias de despidos y suspensiones, el gobierno lleva detenidas, aprehendidas o imputadas a 3264 personas por “violar la cuarentena”.
Detrás del discurso de “gente irresponsable que sale a la calle” difundida por los grandes medios de comunicación, se encuentran historias como la de un joven de 25 años detenido en Guaymallén por estar pidiendo comida en la calle para alimentar a su hijo y que fue elevado a juicio pese al pedido de la defensora oficial de absolverlo teniendo en cuenta la situación económica por la que atraviesa y el motivo por el cual se encontraba en la calle. Esta semana también se dio a conocer a conocer a través de las redes sociales la violenta detención de un adolescente por estar barriendo la vereda de una vecina a cambio de comida.
Para hacer frente realmente a las consecuencias sociales de la crisis, es necesario frenar realmente los despidos y suspensiones, junto con establecer un salario de emergencia que cubra las necesidades económicas de una familia en cuarentena en base a impuestos progresivos a los grandes empresarios. Según la DEIE, la Canásta Básica en la provincia es de $ 35.000, un salario inalcanzable para miles de trabajadores precarios o no registrados.
Junto con esto, el Estado debería garantizar el acceso a materiales de higiene y seguridad y alimentos para todas las familias de la provincia que lo necesiten, como viene planteando el Frente de Izquierda. Los ejemplos de las y los trabajadores de Mc Donalds con sus denuncias, o el de las trabajadoras de la educación del Sute, que organizaron la ayuda alimentaria en las escuelas, muestran que la solidaridad obrera puede darle la respuesta a la crisis que los empresarios solo empeorarán.
Por eso te invitamos a contar a través de La Izquierda Diario tu experiencia en el trabajo y difundir lo que no vas a encontrar en los grandes medios. | 
