Se trata de una encuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio de Chile entre el 2 y 8 de abril a 569 empresas, las que a su vez cuentan con 113.448 trabajadores y 7.054 locales. De estas empresas -y según los cálculos realizados por la CNC- un 44% de las empresas son microempresas -bajo el criterio de presentar menos de 10 empleados-, seguido un 31% pequeñas -entre 10 y 49 empleados-, un 16% medianas -desde 50 a 149- y un 9% grandes -más de 200 trabajadores-.
Es aquí donde la CNC afirma que un 38% de las empresas encuestadas, es decir alrededor de 216 empresas, han despedido trabajadores. Cifras que esperan ver un aumento según el organismo empresarial, declarando que esperan a que un 17% de los trabajadores empleados queden sin su fuente de ingresos. Alertando además que para el segundo semestre las empresas verán caídas anuales del 50%, y un tercio de estas superiores a un 70%.
Frente a esta situación el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, Manuel Melero, afirma que la encuesta “demuestra con claridad que el plan de rescate económico debe ser implementado rápidamente, para que beneficie efectivamente a los empresarios del sector y que los parlamentarios aprueben el proyecto de ley que aumenta el capital del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), sin modificaciones al umbral de ventas, porque esas empresas son las principales empleadoras del país por lo que necesitan esos recursos para mantener el empleo y seguir funcionando (…) el sector de comercio y turismo no resiste mucho tiempo más en la actual condición de no funcionamiento. Por tal razón y junto con la urgente implementación de las medidas presentadas por el gobierno, se hace imprescindible que estos sectores puedan volver a funcionar lo antes posible.”
Es decir que estos datos para la CNC pasan a ser un llamado -y una presión- por parte de los empresarios al Gobierno, apurándolo para inyectar fondos públicos para el rescate de los que ya son millonarios, mientras que los trabajadores siguen siendo empujados a sus lugares de trabajo sin siquiera las mínimas condiciones de seguridad para prevenir el contagio de ellos y de sus familias. Es un empuje empresarial hacia las familias trabajadoras a situarse de frente al COVID-19, para que ellos sigan abultando sus bolsillos. |
