El hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención de miles de personas en todo el país, son crónica de una masacre anunciada si el coronavirus ingresa a las cárceles y comisarías.
Tan grave es la situación en las penitenciarías del país que la Cámara Federal de Casación, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ordenó a todos los tribunales inferiores encontrar modalidades alternativas al encierro en cárceles para el cumplimiento de las penas. Cabe mencionar que más de la mitad de las personas privadas de su libertad lo están con prisión preventiva, es decir, sin condena.
Entre los grupos de personas consideradas vulnerables ante la emergencia sanitaria se encuentran los enfermos graves, mayores de 65 años, mujeres con sus hijos o embarazadas, colectivo trans, personas imputadas de delitos leves no violentos. En la provincia de Buenos Aires se alojan en cárceles casi 46.000 personas, cuando la capacidad es para 21.000 y en las comisarías cerca de 4000, cuando la disponibilidad es para 1.000.
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En medio de la pandemia que preocupa y tiene en cuarentena obligatoria a millones de personas en el mundo, el jefe de los fiscales bonarenses Julio Conte Grand arremetió contra los defensores oficiales de las personas detenidas en los penales bonaerenses, que siguiendo lo pautado por Casación y la CIDH ante la pandemia, solicitaron medidas alternativas de detención para aquellas que integran los grupos de riesgo. A ellos el procurador bonaerense se refirió asegurando que son “desvíos” y “miserias humanas”.
Ante semejante ataque contra los defensores oficiales que no hicieron más que cumplir con su rol de velar por los derechos y garantías de sus defendidos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió una declaración en la que señala con fundada preocupación:
"El rol de la defensa pública es central para la defensa de los derechos de todas las personas detenidas y en particular de los grupos vulnerables que deben acceder a las medidas de morigeración. La defensa pública patrocina a casi el 90 % de las personas detenidas y es quien debe requerir estas medidas a los juzgados. En función de este rol, gran parte de los defensores formularon pedidos por sus defendidos e instaron acciones colectivas para la protección de sus derechos.
En estos días el Procurador General de la provincia de Buenos Aires calificó estos pedidos de los defensores oficiales como “desvíos” y “miserias humanas”, cuestionándolos por hacer lo que deben: velar por los derechos de sus asistidos, lo que en este contexto significa proteger su integridad física y su vida. Las expresiones vertidas preocupan por el contexto crítico en que se inscriben, pero a la vez evidencian un problema grave y estructural que es el de la falta de autonomía de la Defensa Pública.
Las declaraciones del Procurador son particularmente graves en tanto constituyen la persecución de defensoras y defensores de derechos humanos, lo que entre otras cosas podría acarrear la responsabilidad del Estado argentino ante los organismos internacionales de derechos humanos.
Pero hay también otro elemento que le agrega gravedad a la actuación del Procurador General. Por un lado, considera las acciones desplegadas por las defensoras y defensores para garantizar derechos como «miserias humanas» y, por el otro, sostiene en su cargo y garantiza la impunidad del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, procesado por delitos de lesa humanidad (privación ilegal de la libertad y torturas) como agente de inteligencia de la policía bonaerense durante la dictadura militar".
Estos extractos de la declaración de la Comisión Provincial por la Memoria son contundentes. Es que Julio Conte Grand además de ser el jefe de todos los fiscales bonaerenses, es un personaje conocido por los organismos de derechos humanos. Entre otras cosas por el cierre y archivo del trámite disciplinario contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, investigado por su actuación como agente de la Dippba (Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense) durante la última dictadura cívico militar y responsable entre otros crímenes de la desaparición, torturas y posterior asesinato de la joven obrera y militante del PST, Ana María Martinez. En esa oportunidad los organismos de derechos humanos se refirieron a Conte Grand: "Busca garantizar su impunidad".
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¿Y la Secretaría de Derechos Humanos?
Desde que el aislamiento social obligatorio fue decretado, las fuerzas de "seguridad" desplegaron todo tipo de atropellos y violencia contra miles de personas en todo el país. Detenciones, torturas, simulacros de fusilamiento, incluso a menores y niños. Desde que comenzó la cuarentena, estas fuerzas represivas, nacionales y provinciales, todos los días son denunciadas por violaciones a las libertades democráticas. Incluído el ciberpatrullaje ilegal, anunciado de manera campante por la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, que hasta el momento tuvo un joven detenido en base a datos obtenidos en Campo de Mayo. El mismo lugar en el que funcionó Proyecto X, y que vale recordar fue uno de los centros clandestinos más grandes del país durante la dictadura.
Ante todos estos abusos y prácticas ilegales de las fuerzas represivas, la Secretaría de Derechos Humanos dirigida por Horacio Pietragalla, hasta el momento ha sostenido un obsecuente y peligroso silencio. | 
