Pese a que los datos oficiales indican una curva aplanada del COVID-19 en el país, hay una situación angustiante para miles de familias: garantizar el sustento diario en tiempos de cuarentena es casi imposible cuando la circulación es limitada, la imposibilidad de trabajar para muchos es un hecho, la hiperinflación se acentúa y los bonos del gobierno no alcanzan para nada.
Son un cúmulo de variantes que se han acentuado en las últimas semanas de cuarentena en el país, todas ellas profundizando la situación catastrófica de las familias venezolanas que ya se presentaba antes de la pandemia. Desde los anuncios oficiales de la cuarentena que se dieron a conocer luego del primer caso de COIVD-19 el pasado 13 de marzo, muchas familias venezolanas se enfrentaron a una terrible pregunta. ¿Cómo conseguir el sustento diario si no podemos salir a la calle?, y es que buena parte de los trabajos que tienen los venezolanos para enfrentar la crisis son ligados a la económica informal o “rebusques”, relacionado con la compra y venta de artículos, o el ofrecimiento de diversos servicios, la limitación de poder ejercer estos oficios en cuarentena pone en una grave situación a miles de familias.
La respuesta del gobierno
El gobierno nacional lanzó algunas medidas días después de decretar la cuarentena, para “paliar” la implicaciones económicas y sociales que está trayendo esta situación inusual a nivel mundial, pero como veremos a continuación son “más bulla que la cabuya”.
La más importante que anunció fue la entrega de dos bonos especiales, el primero entregado los primeros días de cuarentena “Bono Disciplina y Solidaridad”, que constaba de unos 350 mil bolívares y el segundo el “Bono Quédate en Casa” de unos 450 mil, lo que quiere decir que en total se ha entregado unos 800 mil bolívares en poco más de 30 días de cuarentena o lo que es igual 8$ aproximadamente para un mes de confinamiento. Es más que evidente lo insuficiente del bono y tomando en cuenta lo limitado de las asignaciones, principalmente pensionados o empleados del sector público, hay miles que se quedan por fuera de esta asignación, impulsándolos a salir de casa para buscar un sustento con todo lo que eso conllevaría en estas circunstancias.
Otros anuncios son más de lo mismo.
La ratificación de la inamovilidad laboral, este decreto viene de finales del 2015, sin embargo, cada vez es más una formalidad que un hecho real, es casi un chiste pensar que los patronos cumplirán esta medida, ya que ni el mismo estado se atiene a ella: en realidad, si ya antes de la pandemia venían despidiendo con el aval del Gobierno, hoy se están dando miles de despidos con más impunidad aún, dejando en el mayor desespero a miles de padres y madres de familia.
La suspensión del pago de alquileres residenciales y comerciales, en un país donde la mayoría de los alquileres son pagados en moneda extranjera, con contratos de palabra o con poco peso legal, es otra farsa más que, sobre todo, las familias que habiten en zonas populares, se nieguen a pagar estos alquileres, sin que eso les traiga muy malas consecuencias. En este punto también hay que recalcar que no se diferencia entre los grandes terratenientes inmobiliarios y las familias que alquilan un cuarto o un anexo de su casa para recaudar algo más de dinero que ayuden a sostenerse económicamente.
Algo peor pasó con el medida de prohibir aumentos y cortes de las comunicaciones, porque allí sí hay contratos formales y unos cuantos operadores claramente ubicables, pero todos siguen cortando los servicios de telefonía celular al consumirse el plan o el saldo, y ese todos incluye a la propia compañía del Estado, Movilnet. Pura mentira la tal medida.
Junto con estas, que son las más relevantes medidas “de protección social”, el gobierno pretende afrontar la situación de miles que se quedan sin un sustento real en medio de la cuarentena. Veamos cómo otras variantes profundizan estas penurias del pueblo trabajador.
Los escasez de gasolina, las fallas eléctricas, del gas doméstico y el agua
Los problemas con el abastecimiento de combustibles ya se venían presentando desde hace meses atrás, sin embargo, ha coincidido con la crisis del COVID-19 su agudización, incluso mostrando kilométricas colas en la ciudad capital, caracterizada por estar bien abastecida en los peores escenarios con la gasolina en el pasado. Podemos decir entonces que la cuarentena frenó un poco el colapso de la escasez que expertos ya venían anunciando, pese a eso hoy vemos cómo las bombas y estaciones de servicio están militarizadas y se adornan de decenas de autos estacionados por horas a la espera de llenar el tanque, muchos incluso pertenecientes a sectores esenciales en medio de la pandemia, como trabajadores de la salud o de la alimentación.
