Durante el día viernes se conoció una médica del HECA habría resultado positiva para coronavirus. Según trascendió, la profesional comenzó con síntomas luego de haber realizado una guardia de 24hs en el hospital, obteniendo el resultado positivo días después de realizado el estudio. Su novio, médico del SIES, también tuvo un resultado positivo.
La Secretaría de Salud municipal informó que 25 trabajadores que tuvieron contacto con la profesional se encuentran aislados, y que en un único caso (que presentó fiebre) se realizó el test para coronavirus. No se informó, en cambio, si se han realizado test a la totalidad de los trabajadores ni los resultados de los mismos.
En un posteo de Facebook, el novio de la médica afectada criticó a quienes “escrachan” a los profesionales de la salud que se contagian e intentan culparlos de los riesgos. Por eso, es necesario ser claros: la situación actual, que implica riesgo de contagio para los pacientes y trabajadores de la salud, no depende, de ninguna manera, la responsabilidad individual de los profesionales que diariamente ponen en riesgo su salud. Más bien, es un producto de decisiones políticas a nivel nacional y provincial.
Enfermeros, camilleros, personal de limpieza, médicos, administrativos, se exponen diariamente no sólo a la posibilidad de contagio, sino a los riesgos que conlleva un sistema de salud que sigue siendo víctima del desfinanciamiento crónico. Desde la aparición de los primeros casos en la Argentina, múltiples voces han señalado la necesidad de la realización de test masivos, enfocados hacia pacientes con síntomas (incluyendo casos leves y sin riesgo epidemiológico), personas que hayan estado en contacto con casos positivos y trabajadores de la salud, como forma de implementar medidas preventivas que permitan disminuir el riesgo de contagio.
Pero los gobiernos nacionales y provinciales han decidido desde un primer momento limitar la realización de test sólo a casos graves, grupos de riesgo sintomáticos y personas con antecedente de viaje. A pesar de que la circulación real de coronavirus en la comunidad ya se encuentra demostrada, persiste la negativa a la realización de test al personal de salud que se encuentra en la primera línea de fuego. Paradójicamente, esta negativa de realizar test de forma masiva, justificada en la falta de recursos para adquirir reactivos, se daba en simultáneo con el pago de más de 400 millones de dólares en intereses de deuda externa.
La pandemia de coronavirus pone en evidencia las debilidades del sistema de salud nacional, provincial y municipal. La falta de presupuesto, los negociados con la salud privada y la precarización laboral son lo que ponen en riesgo a trabajadores y pacientes. Los mismos que en cámara hablan maravillas y aplauden a los trabajadores de la salud hacen silencio sobre la situación de precariedad en la que ellos se encuentran hace décadas. La amplia mayoría de quienes atienden pacientes, limpian habitaciones, realizan cirugías y hacen funcionar el sistema de salud son trabajadores precarios, monotributistas o con contratos basura. Para la mayor parte de ellos, contagiarse no sólo es un riesgo para la salud, sino que implica perder al menos dos semanas de sueldo o directamente quedarse sin trabajo.
Mientras no se garantice la realización de test de forma masiva, el pase a planta permanente del conjunto de los trabajadores de la salud y la plena disponibilidad de elementos de trabajo y bioseguridad (incluyendo EPP), se seguirá poniendo en riesgo no sólo a los pacientes, sino al personal de salud que diariamente pone el cuerpo en la primera línea de fuego. También resulta indispensable en cada lugar de trabajo la organización de comisiones de higiene y seguridad donde sean los propios los trabajadores y profesionales de la salud quienes puedan discutir y el cumplimiento de las medidas adecuadas de seguridad, que tengan los insumos necesarios para trabajar y abordar de forma colectiva todas las dificultades que surjan. |
