Desde hace días se vive una escalada entre los representantes del gobierno e integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Este miércoles Elisa Carrió decidió sumarse a la “defensa” del juez Fayt y acusar a algún jefe de gabinete de estar “duro por tomar cocaína”. Los comentarios de Carrió no resultan tan bizarros si se comparan con los de Aníbal Fernández que, sutilmente, asimiló a Fayt con su abuela fallecida. Por la tarde, se conoció una comunicación telefónica con el juez en cuestión, donde afirmaba que iba a resistir “los embates” de gobierno.
La novela del juez Fayt se inscribe en una escalada del gobierno nacional contra la Corte Suprema. Escalada que constituye una especie de mala secuela de los enfrentamientos que existieron luego de la muerte del fiscal Nisman, 18F incluido.
Menemismo y después
La renovación de la Corte Suprema de Justicia fue una de las grandes banderas del primer kirchnerismo. A pesar del discurso épico, se trató de una tarea relativamente sencilla porque implicó desplazar resabios de una estructura política que había sido abiertamente cuestionada por la movilización popular en las jornadas diciembre de 2001. Como se señala en Los límites de la voluntad (Ariel Historia, 2014) 1 se traba de impugnar, “de menor a mayor a los actores de una época en retirada: primero las rémoras de la dictadura, luego los restos del menemismo y finalmente al propio duhaldismo que lo había prohijado”.
Ese triunfo sobre la Corte menemista no se convirtió nunca en un cuestionamiento abierto al conjunto de los privilegios de la casta judicial y al papel de árbitro que juega la Corte Suprema en la estructura política del país. En este terreno el kirchnerismo llevó a cabo lo que el revolucionario italiano Antonio Gramsci hubiera definido como “pequeña política”, una acción que cambia solo lo superficial sin afectar la estructura social de fondo.
Pasados doce años de gobiernos kirchneristas, jueces y fiscales conservan los privilegios de los que gozaron en los años menemistas. Sus ingresos alcanzan montos que oscilan entre los 80 y 120 mil pesos, hallándose eximidos de pagar el impuesto a las Ganancias que pagan millones de trabajadores. En aras de la “independencia” del poder judicial, los mismos son intangibles. Sus puestos en la estructura del poder judicial son vitalicios. Se trata, en el sentido más estricto del término, de una casta que goza de enormes privilegios materiales y, por ende, simbólicos, lo que le otorga una enorme gravitación en la vida política y social.
Históricamente la Corte ha jugado una suerte de rol de árbitro en última instancia, a favor del poder real de turno, llegando incluso a conferir legitimidad a acciones como el golpe militar de 1930 contra Hipólito Yrigoyen. Ese enorme poder, que se mantuvo por décadas, no fue alterado bajo el kirchnerismo, sino que estuvo en reserva.
Una guerra sin sangre
Salvando la muerte del fiscal Nisman, donde también están implicados los servicios de inteligencia, esta guerra de baja intensidad se ha librado sin muertos y sin efusión de sangre.
El gobierno nacional tensó su relación con la Corte y la casi totalidad de la casta judicial cuando ésta empezó a oler el desgaste político oficialista, luego de las elecciones de 2013. Ya antes de las mismas, el gobierno había intentado implementar una reforma pero se había estrellado contra la Corte Suprema, que la declaró anticonstitucional. El resultado de ese intento fue un pacto que le permitió a la Corte continuar controlando los fondos del poder judicial.
Esas fricciones crecieron con las acusaciones de corrupción contra integrantes del círculo íntimo del poder político. Si la primera víctima de esta guerra sin sangre fue Amado Boudou, las investigaciones luego cayeron sobre el entorno de la familia presidencial y sus empresarios amigos.
Pero esas fricciones nunca han pasado mayores. La guerra incluyó pedidos de juicios políticos y de apartamiento de las causas, así como treguas e intermezzos de relativa paz. Pero nunca se emprendió ninguna reforma de fondo que implicara liquidar los enormes privilegios de la casta judicial.
No es casual. El viejo refrán reza que “entre bueyes no hay cornadas”. La casta política -ampliamente cuestionada en el 2001- se sostuvo en base al aggiornamiento a los “nuevos tiempos” donde el Estado está “presente”. Lejos del “que se vayan todos”, muchos se quedaron, manteniendo enormes dietas y salarios.
Este miércoles se conoció que el presidente de YPF cobraría un salario, como parte del directorio de YPF, superior a los $300mil, dato que no fue desmentido por el funcionario. Hace pocas semanas se informó que el sueldo bruto de Cristina Fernández superaría los $100mil. Diputados y senadores reciben dietas ampliamente mayores a $50mil. Se trata de otra casta que se enriquece gobernando al servicio de la clase capitalista. El proyecto de que todo legislador o funcionario cobre como una maestra, presentado por los legisladores y legisladoras del PTS en el FIT, ataca nodalmente esa estructura.
El kirchnerismo demuestra cotidianamente su pertenencia a esa casta política. Allí residen sus limitaciones profundas para cuestionar realmente a la casta judicial. Ambas castas juntas edificaron el “orden neoliberal” bajo el menemismo y hoy, también juntas, sostienen las enormes ganancias de las empresas y la precariedad estructural en amplias capas de la clase trabajadora. Los choques entre el kirchnerismo y la Corte Suprema no pasan, ni pasarán, de lo epidérmico.
Lecciones de la historia
Karl Marx, de cuyo nacimiento se cumplieron 197 años hace dos días, definió al Estado moderno como el comité de asuntos comunes al servicio de la clase capitalista. Luego de la experiencia revolucionaria de la Comuna de París (1871) señalará que una de las grandes transformaciones que operó esa experiencia fue la liquidación de todo tipo de privilegios para los funcionarios públicos. Los representantes elegidos para la Comuna eran revocables y ganaban el mismo salario que cualquier trabajador, ya que habían sido elegidos en el seno del mismo pueblo.
Cualquier transformación seria de la estructura de casta de la actual justicia, debería tener como primer paso abolir ese conjunto de privilegios. Eso liquidaría el poder del que actualmente gozan fiscales y jueces. Pero esa batalla no será emprendida por el kirchnerismo.
1 Los límites de la voluntad. Marcos Novaro, Alejando Bonvecchi y Nicolás Cherny. Ariel. 2014 | 
