La censura ha sido un elemento presente a lo largo de esta crisis sanitaria mundial generada por la pandemia de coronavirus. China ha sido acusada desde el principio de maquillar las cifras y censurar información al respecto de la epidemia desde los primeros momentos de esta crisis, a fin de reducir daños políticos y calmar un posible ambiente de polarización social.
En aquellos momentos, en "Occidente" se señaló dicha censura como una señal del carácter autoritario del régimen chino, hablando de que algo así sería imposible en Europa, aparente zona de países libres. Nuestros democráticos gobiernos jamás mandarían a los sanitarios ocultar información ni vigilarían la actividad de sus profesionales sanitarios fuera de su trabajo en términos comunicativos.
Censura en "Occidente"
Dos noticias de la semana pasada desmontan esta idea de un “Occidente libre”, ya que entre el 8 y el 9 de abril descubrimos que desde la dirección del NHS en Reino Unido (Servicio Nacional de Salud en Inglaterra), hasta el Servicio Andaluz de Sanidad (SAS) aquí en el Estado español, han dado orden a sus trabajadores de no dar información sobre el coronavirus fuera de su horario de trabajo.
Como recoge el británico The Guardian en un artículo hace unos días, el NHS ha mantenido una política irregular de censura, presionando a los profesionales sanitarios a guardar silencio, generando un profundo temor a sufrir una represión que se ha mostrado bastante arbitraria. Dependiendo del centro de trabajo esta se aplica o, por el contrario, se anima a participar en entrevistas a fin de dar una mejor imagen a la sociedad de la situación en los hospitales. Dicha arbitrariedad señalaría que las direcciones del NHS no tendría tampoco muy claro qué hacer en este momento de crisis, dónde la política y economía influyen muchísimo en las decisiones que se toman y que afectan al ámbito de la salud.
Por otro lado, la Junta de Andalucía que ya se ha demostrado que ha gastado dinero público en campañas para mejorar la imagen del propio Ejecutivo andaluz, en mitad de la crisis del coronavirus, continuando sus andanzas como se ha relatado en otros artículos de Izquierda Diario. En este caso, una circular del SAS firmada por su gerente ordenaba no solo no compartir los datos de la lucha contra el coronavirus con los medios de comunicación, sino tampoco informar sobre las propias condiciones de trabajo de los sanitarios, en un momento donde se estaban lanzando duras críticas a dicho gerente por la falta de equipos de protección. Recordemos que un 23% de los contagiados en Andalucía son sanitarios.
Ante esta situación el gobierno de la derecha que controla directamente el SAS lanzaba la siguiente circular: “Se les recuerda a todos los/las profesionales del SAS la obligación que tienen de guardar secreto sobre cualquier información a la que accedan en el ejercicio de su actividad profesional, relativa a pacientes afectados por el coronavirus Covid-19, así como aquellas materias que han sido reservadas reglamentariamente, al ámbito del Ministerio de Sanidad". Obligados pues a guardar silencio mientras los recortes en sanidad, la falta de recursos, la mala gestión de la crisis amenaza sus vidas de forma directa y la de sus familiares.
Los riesgos de normalizar la censura en un ambiente de mayor control social
La existencia de la censura nos señala uno de los peligros de esta crisis, que estamos viviendo y teniendo que asumir, al calor del aumento de los mecanismos represivos y coercitivos del Estado: militarización del país, duras multas, control de seguimiento y rastreo, y hasta “policías de balcón” alentados por la propia histeria generada en los medios de comunicación. De conjunto, una serie de restricciones de la libertad y un ensayo de control social por parte del Estado, que se justifica por la gravedad de la pandemia.
A la falta de test que nos permitan conocer mejor la extensión de la epidemia, sus focos y su forma de moverse, se une que ni siquiera sabemos si nuestros sanitarios están protegidos mientras realizan una tarea tan esencial. Y encima se niega la posibilidad de que ellos mismos puedan denunciar el riesgo mortal que pueden sufrir al ser censurados por la propia Administración Pública. Tenemos pues que confiar casi ciegamente en que las medidas que se toman son beneficiosas para las clases trabajadoras y los sectores populares, ya que se ven justificadas en base a datos que no nos son accesibles, mientras son los nuestros quienes siguen muriendo como trabajadores esenciales, morimos produciendo, sin saber siquiera cómo podríamos evitarlo.
Se ve pues la necesidad de organizar comités de trabajadoras y trabajadores sanitarios que ejerzan una dirección alternativa a la actual para la lucha contra el coronavirus, al mismo tiempo que informen con precisión y sin maquillaje la situación real de la pandemia, los recursos disponibles y las necesidades reales para que la lucha contra el virus triunfe.
Estos comités tienen que ser independientes no sólo del gobierno, sino que tienen que superar a las burocracias de los sindicatos que no han hecho más que subordinarse al plan del gobierno y las empresas. Esta cuestión es esencial si tenemos en cuenta que la clase trabajadora se encuentra siguiendo una falsa dirección en esta “guerra” contra el virus, en la cual nuestros supuestos comandantes toman decisiones que benefician a una minoría mientras mandan a los obreros a morir cual carne de cañón. | 
