La tarde del 14 de abril las Mujeres Organizadas (MOFFyL) que mantenían tomada la Facultad de Filosofía y Letras convocaron a las autoridades universitarias para hacer entrega de las instalaciones de la escuela. Según los comunicados que fluyen, la entrega de las instalaciones se enmarca en la emergencia sanitaria producto del COVID-19 y no por la solución de las demandas de su pliego petitorio.
En su comunicado, las MOFFyL, expusieron que las autoridades no habían cumplido por completo con sus demandas y que cuando solicitaron ayuda para contar con las medidas sanitarias necesarias, las autoridades hicieron caso omiso diciendo que la exposición de las paristas a la pandemia era responsabilidad de ellas. Finalmente, tras la entrega de las instalaciones, felicitaron a las MOFFyL por su decisión de resguardarse en casa, pues “la salud es sin duda la prioridad”.
Siendo las autoridades universitarias quienes se han negado sistemáticamente a ofrecer una salida a la crisis de violencia contra las mujeres que se vive en la facultad y la universidad, resalta su respuesta cínica e indiferente, que demuestra nuevamente que la solución no vendrá de ellos mismos, quienes han sentado las bases para que los casos de violencia se reproduzcan.
Más allá de las diferencias que podamos tener con las demandas y métodos, es importante dejar en claro que denunciamos a las autoridades como las principales responsables por llevar la situación de la facultad hasta este contexto. El que se acabe esta toma no puede ser pretexto para las autoridades para reforzar sus medidas represivas, levantar actas y atacar a los sectores organizados independientes, más allá de las MOFFyL.
Un balance necesario
En los cinco meses que transcurren desde que inició la toma, el proceso ha pasado por diferentes momentos. Existen algunos elementos que se mantuvieron a lo largo de estos meses, tales como el aislamiento, la falta de espacios democráticos para la toma de decisiones y los diálogos sostenidos con las autoridades universitarias, posicionándose como las únicas interlocutoras “válidas”.
Como un eje que atraviesa a todos esos puntos está el actuar de las autoridades universitarias. En todo momento intentaron llevar las demandas del movimiento de mujeres a un terreno donde el régimen universitario saliera fortalecido, demostrando que una salida contra la violencia no saldrá nunca de las autoridades, sino a través de la autoorganización del conjunto de la comunidad con una perspectiva que apueste a la transformación de la universidad.
En ese sentido, una de las demandas de las cuales se aprovechó la autoridad fue la modificación de la legislación universitaria, y la reforma al estatuto del tribunal universitario. Lo más grave de esto es que da mayores capacidades coercitivas a las autoridades universitarias, empezando por el tribunal universitario.
Aislamiento y antidemocracia
El aislamiento —a partir de excluir a la mayoría de la toma de decisiones— se convirtió en el gran obstáculo que nunca se quiso revertir y que a la larga se convirtió en un elemento de desgaste bien aprovechado por las autoridades. La estrategia seguida por las MOFFyL nunca le apostó a ganar a la mayoría de la comunidad ni a incrementar la correlación de fuerzas a favor de los sectores organizados.
Aunque las demandas por violencia de género eran muy sentidas por gran parte de la comunidad, en los hechos se renunció a construir espacios amplios de discusión para convencer a cientos de estudiantes, academicxs y trabajadoxs de impulsar de conjunto las demandas del movimiento de mujeres. En cierto sentido, se pensó que la toma de un edificio podía sustituir la lucha colectiva de personas de carne y hueso.
La espalda a la comunidad y la mano a la autoridad
Si no hay confianza en la fuerza de la comunidad organizada de la FFyL, vale la pena preguntarse en quién decidieron confiar las MO que mantuvieron la toma de la facultad. Desgraciadamente, como un enorme paso atrás para el movimiento estudiantil y de mujeres, parece que la apuesta fue confiar en las salidas que desde la dirección de la escuela y de la rectoría podían ofrecerse.
La modificación de la legislación universitaria ofrece un buen ejemplo de los límites y los peligros de esa decisión. Sin la correlación de fuerza de lado de las MOFFyL y en el terreno de la legalidad universitaria, era de esperar que las modificaciones a la legislación fueran utilizadas por la rectoría para fortalecerse. Ya sea por mostrar una careta de apertura o porque la manera en que quedó la redacción final del estatuto es lo bastante ambigua para poder utilizarse en contra de aquellos sectores organizados que le son incómodos a la autoridad. Además de que reproduce de cuerpo entero una lógica punitiva que de ninguna manera podrá dar solución al problema estructural de la violencia contra las mujeres.
Por otro lado, la forma en que se eligió a la Comisión Tripartita “Autónoma” (CTA). Primeramente, sin la participación masiva de la comunidad, y después, limitándose a los marcos de la misma legislación universitaria. Representa el peligro de terminar institucionalizando a los sectores organizados de mujeres.
Desde nuestro punto de vista, estas debilidades y peligros parten, entre otras cosas, de no establecer como punto de partida y de llegada la necesidad irrenunciable de organizarnos de manera independiente de toda autoridad universitaria y del gobierno; de intercambiar la discusión democrática en asambleas por la discusión con las autoridades, sin que de por medio esté el control democrático de la comunidad, con representantes electos, revocables y rotativos que sólo respondan al mandato de las asambleas.
Las autoridades históricamente han demostrado que no están para cuidarnos y menos para cumplir las demandas del movimiento estudiantil y de mujeres. Sin embargo, en su lógica eligieron como único interlocutor a las autoridades, en mesas de diálogo donde no participaba el conjunto de la comunidad y se negaba la presencia y participación de quien no estuviera en esa lógica. Y sin el impulso de la movilización masiva independiente.
Esta situación se enmarca en la ofensiva que la rectoría tuvo durante este semestre, quitando cubículos y atacando a sectores disidentes que luchan por la defensa de la educación pública y gratuita, y contra la violencia. También se muestra en la capacitación de cuerpos de vigilancia al interior de la universidad, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las amenazas de la rectoría y de las direcciones de distintas escuelas de proceder con demandas penales contra aquellos que realicen “destrozos en las instalaciones” pudiendo bien, echar mano de la reciente modificación la legislación Universitaria.
¿Qué hacer contra la violencia y ante la pandemia?
A pesar de todos los esfuerzos por plantear a las autoridades demandas y salidas sobre la violencia hacia las mujeres dentro de la universidad, habría que pensar que estas medidas, por sí solas, no erradican de raíz la violencia de género, ya que se siguen ignorando los problemas y demandas que las docentes y trabajadoras pueden presentar. Más aún, si estas medidas no cuestionan radicalmente el sistema político y económico sobre el que sienta sus bases el patriarcado, la opresión y violencia hacia las mujeres. Para esto proponemos un plan integral contra la violencia hacia las mujeres en la UNAM.
Por otro lado, ante la crisis sanitaria que representa el COVID-19, se tendría que comenzar a pensar a las universidades como centros a disposición de la población afectada, exigiéndoles a las autoridades que se realicen las adecuaciones necesarias dentro de las aulas para poder hacerle frente a esta pandemia. Cosa que, lamentablemente, no se ha podido hacer a causa del carácter que lleva la toma de las instalaciones dentro de la universidad. | 