Ni qué decir de las constantes denuncias en redes sociales por la corrupción de los funcionarios policiales y militares que privilegian a unos, pago en dólares de por medio, en detrimento de otros. Otro punto alarmante con el combustible es el trasporte de los alimentos del campo a las ciudades, ya hemos visto cómo campesinos denuncian la pérdida de cosechas enteras por no poder transportarla. Si se mantiene así la situación no pasará mucho tiempo para que la escasez de alimentos agrícolas se empiece a notar.
A un año de los tristemente recordados apagones nacionales, la situación de la energía eléctrica en el país no varía mucho, y en la cuarentena, cuando miles de familias tiene, que estar en casa se convierte en una situación angustiante sobre todo en los sectores populares donde el hacinamiento es mayor. Los estados más afectados son Zulia, Lara, Portuguesa, Mérida, Táchira, Barinas, Aragua y Distrito Capital, siendo #SinLuz una etiqueta recurrente en Twitter, para evidencia y reportar las constantes fallas eléctricas en distintos estados del país.
La falta de agua, algo tan elemental en la vida cotidiana en general, y más aún necesario para combatir este virus, es otro drama que se profundiza. Son generalizadas las fallas del agua en diversas ciudades y pueblos del país, con casos de semanas y hasta ¡meses! El gas doméstico por bombonas, es decir, el que usa la gran mayoría de las comunidades populares, es otro calvario, tanto por la falta de suministro regular como por la especulación (y mercado negro) con los precios.
Devaluación e hiperinflación, una combinación mortal en la cuarentena
La disparada del precio del dólar solo en cuarentena es de más de 30 puntos para el dólar oficial y de más de 50 para el paralelo, cifra esta más ajustada a la realidad del pueblo trabajador cuando asiste a un mercado para comprar alimentos y enseres de primera necesidad. No es necesario recordar que casi la totalidad de los costos de los productos en el país son dictados por el precio del dólar, este superó la barrera de los 100 mil bolívares la semana pasada según datos del Banco Central de Venezuela (BCV), lo que impacta directamente en la subida de los precios.
Los precios suben constantemente en medio de la pandemia y el comparar precios actuales con los previos a la cuarentena es un ejercicio macabro. Por ejemplo, un cartón de huevos se podía conseguir por unos 300 mil bolívares antes de la cuarentena, en estos momentos supera los 550 mil bolívares; un kilo de carne de la más económica se podía conseguir por 280 mil bolívares, hoy supera los 500 mil; un aceite 150 mil, hoy 320 mil; un arroz 80 mil, hoy en el mejor de los casos 130 mil. Y la historia se repite con todos los productos de la cesta básica, recordemos que el salario se mantiene igual en 250 mil bolívares.
El escenario no puede ser peor… a menos que quieras protestar por esta situación. En este caso los organismos de seguridad del Estado actuaran rápido para “garantizar el orden público”, y hasta de “terrorismo biológico” puedes ser acusado.
Las primeras medidas represivas luego de anunciar la cuarentena fueron contra los trabajadores de la salud, muchos de ellos denunciaban las condiciones poco seguras a la que los obligaban a trabajar.
El 17 de marzo Rubén Duarte, enfermero del estado Táchira es detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), por publicar un video en Twitter sobre las pésimas condiciones laborales, un caso parecido ocurrió en Monagas con Julio Molino, otro trabajador de la salud. Días después salía a la luz un polémico video donde la enfermera Emily Márquez denunciaba las condiciones laborales a las que eran obligados a trabajar, además pedía que se le dieran los resultados de la prueba de coronavirus, ya que presentaba un cuadro febril desde hace días para descartar un posible contagio. Fue acusada por un dirigente de la política nacional de estar recibiendo dinero de la oposición y presentada al escarnio público como una mentirosa, se supo por familiares y amigos que recibió amenazas e intimidaciones de funcionarios de seguridad. Decenas más denunciaban presión por parte de las directivas de los hospitales para que los trabajadores cumplieran las guardias aun sin los implementos de bioseguridad necesario, bajo amenaza de despido.
Otro caso sonado en estos días de cuarentena es la detención del periodista Darvinson Rojas por parte del FAES, la razón al parecer la denuncia del periodista a la opacidad de las cifras del gobierno y el reportaje de presuntos casos no confirmado de COVID-19.
En las últimas semanas la represión no se ha quedado solo en los trabajadores de la salud y la prensa, abarcando también a sectores Wayuu que protestaban por comida en la Guajira zuliana. En Guayana son detenidos dos trabajadores por “reenviar cadenas de whatsapp”, Elio Mendoza, supervisor en Planta de Pella de la Siderúgica del Orinoco (Sidor) y Tania Rodríguez, ex-trabajadora de Ferrominera, esta última por reenviar el mensaje, en los cuales se hacía referencia a figuras del gobierno nacional.
