Todos los días, en las ruedas de prensa oficiales que informan cómo evoluciona la crisis del coronavirus en el Estado español, vemos a tres oficiales (generales u otros oficiales) de la Guardia Civil, el Ejército y la Policía Nacional, con sus pechos llenos de medallas y condecoraciones, dando el “parte de guerra” sobre la aplicación de la política represiva para que nadie se salte el estado de alarma. Es decir, de cinco miembros que integran el comité de seguimiento diario de la crisis, solo hay una médica y una responsable de transporte. El resto son los que se encargan de aplicar esta política represiva.
Aquí vemos cual es la prioridad del gobierno en estas crisis. Mas ejército y policía en las calles, aunque los centros sanitarios estén saturados y con una gran falta de personal y recursos. Mas represión para que no salgamos de casa. Pero eso sí, se obliga, a partir de este lunes, a millones de trabajadores y trabajadoras a volver a su puesto de trabajo, poniendo con esto en grave riesgo su salud y la de las personas de su entorno más cercano.
El gobierno de PSOE-UP gasta el doble en defensa que en sanidad
Esta prioridad en la política represiva también se refleja en el dinero público destinado a cada cosa. El gasto en Defensa de los actuales Presupuestos Generales del Estado es de 8.401 millones (el 2,28 % del total), que sigue siendo el doble que el de Sanidad, 4.251 millones (1,15% del total presupuestario). Tan solo con el presupuesto entero de defensa podríamos comprar mascarillas y test para los 47 millones de habitantes y garantizar una “renta de cuarentena”, y aun así nos sobraría.
Como recogen periódicos económicos especializados, como Expansión, a estos 8 mil millones, hay que sumarle otras partidas presupuestarias, que hacen que el gasto militar total sea de 15.305 millones de euros. Nos referimos a partidas de gasto militar integradas en otros ministerios. La más cuantiosa de más de 3 mil millones corresponde al Ministerio de Hacienda y está destinada a pagar pensiones y prestaciones a familiares de militares, no funcionarios y pensiones de guerra. Los otros 4 mil millones corresponden a diversas partidas de los ministerios de Exteriores, Fomento, Empleo, Agricultura, Sanidad o Empleo.
Sin embargo, ahí no queda la cosa, ya que el gobierno español ha comprado nuevo armamento militar por valor de más de 37.000 millones de euros, una cifra equivalente al 3% del PIB. Si no se anulan o renegocian estos contratos de compraventa, esta cantidad ingente se deberá abonar a plazos, en principio hasta el año 2025.
Millones de euros para misiones imperialistas que podrían destinarse a necesidades sanitarias
El ejemplo más claro de este despilfarro militar se ve con las misiones militares españolas en el exterior. El país tiene desplegados 2.500 militares en 18 operaciones internacionales coordinadas por la OTAN, la ONU, la Unión Europea y dentro de la coalición internacional de lucha contra el “terrorismo yihadista”. En 2018 último año del que se han dado datos oficiales, las mismas tuvieron un coste anual de 800 millones de euros, según el periódico El País. Todas estas misiones, por mucho que se vendan como misiones humanitarias o de paz, son misiones imperialistas, dedicadas a mantener el control y los negocios capitalistas de las burguesías de las principales potencias económicas mundiales.
El gobierno de “progre” del PSOE, Podemos e IU, sigue manteniendo las misiones imperialistas en los principales focos de conflicto, como Oriente Próximo. Desde ya tenemos que seguir luchando por la retirada total de las misiones imperialistas en todos los países. Los 800 millones que representan el gasto total en mantener la invasión en otros países ayudarían enormemente a la crisis del coronavirus. Tan solo en Iraq con 532 tropas hay un gasto de 146,2 millones, en Afganistán con 65 tropas 10,1 millones de gasto, Somalia 20 tropas y 5,4 millones de gasto, en Líbano con 609 tropas 129,8 millones de gasto, en la República Centroafricana con 6 tropas 3,5 millones de gasto o en Mali con 278 tropas 110,1 millones de gasto.
