Hace unos días, Raúl Figueroa, confirmaba ante la prensa que el comienzo de las adelantadas vacaciones de invierno será este lunes 13 de abril, tal como había anunciado anteriormente. A esto agregó la decisión del ministerio de volver a clases presenciales finalizado el período de estas (mal llamadas) vacaciones el lunes 27 de abril.
Sin embargo, en palabras del ministro de salud, Jaime Mañalich, "Chile tendría dos peaks de contagio: el primero a finales de abril, principios de mayo, y correspondería a un alza en la cantidad de contagios; el segundo sería en junio y tendría que ver con el alza de los pacientes en estado de gravedad y que requieran hospitalización." Si por estas mismas razones se pospuso el plebiscito del 26 de abril ¿Por qué el retorno a las clases presenciales no es decidido bajo el mismo criterio?
Si además se tiene en consideración que estos peaks serán en medio del (ya viejo y conocido por décadas) colapso del sistema de salud pública por los virus de estación, como la influenza, parainfluenza, virus sincicial, adenovirus, entre otras enfermedades respiratorias que se agravan por los altos índices de contaminación (especialmente en Santiago), vale la pena preguntarse ¿Cuál es la idea de fondo para comenzar las clases en la fecha determinada por la autoridad de educación?
La medida del gobierno de volver a clases presenciales este 27 de abril es irracional sanitariamente, e incongruente con la suspensión del plebiscito. El ministro Figueroa demuestra el desinterés de este gobierno criminal por el bienestar y la salud de los estudiantes y sus familias. Ignora (a propósito) que las clases online son pedagógicamente pobres, que no todes les estudiantes tienen acceso a computadoras, internet o si quiera a un lugar y/o contexto apropiado para el estudio.
Sr. Mario Aguilar: ¿Usted a quién le preguntó?
Frente al anuncio del Ministro de Educación, el directorio del Colegio de Profesores (CdP) sacó un comunicado declarando que “de mantenerse la decisión del gobierno de reanudar clases a partir del 27, el profesorado se opondrá a tal medida y ninguna maestra ni ningún maestro, volverá a las aulas hasta que la autoridad sanitaria diga que la pandemia ha sido vencida y que nadie tiene peligro de contagio y de perder la vida.” En la misma línea, el presidente del CdP, Mario Aguilar, publicó videos en sus redes sociales hablando sobre este comunicado, llamando además a padres y apoderados a no enviar a sus pupilos al colegio o liceo el 27.
Definitivamente, con pruebas irrefutables, no se deben reanudar las clases presenciales el último lunes de abril, sino hasta que exista la seguridad de que el contagio por COVID-19 está controlado y que nadie se verá afectado. Sin embargo, la dirección del CdP y Mario Aguilar olvidaron lo más importante al momento de publicar su declaración hacia el gremio y la comunidad educativa entera para este comienzo de clases: el ejercicio democrático de la discusión de las bases y el voto.
Y es que para poder dar la pelea contra el mandato del gobierno, no basta la voluntad y el acuerdo individual con la orientación que a puertas cerradas definió el directorio del CdP de “no asistir” a clases el 27 de abril. Se necesita discusión de las bases, entre docentes y trabajadores/as de la educación, así como también la definición conjunta de un plan de lucha que involucre el paro como herramienta, votada democráticamente. Al parecer, las “malas mañas” del directorio que observamos en la última movilización docente el 2019, cuando éste desplegó todas sus fuerzas para desmantelar el paro docente, sin consultar a las bases, en su momento de mayor combatividad, incluso, cuando otros sectores de trabajadores se pusieron a disposición del CdP para que los convocara a paralizar en solidaridad, como los portuarios, pero pareció ser que el directorio nunca se enteró. Siguen como si no hubiese pasado nada. Como si no lo viniesen haciendo hace décadas.
Luego de eso, ya comenzada la revuelta del 18 de octubre, el directorio del Colegio de Profesores, a través de Aguilar, se suma a diversas mesas de “diálogo” con el gobierno, nuevamente sin discusión ni votación de las bases. Una de ellas sucede con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ad portas de la gran huelga general del 12 de noviembre, al mismo tiempo que convocaban a adherir a ella apelando a la decisión individual, olvidándose de toda asamblea y votación democrática.
