Los 100 000 desempleados del sector turismo y restaurantes no aparecen en la comparación, así como ningún otro desempleado. El desempleo estaba en 309 465 en setiembre anterior, lo que indica un 12,4% según datos oficiales. Creció de un plomazo a 409 000, como mínimo, es decir, un aumento del 4%, y eso sin contar la pérdida de empleo que pudo haber entre diciembre y febrero. A esto hay que sumarle la extensión de recortes de jornada laboral en múltiples sectores e incluso el gobierno valora aplicarlo en trabajadores públicos, los más organizados del país.
El gobierno tramita desaplicar el aumento de las anualidades del 2020 de los empleados públicos para destinarlo a los despedidos por la pandemia ¡Qué los trabajadores paguen por los desempleados, pero que los empresarios que dejaron a miles en la calle no pierdan un centavo! Además el peso del seguro social ha sido descargado sobre todos los asalariados, mientras que a los grandes empresarios se les han dado todo tipo de facilidades como reducciones su pago para el seguro social y en servicios como agua y electricidad.
La facilidad con que el gobierno ha descargado esta crisis sobre todos los asalariados, desde el call center hasta los docentes públicos, da cuenta de la extrema unidad que reina en la Asamblea Legislativa, donde José María Villalta incluso ha votado con el gobierno la reducción de la jornada laboral y del salario.
En el Ejecutivo las cosas no podrían estar mejor. Los allanamientos a Casa Presidencial han quedado en el pasado, y la crisis le ha venido con un anillo al dedo. La unidad nacional del gobierno es rebajas impositivas a los grandes empresarios, ataque al salario y despidos masivos. Esta es la solidaridad que pregona el gobierno. Es decir, para decirlo con toda la claridad posible: están descargando el peso de la crisis sobre la clase trabajadora.
Patricia Mora ha llamado a la consolación general de las mujeres: “el Instituto Nacional de las Mujeres no ha cerrado las puertas, cada una de ustedes tendrá el acompañamiento que requiera de nosotras” y que vela porque las “necesidades puntuales y demandas específicas de las mujeres más pobres y vulnerables sean tomadas en cuenta en el momento en que el gobierno y las distintas instituciones empiecen a entregar los subsidios”. Ni una palabra de las decenas de miles de mujeres que han perdido su trabajo en medio de la crisis económica.
Toda esta apariencia del gobierno no es nada más que la cara a través de la cual se somete a la clase trabajadora al peor ajuste de que se tenga memoria en la historia del país. Nunca antes con tanta velocidad se habían perdido tantos empleos, para una clase trabajadora que ya de por sí contaba con una altísima informalidad del 46%. Para setiembre del año anterior se habían registrado un aumento de 21 000 mujeres desempleadas y el aumento del subempleo les afectaba principalmente a las mujeres, más allá de los 48 000 hombres trabajadores que se fueron al subempleo. Es en este contexto que el gobierno ha tenido una política para precarizar y deteriorar más el empleo y el salario. Esto no lo hace la pandemia de Covid-19, esto lo hace el gobierno y los empresarios.
El gobierno sostiene que va ganando el partido contra el Covid-19 y que se dirige al segundo tiempo. Este tratamiento de la pandemia da cuenta de la enorme frivolidad con que el gobierno transmite sus orientaciones. Esta frivolidad es la que le permite criticar el “canibalismo” del mercado mundial a Román Macaya, uno de los presidentes ejecutivos más aperturistas que ha tenido la Caja del Seguro Social. Es la frivolidad que les permite anunciar que el secretario ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud acoja la propuesta del gobierno costarricense para levantar patentes para facilitar la investigación sobre Covid-19. Esta política en el plano internacional simplemente es una distracción que no se va a llevar a cabo y que el gobierno usa como máscara, como apariencia, mientras ataca a la clase trabajadora.
Pero esta máscara se extiende en el plano nacional al anuncio de políticas para fabricar en Costa Rica insumos para enfrentar la pandemia e incluso avanzar en la investigación de una cura, a través del Instituto Clodomiro Picado. Pero el gobierno no dice ni una palabra que 7 de las más grandes empresas de industria médica están en el país, o sea, que esos insumos ya de por sí se fabrican acá. Pero el gobierno no tiene el menor interés en tocar esa industria para atender la pandemia, prefiere seguir atacando al salario.
Y como si fuera poco, el gobierno mantiene a cientos de miles de empleados en trabajos no esenciales. Esto da cuenta de que la principal preocupación del gobierno es que se mantengan a flote los negocios capitalistas, es decir, que se hagan más ricos los empresarios, los dueños, los patronos, mientras la clase trabajadora enfrente el riesgo de contagio, desempleo, reducción del salario, etc.
Lo cierto del caso es que el gobierno sabe que no está preparado para el desbordamiento del sistema de salud ante la pandemia. Se requieren tomar medidas urgentes para que no sean todos los empleados y el pueblo pobre del país los que paguen la crisis ni arriesguen sus vidas ante el contagio explosivo del virus.
1. En primer lugar, ante el mercado mundial “caníbal” (que incluye entre las grandes potencias casos de piratería, confiscación de materiales para atender el Covid-19 y acaparamiento del mercado por parte de los países más ricos) en Costa Rica debemos estatizar sin indemnización e inmediatamente todas las industrias de partes médicas, que es tecnología mundial de punta y que de hecho puede hacer mascarillas, respirador, ventiladores, etc. Toda la industria médica del país debe poner su producción en función de abastecer de todo lo necesario para hacerle frente a la crisis por la pandemia de coronavirus. Por otra parte, las exportaciones de estos dispositivos deben tener como prioridad los países de la región que más lo necesiten. Los recursos para atender la pandemia los tenemos a la mano. En eso Macaya está equivocado.
2. Las 100 000 personas despedidas deben recibir su salario normal y en cuarentena, es decir, se debe revertir su despido. La crisis del Covid-19 debe ser enfrentada sin sacrificar a la clase trabajadora al desempleo y al contagio de Covid-19, así como el cese inmediato de todas las industrias no esencial para atender la pandemia. Es necesario rebajas en servicios de agua, luz, electridad y especialmente en internet y cable para todos los empleados del país, así como reducción de los alquileres.
3. Es preciso en este sentido unificar la investigación, producción y atención bajo un solo sistema de salud, que unifique lo público y lo privado, administrado por comités de empleados y empleadas del sector salud, pues solo así nos garantizamos que no seamos nosotros quienes pagamos la crisis del Covid-19.
4. Ante la política de los rectores, que son aliados del PAC o directamente militantes del PAC, que pretende recortar en la educación superior para crear un “fondo humanitario” para la pandemia, es necesario un impuesto especial a los principales 500 grupos empresariales del país, que sirva para atender la emergencia del Covid-19 y para mejorar el sistema de salud. Que sean los ricos los que paguen la crisis, no los trabajadores, las mujeres, la juventud ni el pueblo pobre. | 
