En la ciudad balnearia bonaerense, perteneciente al distrito de Tres Arroyos, el día 13 de abril, un grupo de vecinos y vecinas se conglomeraron en una casa con el objetivo de expulsar a un recién llegado a la ciudad, que tenía el permiso de migraciones para realizar allí el aislamiento social obligatorio.

La turística ciudad costera, es una delegación de Tres Arroyos, por lo cual es dirigida políticamente por el Movimiento Vecinal, que gobierna hace más de dos décadas, sin permitir que las localidades del partido elijan a sus propios representantes.
El intendente Carlos Sánchez, que va por su quinto mandato consecutivo, gobierna junto al Frente de Todos y Cambiemos, desde que comenzó el aislamiento social obligatorio, vienen desarrollando un discurso que hace énfasis, en concordancia con la línea nacional y provincial, en que las personas son irresponsables porque rompen la cuarentena trayendo como consecuencia la propagación del COVID-19. Este discurso punitivista que utilizan para fortalecer el aparato represivo, quedó demostrado después del primer caso confirmado de coronavirus donde hubo decenas de detenciones arbitrarias de personas que se encontraban haciendo mandados y/o trámites, hacinándolos en la comisaría dónde la policía no usaba barbijos ni había alcohol en gel.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda denunciaron que: “esta política la llevan adelante para evitar que queden en evidencia las falencias de su política sanitaria. En Tres Arroyos, no se sabe la cantidad de test realizados, si están los elementos de seguridad e higiene para el personal médico de la ciudad y las localidades, siempre las grandes olvidadas del vecinalismo. Si el gobierno hiciera énfasis en llevar adelante las medidas sanitarias que se requieren para enfrentar la pandemia, no estaría constantemente aludiendo a la "responsabilidad" individual y no se generaría la "vigilancia ciudadana" que lleva a un "todos contra todos" que conlleva a un clima reaccionario que permite que se intente linchar a un joven que tenía permiso legal de para realizar el aislamiento social obligatorio en el domicilio de la localidad balnearia. Más allá del origen social del ciudadano en cuestión, el hijo de un fiscal, genera malestar porque hay sectores sociales privilegiados, y esto demuestra que el aislamiento social obligatorio no es para todos igual.”

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Y agregaron: “Como conclusión de lo sucedido en éste caso particular, hay que repudiar éste cuasi linchamiento social, que expresa cuales son las consecuencias concretas de ésta política basada en responsabilizar a las personas individualmente y catalogarlas de “enemigo” y así culpabilizarlas de la propagación del virus, en lugar de garantizar las medidas sanitarias demandadas ante una crisis sanitaria de la envergadura, como la que estamos viviendo.”