Luego, Aguilar se suma a la Mesa de Unidad Social, nuevamente sin deliberación de las bases, con la intención de negociar y discutir migajas, apostando a que el parlamento y el gobierno “recapaciten” y “escuchen” las demandas populares. Mesa de Unidad Social que, a todo esto, tuvo varias veces “diálogo” con el gobierno. La realidad es que la participación del CdP en la revuelta fue siempre de este tenor.
El desafío y necesidad de la auto organización en medio de la pandemia
El gobierno carga a docentes y trabajadores/as de la educación la responsabilidad de contar con los recursos para las clases online. Adelanta vacaciones de invierno para no hacerse cargo de la alimentación que es entregada por la JUNAEB, que más encima es precaria, al mismo tiempo que del gobierno dictan leyes que amparan los despidos y las suspensiones de contrato sin goce de sueldo para beneficiar al empresariado a costa del sufrimiento de las y los trabajadores ¿La respuesta del directorio del CdP cuál es? Pasar “máquina”.
Es real que no se puede convocar a asambleas en este contexto de crisis sanitaria, pero eso no es una excusa, sino más bien es un desafío a superar para organizar al conjunto del profesorado y trabajadores/as de la educación. Así como el directorio del CdP puede hacer encuestas sobre las cuales basar su decisión “por arriba”, perfectamente puede impulsar una discusión y votación virtual sobre el camino a seguir en esta crisis abierta.
Decir "la y los profesores no vuelven a clases el 27 de Abril" es irresponsable si estos no han sido consultados y si no existe una estrategia clara de como enfrentar ese anuncio, porque de lo contrario cada trabajador y trabajadora queda expuesto "individualmente" frente a sus empleadores y eso significaría despidos masivos a nivel nacional en los sectores particulares y particulares subvencionados. Por lo demás, se debe articular esta lucha con les apoderados y les estudiantes, porque ellos tienen mucho que decir y son los principales afectados con la estrategia ministerial.
Es necesario que docentes y trabajadores/as de la educación puedan decidir qué camino seguir frente a la crisis sanitaria y económica que abre el COVID-19, que supere a las dirigencias burocráticas que solo dividen y debilitan la enorme fuerza que poseen les trabajadores y pueblo pobre organizados, y que el gremio docente pelee con un paro, votado democráticamente, contra la medida irracional del gobierno de Piñera.
Desde Antofagasta el Comité de Emergencia y Resguardo, creado en el contexto del estallido social de Octubre y que articula la lucha de distintos sectores de trabajadores (mineros, docentes, salud, retail) y pobladores, nos muestra algunas luces de como seguir. Organizar la elaboración de alcohol gel y de mascarillas para repartirlas entre trabajadores y la población, todo gracias al aporte de trabajadores como los de la minera Guanaco que donaron materiales para seguir elaborando mascarillas, son vitales para enfrentar la crisis sanitaria articuladamente.
Se debe a su vez aumentar el financiamiento público para alimentos para les estudiantes desde los establecimientos educacionales equitativamente para que no sean solo algunos trabajadores quienes carguen con esa responsabilidad y considerando todas las medidas de higiene que requieren las y los trabajadores junto a les apoderados que asistan a retirar su mercadería.
La unión de las, los y les trabajadores de la educación con otros sectores de la producción, es una propuesta que tiene por horizonte un paro general efectivo de sectores no esenciales contra el salvataje que el gobierno le da a los empresarios a costa de nosotres. Por la prohibición de los despidos, por la garantía de seguir recibiendo sueldos a pesar de la pandemia, por jubilaciones acordes a la canasta familiar, así como también un aporte de este mismo valor a les trabajadores independientes e informales, por insumos sanitarios suficientes para todos los servicios de salud y lugares de trabajo, las y los trabajadores del mundo educativo deben alzar la voz y auto-organizarse, por difícil que sea en este contexto. Nuestras vidas valen más que sus ganancias.
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