La mañana del 9 de abril, habitantes de las comunidades de La Carbonera y Potrerito I, del municipio Carrizal, estado Miranda, trancaron las calles en varios puntos, en protesta por la desesperante falta de agua y gas que padece la zona, al igual que muchas otras del país.
Las autoridades municipales respondieron castigando aún más a los pobladores de las comunidades.
“Que vayan a joder para otro lado”, con estas palabras se refirió el alcalde del municipio a la legítima protesta popular. En represalia, ordenó redireccionar el suministro CLAP “hacia otras comunidades”, según información de los chats de jefes de comunidad, filtrada por el medio El Tequeño.
La jefa de comunidad confirmó la decisión a los vecinos posteriormente. Informándoles que “dejarían de ser prioridad” y que empezarían a recibir la caja cada 2 o 3 meses.
No es la primera vez que el alcalde usa este método criminal contra la población chantajeando con el hambre, la semana pasada en su programa de radio amenazó con retirar la bolsa de comida a todo el que viole la cuarentena. También, en anteriores protestas por el agua, ha amenazado con suspender el servicio de cisterna a todo el que proteste.
Como si todo el pueblo contara con comida en sus casas para aguantar toda la cuarentena, como si no existiese para muchos la necesidad de ir a buscar el sustento. Cuando lo que más se necesita en una cuarentena, es que el Estado garantice la provisión de alimentos en todos los hogares.
Es así como las autoridades estatales y todo su aparataje dentro de los barrios y comunidades utilizan el CLAP como una forma de control social. Un suministro que debería ser un derecho inalienable de todos los hogares (y más en cuarentena), es usado para castigar con fuerza el elemental derecho democrático a la protesta.
Juegan con el estómago del pueblo, para dividirlo y desmoralizarlo. | 
