En los últimos años en México han avanzado los durísimos planes neoliberales impuestos por gobiernos anteriores, y sostenidos por el actual, incrustados en los sectores de salud y educativo, resultando en recortes, despidos y precarización laboral (liquidación de derechos y degradación de servicios y contenidos).
El COVID-19 ha sacado a la luz el desmantelado sistema de salud sometido también a la austeridad republicana. Pero a la vez, esta crisis exacerba el golpe a la educación pública, así como a las condiciones laborales de sus trabajadores. Es el caso de la EDPA, una de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG).
Aunque fue una de las promesas más progresiva del nuevo gobierno, estas escuelas apenas cubren el 1% de la demanda de educación superior, y a costa de la precarización de sus trabajadores: administrativos, docentes, manuales, de intendencia y sistemas, entre otros, como también ocurre desde hace seis años en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
Esta situación es contradictoria, tomando en cuenta que se les asignaron dos mil doscientos millones de pesos este año, por lo que cuenta con el presupuesto para garantizar plenos derechos laborales.
Sin embargo, la escuela presenta la grave problemática de la falta de transparencia y rendición de cuentas en los recursos.
En este marco se justificaron las condiciones laborales de la EDPA, en función de la fase en que se encontraba al recibir tareas la actual autoridad, concluyendo en que en un mismo centro de trabajo convivan distintas formas de contratación entre otras ilegalidades.
En 2015 surgió la EDPA como una asociación civil que recibía aportaciones de senadores y diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y si bien contaba con decenas de profesores, desde entonces ya los pagos se realizaban al final de cada ciclo escolar y sin prestaciones laborales, lo que en ocasiones nos orillaba a tener otros empleos para cubrir nuestras necesidades.
Hay casos particularmente graves, como cuando un profesor requería su pago antes de finalizar el ciclo y luego era reprimido con la no recontratación. Lo más extremo fue no percibir salario de manera injustificada por un ciclo entero.
Posteriormente, las UBBJG se integraron al organismo internacional Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (CREFAL), el cual está conformado por los embajadores de los 13 países miembros: Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y es presidido por el Secretario de Educación Pública de la República Mexicana (1).
A partir de entonces, en la EDPA, a los profesores se nos condicionó a dedicarnos de medio a tiempo completo, lo que implicó para algunos dedicar entre doce y hasta treinta y dos horas frente a grupo. En consecuencia, no se recontrató a decenas de profesores quienes, ante la inestabilidad laboral y la incertidumbre del pago, cubríamos jornadas laborales en otras escuelas para completar nuestros ingresos.
Los docentes fuimos contratados bajo “simulaciones” como prestadores de servicios profesionales docentes, sin derechos laborales y debiendo pagar impuestos como prestadores percibiendo el mismo pago de $200.00 por hora-clase que antes.
Finalmente, el 30 de julio de 2019 se formó el Organismo Coordinador de las UBBJG. Como parte del cambio, desde agosto de 2019, las y los profesores contamos con cargas excesivas de trabajo y, por si fuera poco, los pagos siguieron retrasándose hasta por casi seis meses y en ocasiones se solicitó a profesores la devolución de cantidades, argumentando errores sin fundamentación ni motivación. El personal de intendencia (contratado por outsourcing), seguridad y sistemas, también padecía las demoras del pago, y bajo esta circunstancia debieron dejar de laborar, pero esos puestos ya no se cubrieron. Las únicas dos trabajadoras administrativas con las que contábamos académicos y estudiantes, laboraban en términos del artículo 123 constitucional e igual pasaban largos meses sin recibir salario, y aun así, fueron despedidas injustificadamente, pero tampoco sus puestos volvieron a cubrirse.
A lo largo de las distintas etapas de la EDPA, las afectaciones a los trabajadores han repercutido en las condiciones educativas de alrededor de ochocientos estudiantes, quienes el 17 de febrero entraron en paro exigiendo sus derechos a educación, salud y laborales, demandando la basificación de sus profesores y del personal faltante, así como la reinstalación de los despedidos injustificadamente, profesores y trabajadoras administrativas.
Ante esta dura situación, los docentes elaboramos un escrito público para contribuir a la mejora educativa, manifestando vulneraciones a nuestros derechos humanos y laborales, así como solicitando el reconocimiento de todos nuestros derechos y los de nuestros alumnos.
A cincuenta y seis días del inicio del paro en la EDPA las autoridades, que se dicen democráticas, se niegan a atender nuestras justas demandas de derechos humanos, a pesar de contar con los recursos para hacerlo.
Lo más escandaloso es que en medio de la pandemia por COVID-19, tanto a trabajadores como a despedidos injustificadamente, se nos expone al peligro de contagio, sin ninguna certeza laboral, pues no percibimos salario digno ni se nos garantiza salud, seguridad social, ni vivienda, obligándonos en plena cuarentena a buscar otro empleo para poder sobrellevar estos difíciles momentos.
#SoluciónDeConflictosYA
*Profesora de Educación Superior
(1) CREFAL, disponible en: https://www.crefal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=182, fecha de consulta: 12 de abril de 2020. |
