Consumada definitivamente la mayor entrega de la soberanía nacional.
El martes 31 de marzo pasado, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió, a su pedido, con los diputados Eduardo Lust y César Vega, los ciudadanos Enrique Echeverría, Gustavo Salle, Hoenir Sarthou, Raúl Viñas y Patricia Wolf, en representación de la oposición al Contrato firmado por el gobierno anterior con la empresa UPM para la instalación de una tercera planta de celulosa en el país.
Los legisladores y ciudadanos presentes habían enviado previamente una carta al presidente Lacalle Pou con el planteo, que reiteraron en ese encuentro, de que las circunstancias excepcionales que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus hacían posible y necesario apelar a las cláusulas 7.1 a 7.5 del referido Contrato que habilitan a suspender el mismo ante un evento imprevisible e irresistible.
Los proponentes entendían que esa acción permitiría al gobierno nacional disponer, en parte o totalmente, de los enormes recursos económicos asignados por ese contrato a las obras de infraestructura requeridas por el proyecto de UPM y destinarlos a atender las necesidades imperativas generadas por la pandemia, tanto durante el combate a la misma como en la etapa posterior de recuperación económica y social.
Es de conocimiento público que el actual presidente de la República, siendo senador, en una interpelación parlamentaria a cinco ministros del gobierno anterior, expuso severas críticas al Contrato con UPM, que calificó como una entrega del país. A la vez, en reiteradas ocasiones, Lacalle Pou manifestó su decisión de renegociar todo lo que fuera posible del contenido de ese Contrato si llegaba a la Presidencia.
Desde la declaración de la emergencia sanitaria, se disponía de 20 días hábiles, que vencieron hoy 13 de abril, para anunciarle a UPM la suspensión del Contrato. Sin embargo, el presidente Lacalle Pou aceptó las presiones de UPM y de las cámaras empresariales para reanudar, hoy mismo, la actividad de la construcción en el país. Así cayó de hecho la causa que permitía suspender el Contrato con UPM.
Reanudar una actividad como la construcción, que moviliza a unas 100 mil personas en todo el territorio nacional, mientras se mantiene la emergencia sanitaria y se obliga al resto de las actividades económicas no esenciales y de la población a mantener el rigor de las medidas de aislamiento, es una irresponsabilidad. Un contrasentido que puede costar muy caro en vidas, como lo muestra la experiencia de otros países.
Entre la economía y la salud no puede haber dudas, la prioridad debe ser la salud de la población y no los intereses de algunos empresarios. Máxime cuando en el caso de UPM significa destinar más de 4.000 millones de dólares a un proyecto que sólo deja migajas al país. La industria forestal anuncia hoy que donará un dólar por hectárea al Fondo Coronavirus cuando solo UPM en Fray Bentos gana un millón por día.
En suma, la decisión del actual gobierno constituye una rendición incondicional ante los designios de UPM y una simple continuidad de lo firmado por el gobierno anterior. Estamos asistiendo a la mayor entrega de soberanía nacional en la historia del país. Pero no nos quedaremos paralizados, seguiremos luchando desde la sociedad por recuperar la soberanía y lograr el bienestar que merece nuestro pueblo.
Movimiento por un Uruguay Sustentable
13 de abril de 2020.
