Desde que se iniciara la crisis del coronavirus en el Estado español y se impusiera el estado de alarma, las direcciones de CCOO y UGT han actuado codo a codo con gobierno de coalición para satisfacer las necesidades patronales.
Este lunes, tras las exigencias de la derecha y la patronal, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos permitía que millones de trabajadores y trabajadoras volvieran a sus puestos de trabajo en sectores no esenciales, especialmente focalizados en construcción e industria.
Esta medida adoptada por Moncloa, que no ha contado con el respaldo ni tan siquiera de todo su comité científico, ha sido valorada por parte de las direcciones de CCOO y UGT a través de un comunicado.
En este “advertían” de la dificultad de imponer y controlar la aplicación de las medidas de seguridad necesarias en todos los lugares de trabajo. Además señalaban que estas medidas no debían ceñirse exclusivamente al puesto de trabajo sino también en el desplazamiento al mismo.
Un comunicado que no señala quién o quiénes deberían ser los responsables de ese control sanitario, quién debería controlar y velar por la seguridad de los trabajadores, ni quién debería facilitar los EPIs necesarios para no contagiarse.
Del mismo modo, ninguna de las direcciones de ambas centrales sindicales cuestiona que se vuelva al trabajo para producir bienes innecesarios para la actual situación de crisis y que ésta vuelta al trabajo esté sujeta simplemente a los intereses de la ganancia de la patronal.
Los dos grandes sindicatos del Estado español ponen nuevamente de este modo su granito de arena para que otra medida destinada a proteger los negocios de la patronal a costa de la vida de millones de trabajadores salga adelante.
Trabajadores y trabajadoras de todo el Estado español han vuelto a salir a producir bienes innecesarios para el actual momento de crisis social y sanitaria y lo hacen arriesgando su salud y la de sus familiares. Todo esto en un momento en el cual la pandemia está lejos de estar controlada, tanto en número de muertes diarias como de contagios, con las UCI y el personal sanitario al límite y sin que la patronal y el Gobierno hayan garantizado las más mínimas condiciones de seguridad tanto en el lugar de trabajo como en los medios de desplazamiento.
Lejos de velar por los intereses de los trabajadores y trabajadoras las direcciones sindicales de CCOO y UGT son cómplices de que las exigencias de la patronal por preservar sus ganancias sean antepuestas a la salud y los intereses de la clase trabajadora.
Esta complicidad se suma a otros posicionamientos a lo largo de esta crisis del covid19 encaminados a legitimar y favorecer todas las medidas antiobreras exigidas por la derecha y la patronal y ejecutadas por el gobierno "progresista" de coalición.
Ya en los primeros días de la crisis, cuando aún apenas se podía vislumbrar el impacto real del coronavirus, los dirigentes de CCOO y UGT junto a la CEOE se apresuraban en solicitar una agilización de los ERTEs para que las empresas pudieran despedir a coste cero a cientos de miles de trabajadores.
Una auténtica ganga para la patronal, que podía deshacerse de sus trabajadores sin repercusión económica y dejando que fuera el Estado, es decir, los trabajadores y trabajadoras con nuestros impuestos, los que soportáramos, como en 2008, el golpe social y económico de la crisis.
A las pocas semanas y una vez se decretó la paralización de toda actividad laboral no esencial, se adoptó bajo real decreto la obligación de recuperar por parte del trabajador las horas de esos días de “confinamiento laboral” obligatorio. Una reforma laboral encubierta en toda regla, que modifica aspectos tan esenciales como la negociación colectiva, entre muchos otros como explica más profundamente en este artículo, CCOO y UGT cómplices de la patronal: piden “esfuerzo, responsabilidad y trabajar más”.
Mientras desde los altos cargos de CCOO y UGT se exige un esfuerzo a la clase trabajadora, bajo el falso discurso de unidad nacional que dibuja un hipócrita estado de la situación en el cual todos y todas estamos en el mismo bando. Y no es así.
La patronal se está beneficiando de una flexibilidad absoluta en obligaciones tributarias y la posibilidad de aligerar sus plantillas, y encima sin aportar dinero. A lo que hay que añadir el crecimiento empresarial de más del 1% interanual desde el 2014 gracias a las reformas laborales del PSOE y PP durante la ultima crisis financiera que no han sido derogadas a pesar de las promesas, ya caducadas, del gobierno de coalición.
Por su parte la clase trabajadora se encuentra por ahora con más de un millón de despedidos, 3,5 millones de trabajadores ante el peligro de no poder cobrar la prestación de desempleo, producto de la saturación de las oficinas de la Seguridad Social por los miles de ERTEs presentados . No parece ser el mismo escenario y no parece que las medidas del gobierno de coalición vayan a salvaguardar los intereses de todos por igual.
La actual situación de crisis en el Estado español es tan solo la antesala de las consecuencias económicas y sociales que el coronavirus dejará para los próximos meses y años. El Gobierno de coalición y la patronal, con la complicidad de CCOO y UGT, están elaborando un plan en donde nuevamente sea la clase trabajadora y los sectores populares quienes paguen esta crisis venidera.
Las direcciones sindicales mayoritarias deben romper su complicidad con la patronal y el gobierno o hacerce a un lado si no defenderá los intereses de quienes dice representar. Los trabajadores debemos responder a esta situación con nuestros dirijentes sindicales a la cabeza o con la cabeza de nuestros dirijentes.
Frente a su programa es urgente imponer una alternativa. Un programa que defienda los intereses de la mayoría. Como apunta el artículo citado anteriormente, es necesario que prohíban verdaderamente los despidos y ERTEs. Y medidas sociales como la suspensión de alquileres, hipotecas, desahucios, cobro de suministros básicos, las cuotas de autónomos y las leyes de extranjería; que garantice una renta básica de cuarentena para quienes se queden sin ingresos, una vivienda o alojamiento digno en base a hoteles o viviendas vacías para quienes no tienen donde quedarse y mujeres que estén en situación de violencia de género, y créditos para autónomos, o pequeños productores abocados a la ruina.
Basta de que jueguen con nuestras vidas y que antepongan sus beneficios a nuestra salud y la de nuestras familias. | 
