Hacinamiento, falta de acceso a agua potable, a servicios de salud, alimentación adecuada, muchos de ellos reconocidos como derechos humanos, son la "bomba de tiempo" que describe la Fiscal a cargo del informe Lya Cabello, en torno a la capacidad de enfrentar y tomar medidas para la población penal en las cárceles chilenas.
"La realidad de los recintos penitenciarios de nuestro país ha evidenciado que la privación de libertad implica, en sí misma, la privación de otros derechos o medios de subsistencia, tales como el acceso a agua potable, a una atención médica oportuna y a medidas de higiene y salubridad, lo que acompañado de las altas tasas de hacinamiento y de deficiencias infraestructurales serias en varios establecimientos penitenciarios, convierten a las personas privadas de libertad en un grupo especialmente vulnerable a un contagio rápido y masivo, y a un escaso e insuficiente acceso a medidas paliativas que permitan un adecuado tratamiento frente a la enfermedad contagiosa que se vive en el país", señalo la fiscal a cargo.
El informe señalo ademas que de los 42.084 internos, un 30% de ellos son imputados en prisión preventiva, y que aunque se han tomado medidas y activado protocolos estos son totalmente insuficientes, el informe indico que "las condiciones de hacinamiento de nuestros recintos de reclusión impiden realizar cualquier medida de resguardo o paliativa del contagio del virus en forma eficiente o que alcance los estándares requeridos para prevenir su propagación".
Revisa acá el informe:
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