Las grandes crisis comprimen el tiempo. Lo condensan. Lo agitan. Las ideas vuelan, en el sentido más literal del término. “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, podríamos sentenciar recordando al viejo y querido Manifiesto Comunista.
Poco más de una decena de días transcurrieron desde aquel famoso “miserables” con el que el presidente condenó a los empresarios que despedían. Aquella imagen no es más que un tenue recuerdo. Lo mismo parece ocurrir con el debate que inundó redes y medios progresistas: aquel que proponía y prometía un mágico “retorno del Estado” a ocupar el podio del que nunca debió ser desplazado por el Mercado.
Sin embargo, la única verdad es la realidad. Y en la semana que pasó, la realidad se encargó de propinarle una paliza a la mitología estatalista de peronistas y kirchneristas. El Mercado, moviendo apenas sus piezas, cantó jaque. El Estado, impotente, rumió bronca.
La semana arrancó con la confirmación de que los dueños del país son, efectivamente, los dueños del país. Las grietas del relato estatal quedaron al desnudo: Techint impuso el despido de 1500 trabajadores. Invocando razones “de fuerza mayor”, pasó por encima del DNU que formalmente prohíbe los despidos. Como si fuera una escena del teatro del absurdo, los hechos transcurrieron en el Ministerio de Trabajo, la autoridad que debería garantizar que no haya cesantías. Claudio Moroni, el hombre que acompaña a Alberto Fernández desde la cuna menemista, le puso la firma al acuerdo entre Don Paolo y Don Gerardo Batallón 601 Martínez.
El martes la debilidad estatal quedó en evidencia ante sus propios proveedores, luego del escándalo por la compra de alimentos con fuertes sobreprecios. No se trató de grandes monstruos del capital nacional o extranjero: la administración central capituló ante el lobby de algunos empresarios medios, de dudosa y permanente relación con el Estado. La tormenta se desató sobre la cabeza del ministro Daniel Arroyo. Quince funcionarios fueron eyectados de Desarrollo Social.
En este terreno -el de los precios- el Estado viene perdiendo hace rato la batalla contra los grandes formadores. La mesa de la Argentina popular aparece cada vez más raleada. La persistente inflación también está entre las causas.
Pocas horas más tarde, en otra escena teatral -épica en este caso- el presidente afirmó que “nadie se le para al Estado y le dice lo que tiene que hacer”. Irónicamente, el grupo Techint venía de demostrar lo contrario. Sin almacenar remordimientos o temor, se había plantado e impuesto sus intereses.
Ni siquiera transcurrieron 48 horas cuando la prepotencia patronal tomó a la provincia de Buenos Aires como sede. En el distrito donde gobiernan Axel Kicillof y el kirchnerismo, el empresariado “se le paró” al Estado.
El caso de Dánica resultó notorio. Luego de haber despedido a cinco trabajadores, cerró su planta ubicada en la localidad de Llavallol. Un gigantesco lock-out cuya única consecuencia, hasta el momento, es la amenaza de una multa. Se trata, vale contabilizar, de 140 nuevos despidos.
También en el sur del conurbano, Ricardo Bruzzese hizo lo que quiso. Como una suerte de señor feudal, llegó al punto de disponer de la Bonaerense para reprimir a sus trabajadores. “El Estado soy yo”, pudo haber afirmado el empresario kirchnerista, parafraseando a Luis XIV.
La durísima represión terminó con varios heridos, uno de ellos de gravedad. El Gobierno provincial, como si fuera un espectador pasivo, se limitó a condenar la represión. Lo mismo hizo la intendenta camporista Mayra Mendoza.
Malmenorismo de las suspensiones
Más allá de los alevosos incumplimientos patronales, la prohibición de despidos nació con trampa. Amparándose en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el DNU habilitó las suspensiones con rebaja salarial.
Cierto periodismo progre o semi-progre reivindica la medida como una suerte de mal menor en relación a los despidos. Pisando el suelo con los pies de los empresarios, presenta a los mismos como “inevitables”. El mismo argumento, con menor sofisticación conceptual, despliega la burocracia sindical que hace su vida a costa de la traición permanente.
Sin embargo -como se ha sentenciado- todo “mal menor” adelanta el camino de males mayores. Las suspensiones con reducción salarial preparan el camino de los despidos. Garantizan la rentabilidad capitalista al costo de erosionar el nivel de vida obrero. Debilitan, de esa forma, las fuerzas de la clase trabajadora.
La excepción -establecida en el artículo 3 del DNU- significa una invitación abierta a que las patronales ajusten por esta vía, licuando el poder adquisitivo de la clase obrera. El Estado se hace presente para facilitar la tarea del Mercado, empujando el salario obrero hacia el subsuelo. Las suspensiones habilitadas por el Gobierno son el complemento esencial de las ansias burguesas por sostener sus niveles de rentabilidad.
Estado y peronismo
A pesar de sus jóvenes 170 años, el Manifiesto Comunista sigue siendo un texto fundamental del pensamiento socialista revolucionario. Ninguna perspectiva que se plantee liquidar la opresión y la explotación puede dejar de lado sus enseñanzas fundamentales.
En aquel texto, escrito casi al calor de las barricadas de 1848, Marx y Engels sentenciaron que el Gobierno del Estado moderno no es más que una junta de representantes de los negocios comunes del capital.
En la Argentina, el peronismo -en sus diversas y múltiples versiones- batalló desde siempre por devolver al Estado su lugar de árbitro de las tensiones sociales. Simplificando la realidad ad infinitum, el aparato estatal fue proclamado como digno equilibrista entre “ganadores” y perdedores”; “pueblo” y “oligarquía”; o sencillamente trabajadores y empresarios.
El relato nació a mediados de los años 40. Pero las condiciones excepcionales que le dieron origen rápidamente salieron de escena. En las últimas décadas, el peronismo conoció en esencia dos caras: la neoliberal menemista y la posneoliberal kirchnerista.
La segunda heredó -Alianza de por medio- a la primera. El relato nac&pop nació a la vida bajo la conmoción de Diciembre de 2001. Creció y se hizo adulto gracias a los altos precios internacionales de la soja y las ventajas legadas por la devaluación duhaldista.
Sin embargo, incluso en su momento más potente, el Estado kirchnerista se demostró endeble frente al gran capital. En aquellos doce años se mantuvo intacto el poder de los dueños del país. El Mercado doblegó al Estado en múltiples y reiteradas ocasiones. Recordemos, a modo de síntesis, la Resolución 125; la millonaria indemnización a Repsol o el pago al Club de París.
El Estado se tomó alguna revancha, como la estatización de las AFJP. Pero, en el balance general, los jueces dieron ganador al empresariado.
Incluso en sus momentos díscolos, la gestión peronista del Estado se presentó como agente de los intereses de la burguesía. Asumió, al decir de Marx y Engels, la tarea de administrar sus negocios comunes. La docilidad actual ante los Rocca y cía. no es más que otro paso en el mismo largo sendero. Lo mismo cabe decir de la represión a los obreros de Penta. Al capital se lo combate en las palabras, no en los hechos.
Este viernes, mientras intentaba hablarle las clases medias, Alberto Fernández fue interrogado por la posibilidad de un impuesto a las grandes fortunas. “Eso lo tiene que discutir el Congreso”, eludió. Se tratar, aclaremos, del mismo Congreso que no sesiona por decisión del peronismo.
Una vez más, con el peronismo gana el Mercado.
La clase obrera tiene que organizarse para enfrentarlos y derrotar está ofensiva.
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