Tan solo con la eliminación de estos gastos de la invasión a Iraq tendríamos 146,2 millones para destinarlo por completo a cubrir grandes necesidades sanitarias. Mientras tanto se siguen manteniendo los recortes en sanidad. Todo el mundo coincide en que esta crisis, se ha agravado, ante el desmantelamiento brutal que ha sufrido la sanidad pública en los últimos años.
Hay que recordar que lo primero que hizo al llegar al poder el PP de Rajoy en 2011 fue recortar más de 10.000 millones de euros del presupuesto dedicado a Sanidad y Educación. Este recorte, de más del 13%, se mantuvo constante, durante sus años de gobierno. Pero este recorte sanitario, ya fue iniciado en 2009 con Zapatero y el PSOE. Desde este año, hasta hoy el día, el porcentaje del PIB que el Estado ha invertido en la salud de los españoles ha pasado del 6,9% al 6%, lo que ha supuesto una pérdida de entre 10.000 y 15.000 millones de euros de gasto sanitario. Como vemos a la hora recortar y privatizar la sanidad pública, las diferencias entre PSOE y PP son mínimas.
Este brutal recorte en el gasto público provoco, según diversos analistas, que: “unas 180.000 personas han perdido el acceso a la atención sanitaria preventiva en España como consecuencia de los recortes presupuestarios, que han puesto en la calle a 280.000 empleados del sector público y han dejado sin ingreso ninguno a unos 600.000 españoles”.
Si en estos diez años el gasto sanitario ha caído casi un 1% del PIB, en el caso del gasto militar, esta reducción solo fue de un 0,21 % del PIB. En 2018, el gobierno central dedicó el 3,09% de su gasto público total a defensa, mientras que el año anterior había dedicado el 2,99%, cinco años antes el 2,78% y si nos remontamos diez años atrás el porcentaje fue del 3,3% del gasto público. Con estos datos vemos que una parte de lo que se recortaba en sanidad y educación iba a parar a incrementar el gasto militar.
Como vemos al hablar de gasto sanitario no solo nos referimos a lo que viene recogido en los presupuestos generales del estado, sino a lo que gastan las comunidades autónomas. Al estar transferidas las competencias sanitarias, son estos gobiernos regionales los que asumen el principal gasto sanitario. Esta realidad de recorte del gasto público sanitario, es muy diferente si hablamos del gasto militar, que no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado en estos últimos diez años.
Todo el gasto militar para sanidad y ayudas sociales
Ahora que el gobierno quiere aprobar una renta mínima puente o de emergencia para miles de personas que debido a estas crisis se han quedado en una situación económica muy precario, vemos todo lo que se podía hacer con estos inútiles gastos militares. Con estos 800 millones de euros de gasto militar exterior, se podría ponen una renta emergencia por dos meses, para medio millón de personas, o por un mes para un millón de personas.
Esto solamente si hablamos del gasto exterior. Pero ahora imaginemos la cantidad de sanitarios que se podrían contratar, de millones de mascarillas y test masivos que se podrían comprar, de ayudas sociales de todo tipo, que se podrían aprobar. Todo esto, simplemente con dedicar todos estos gastos militares, a lo que de verdad importa como es el combate sanitario contra el virus y contra la exclusión social. Solamente con anular estos contratos de compra de nuevo armamento (37.000 millones) y con el presupuesto militar de este año, (15.000 millones) ya tendríamos más de 52.000 millones de euros para todas estas necesidades básicas.
Está claro, que a no ser que la presión popular ejercida entre todos y todas les obligue, este gobierno “progresista” del PSOE y UP no va a tomar nunca estas medidas. El prefiero seguir con su política represiva basada en una constate presencia policial y militar en la calle. Si se acabara con este gasto inútil, todos esos esfuerzos presupuestarios se podrían dedicar a lo que de verdad hoy en día importa. Nos referimos, evidentemente, a que los y las sanitarias tengo los medios necesarios para combatir esta pandemia y a que la crisis social y económica, que ya se está produciendo, no vuelva a caer, como la de 20008, sobre las espaldas de la clase trabajadora. |
