Durante la cuarentena y crisis sanitaria desencadenada por la pandemia del Covid-19, el Gobierno lanzó el DNU 319/20 y DNU 320/20 hacia fines de marzo. Mediante estos, se dispone la suspensión de desalojos por falta de pago, se prorroga la vigencia de los contratos y se congelan las cuotas de los créditos UVA hipotecarios y automotor hasta el 30 de septiembre (el aumento se cobraría después). La medida deja de lado a los créditos personales UVA. De esta manera el gobierno no reconoce la problemática de fondo, dividiendo a los afectados.
Los deudores UVA denuncian que les están cobrando las cuotas con aumento, ignorando por completo los decretos ya insuficientes del gobierno. A esto se suma que, cuarentena de por medio, los damnificados no encuentran canales de acceso al banco para reclamar que les devuelvan el dinero debitado.
Aún si se cumpliera, esta medida es paliativa e insuficiente porque posterga los aumentos del crédito pero no combate el mecanismo usurario que los genera, que es el sistema UVA. Esto provoca que se prolonguen deudas que en muchos casos ya llegan a triplicar los valores del crédito otorgado.
¿En qué consiste la estafa?
Hacia el 2016, mucha gente con el deseo de la vivienda propia tomó estos créditos engañada por la propaganda del gobierno de Macri (con el aval del peronismo) que prometía una relación estable entre cuota e ingreso sumado a una inflación controlada. Estos se promocionaban como accesibles ya que, en un principio, la cuota era prácticamente como el valor de un alquiler. A diferencia de otros créditos tradicionales a tazas fijas que parecían más costosos y menos accesibles, en este, el acreditado pagaba una cantidad fija de la medida “UVA” (Unidad de Valor Adquisitivo).
Pero la particularidad de este sistema es que el valor del UVA está indexado a la inflación, y esto genera que crezca en proporciones mucho más grandes que el salario de un trabajador, volviéndolo impagable y deteriorando su calidad de vida.
Con el paso de las cuotas y con el aumento de la inflación, los afectados comenzaron a organizarse para exigir una forma alternativa y posible de abonar el crédito, ya que el sistema UVA es una bomba de tiempo que no hace más que enterrar a sus deudores.
Muchos damnificados por este sistema son trabajadores en el sector público y cobran su sueldo por el Banco Provincia, que debita el crédito automáticamente sin que exista la posibilidad por parte de los deudores de hacer un “stop debit” y dejar de pagarlo.
De esta manera, el crédito come una parte importante del sueldo y compromete el margen con el que cuenta la persona para gastos imprescindibles como la comida o el alquiler. La prioridad pasa a ser el crédito y no se puede pasar voluntariamente a ser moroso.
Según informaron a La izquierda Diario, hay muchos casos en los que se encuentran endeudados con los servicios, que trasladan a la tarjeta de crédito acumulando generando más deuda que luego no la pueden pagar, o tienen otro trabajo para poder vivir sosteniendo el crédito. Todo esto en un contexto en el que por la cuarentena los que trabajan por cuenta propia no obtuvieron ingresos.
Ante esta situación los estafados por estos créditos organizaron un twitazo nacional para este sábado 11 de abril de 18 a 20 horas con el hashtag #UsuraBancariaUVA.
La única verdad es la realidad
El gobierno viene tomando un discurso en el que le hace frente a los despidos, a los grandes empresarios “miserables” como Paolo Rocca, a quienes aumentan los precios o a la salud privada. Pero vemos que, o bien retrocedieron, o bien no aplicaron este relato.
Desde el inicio de la cuarentena, el gobierno prohibió los despidos por decreto, pero, como puede verse en el relevamiento del Observatorio Despidos durante la Pandemia, se vienen acumulando cada vez más despidos y suspensiones, incluso en el Estado.
En esta situación, los empresarios aprovechan la crisis generada por la pandemia para asegurar sus ganancias en mejores condiciones. Así buscan tirar a la baja los salarios o directamente no pagarlos, despiden, o presionan con despedir para no pagar impuestos.
Con esta presión lograron que el gobierno subsidie por 380 mil millones de pesos a pequeñas y medianas o grandes empresas que comprueben su situación de crisis a través del "Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción". Mientras que para el Ingreso Familiar de Emergencia, que otorga 10 mil pesos a las familias en situación precaria, el gobierno aportó alrededor de 36 mil millones de pesos, menos del 10% que el monto anterior.
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Con este decreto el Gobierno garantiza la estafa de los bancos como prioridad, postergando la calidad de vida de los trabajadores y los sectores populares de forma negligente por encontrarnos en momentos de crisis económica y sanitaria. En esta situación, con la cuarentena obligatoria, muchos trabajadores no cuentan con los ingresos con los que abonar un crédito en aumento, mientras siguen esperando una mesa de diálogo que nunca llega.
Teniendo este criterio, no extraña que se favorezca a los bancos mientras se hunden familias en la crisis. Ante esta situación se deberían invertir las prioridades, favoreciendo a los trabajadores y terminando con la especulación perversa de los bancos. | 
