Desde que el gobierno provincial decretó el protocolo ante el coronavirus el 12 de marzo la Legislatura provincial no tuvo ninguna sesión pese a la crisis sanitaria que desató la pandemia.
Incluso desde iniciada la cuarentena obligatoria se ha ido agravando día a día la vida de vendedores ambulantes, changarines y en las últimas semanas sobre un sector de la clase trabajadora, en especial jóvenes con 9 de cada 10 en negro y trabajadores adultos no registrados, que ha sido despedida o le han rebajado el salario en comercios, bares, restaurantes, casas de familia y, en su mayoría, no saben si van a continuar en sus empleos.
Son 42.660 cuentapropistas no registrados que no pueden salir a trabajar, 16.000 empleadas domésticas en negro, 47.000 asalariados no registrados y 19.000 desocupados. Este sector más vulnerable de la clase trabajadora representa el 45% del total de la población económica activa que según el Indec es aquella que trabaja o busca un trabajo. Por fuera de ellos, se torna más complejo aún el panorama para los 16.000 jóvenes que no acceden al estudio ni al trabajo, y de los 63.000 adultos que sobreviven de la asistencia social y changas esporádicas.
La asistencia de 10.000 pesos del gobierno nacional es lo único que tiene un sector de trabajadores, si finalmente quedan como beneficiarios de acuerdo al criterio oficial, muy lejos de los 16.346 pesos de la canasta de indigencia de febrero (Dipec, último dato disponible).
Ante esta grave situación social y económica los presidentes de los bloques de la UCR o del PJ no parecen acusar recibo. “No se trata de un problema técnico, se podría sesionar en forma virtual como hicieron otras legislaturas en Tucumán, Mendoza o el concejo deliberante de Libertador Gral. San Martín que sesionó el 25 de marzo”, sostuvieron los diputados del PTS en el Frente de Izquierda en un comunicado.
Y agregaron que, “lo que explica la falta de sesiones es en última instancia el acuerdo político entre Gerardo Morales y Rubén Rivarola para dejar concentradas todas las decisiones en la figura del Gobernador, pasando por alto, su propio sistema parlamentario y la división de poderes”.
En estas circunstancias es necesario que se abra la Legislatura y se traten medidas sanitarias, económicas y sociales a favor de la clase trabajadora.
En este sentido desde el PTS en el Frente de Izquierda proponen:
- Prohibir despidos y suspensiones desde el mes de marzo por lo que resta del año.
El pago del 100% de los salarios de los trabajadores de tareas esenciales y no esenciales.
- Un salario de 30 mil pesos para desocupados, cuentapropistas sin ingresos y jubilados.
- El transporte gratuito de todo el personal de salud mientras dure la cuarentena.
La entrega de barbijos a desocupados, perceptores de AUH (Asignación Universal por Hijo), jubilados y la anulación de toda multa a quien no cuente con el mismo en la calle.
- La declaración de utilidad pública del alcohol de los ingenios azucareros y destinar este producto a la producción al costo de alcohol medicional.
La declaración de utilidad pública de Aceros Zapla y su reconversión y puesta en producción, bajo control de los trabajadores, al servicio de brindar recursos e insumos para los hospitales públicos.
- Garantizar test masivos de coronavirus para todas las personas que presentan síntomas de gripe, respiradores y camas de terapia intensiva. Declarar de utilidad pública las clínicas privadas y centralizar el sistema de salud público y privado bajo control de los trabajadores.
- Volver a las alícuotas de ingresos brutos previas al Consenso Fiscal 2017, redireccionar el crédito de 100 millones de la Corporación Andina de Fomento al sistema de Salud, afectar el Fondo Especial del Tabaco que cobran grandes productores a la salud, aplicar impuestos progresivos a los terratenientes, estas medidas están destinadas a financiar específicamente las medidas sanitarias y económicas antes mencionadas.
- Que todo legislador, funcionario y juez gane como una maestra o un trabajador. Se elimine el fondo de bloque que cobran los diputados.
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