Luego de más de una semana de crisis migratoria y de fuertes críticas contra el autondenomiando Gobierno de transición de Jeanine Áñez por su gestión de la crisis, la canciller Karen Longaric hace unas horas brindó conferencia de prensa en la que afirmó que el traslado a Iquique de los migrantes varados en Colchane es el resultado de gestiones de cancillería. Continúa la criminalización de las y los trabajadores migrantes.
Hoy, para la sorpresa de muchos, en conferencia de prensa la Canciller Longaric afirmó que fue ella quien gestionó el traslado de las y los trabajadores migrantes de Colchane a Iquique, donde deberán cumplir la cuarentena correspondiente hasta que el grupo que se encuentra en el campamento "Tata Santiago" de Pisiga finalice su cuarentena.
Esta situación como mínimo, es dudosa dado que durante los días anteriores todos los pronunciamientos de personeros de su Gobierno simplemente acusaban a este grupo de ser “masitas pagados buscando desestabilizar el país” y no se informó de ninguna gestión con la Cancillería chilena. Así mismo, son contradictorias con las declaraciones del Alcalde chileno de Colchane, Javier García, que denunció que no recibió apoyo del Gobierno boliviano y lo denunció ante la ONU. El sábado 11 de abril Marcel Rivas, director de Migración, informó que ya había solicitado la nómina de los mingrantes varados en Colchane y que no había tenido respueta hasta ese momento.
El autoproclamado Gobierno de Jeanine Áñez en el marco de la crisis desatada por la pandemia del COVID-19, está siendo fuertemente cuestionado por muchos sectores de la población e instituciones de derechos humanos por su gestión de la crisis migratoria en la que cientos de personas intentan retornar al país tras el cierre de fronteras y la instalación de la cuarentena nacional.
Para Áñez y su Gobierno, lo anterior suma a la crisis de legitimidad generalizada desde que se impuso su presidencia por bota cívico militar y policial en el mes de noviembre del 2019.
Tras haber improvisado un campamento en Pisiga sin alimentos, ni condiciones de higiene mínimas donde recluyó a 480 migrantes que esperaron durante 10 días en el desierto de Colchane (situación que subsanó después de mucha presión mediática y la protesta de los migrantes), dejó abandonados a otras aproximadamente 900 personas que fueron llegando a la frontera con Chile durante la instalación del mencionado campamento. Este último grupo estuvo, nuevamente, abandonado a su suerte durante 8 días, únicamente asistido por la Alcaldía chilena de Colchane que mediante su alcalde, Javier García, pidió a Jeanine Áñez que se sensibilice con la extrema situación de las y los migrantes. A este pedido recibió como única respuesta, a cargo del ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, la acusación de ser “masista” y usar políticamente el tema, declaración de la que posteriormente se retractó.
Frente a esta situación y ante la inacción del autoproclamado Gobierno de transición, el domingo 12 de abril desde Colchane, Javier García, informó que trasladarían a 430 ciudadanos bolivianos en 10 buses a una escuela en Iquique donde tendrían todas las condiciones para ser refugiados, quedando a la espera al menos 370 que hoy lunes 13 de abril fueron trasladados a la misma escuela.
Como señalamos, Karen Longaric desde cancillería atribuyó a su gesión este traslado de las y los migrantes trabajadores desde Colchane a Iquique. Mientras Longaric señalaba esto en conferencia de prensa, por la tarde, nuevamente, Marcel Rivas según publicación de la agencia de noticias ANF señalaba que "afines al MAS causaron conflictos en el municipio chileno de Colchane", reiterando de esta manera la política represiva y de criminalización de los migrantes e intentando ocultar la desastrosa gestión de la crisis.
Desde la Izquierda Diario Bolivia, denunciamos el abuso, persecución y la criminalización, por ser pobres, que están sufriendo los compañeros migrantes. Situación que atraviesan simplemente por buscar sustento económico para sus familias. Esta política al servicio de los ricos y que criminaliza la pobreza se desnuda con claridad al ser testigos de cómo el Gobierno de Áñez permitiió el ingreso de bolivianos que gracias a su holgada posición económica pudieron costearse pasajes en avión y condiciones de bioseguridad por lo que fueron acogidos en el país.