Recordemos que dos trabajadores de Guayana se mantienen presos injustamente en medio de la cuarenta: Rodney Álvarez es un trabajador de Ferrominera del Orinoco que lleva preso 8 años sin sentencia y sin juicio, y Rubén González es el principal dirigente de Sintraferrominera, que fue encarcelado a finales de 2018 cuando volvía a Guayana de una marcha unitaria por los derechos de los trabajadores en Caracas. Varias organizaciones sociales han pedido su liberación en medio de la situación excepcional del coronavirus pero el gobierno ha hecho caso omiso.
En Falcón y otros estados donde la situación de los servicios públicos y los alimentos son catastróficas se han reprimido concentraciones y protestas con saldo de heridos y detenidos.
¿Qué medidas necesitaría exigir el pueblo trabajador para enfrentar la crisis en medio de la pandemia?
Las siguientes medidas deben ser exigidas por el pueblo trabajador para frenar la catastrófica situación económica que ligada con la pandemia atenta incluso contra la existencia física de muchos.
Prohibición de despidos, ingreso no menor al costo de la canasta básica para los trabajadores dependientes y por cuenta propia. Son decenas de miles las familias que no tienen como sobrellevar las necesidades básicas durante la cuarentena. El Estado y los empresarios deben garantizar a los asalariados un ingreso que cubra como mínimo el costo de la canasta básica: alimentos, medicina, transporte y servicios. Y lo mismo a los no-dependientes mientras no puedan laborar. Es decir, algo muy superior al pírrico monto que se otorga hoy por los “bonos de la patria”.
Eliminación del IVA para los productos de la canasta básica, impuestos a las ganancias y grandes capitales nacionales y extranjeros. ¡Ya basta de alcahuetería con los empresarios y meter mano al maltrecho bolsillo del pueblo! ¿Cómo es posible que en medio de las calamidades del país y con un Estado quebrado, sigan exonerados de impuestos los grandes pulpos petroleros y numerosos sectores empresariales? De allí deben salir recursos para atender las necesidades de la emergencia sanitaria y social.
La distribución y los precios de los alimentos, medicinas y productos para prevenir el contagio deben ser controlados por los propios trabajadores y las comunidades conformados en comités para ese fin. ¿Hasta cuándo va a sangrar el pueblo porque se antepone el lucro privado? ¡Y más aún en estas circunstancias! El gobierno se limitó a acordar “precios accesibles” con los empresarios de las farmacias, pero todos sabemos que, en una simple mascarilla, un frasco de alcohol y un jabón se va más del sueldo mínimo, además que “escasean”. Todos los precios de los bienes de primera necesidad deben ser revisados y fijados por esos comités, así como la distribución, teniendo acceso a toda la información sobre los niveles de ganancia, de producción y de stock, lugares de almacenamiento, cadena de producción y distribución, para evitar mentiras, chantajes y mafias. Ni bajo control de los empresarios ni de los militares y burócratas. Con eso se debe garantizar la distribución gratuita y masiva al pueblo de cuestiones elementales para combatir el virus (mascarillas, alcohol, jabón, etc.).
Repatriación forzada de capitales. Conminar a todos los que desangraron al país a traer todos esos recursos que hacen falta con tanta urgencia, o caso contrario, estatizar sus bienes en el país y enjuiciarlos con pena de prisión. Lo que ha causado ese desfalco al país, y lo que aún pueden causar, es drástico, drásticas tienen que ser las medidas para revertirlo.
Desconocimiento y repudio de la deuda externa. El país se terminó de arruinar y sumir en la tragedia por destinar los disminuidos recursos que tenía a satisfacer la usura del capital financiero.
Abajo las sanciones imperialistas. El gobierno ha renovado la exigencia de que se levanten las sanciones, y aunque las usa como pretexto para ocultar su responsabilidad en el desastre nacional, es un hecho cierto que, si antes de esta emergencia ya eran repudiables y criminales las confiscaciones de bienes del país, retención de recursos y bloqueo parcial, hoy lo son en grado extremo. Incluso diferentes organismos internacionales, como la Cepal y la Comisionada de la ONU para los DD.HH. se han pronunciado por su levantamiento. Debemos exigir con más fuerza que nunca el cese de esas medidas y repudiar con todo a los políticos que, como Guaidó, las aplauden.
No a la utilización del peligro para profundizar el autoritarismo y el control burocrático-militar de la población. El gobierno se siente en su elemento tomando las medidas de control policíaco desplegadas, aprovecha la ocasión para reforzar ese “estilo” de gobernar. Debemos rechazar eso de plano, lo peor en medio de esta situación es que la misma casta cívico-militar que ha llevado a la ruina el sistema de salud, al colapso de los servicios públicos y destruido el salario, acalle las exigencias legítimas del pueblo. No le otorgamos al gobierno más idoneidad y sensatez para decidir si debe realizarse o no una reunión, asamblea o manifestación, y en qué condiciones, que la que puedan tener las propias organizaciones en lucha y comunidades afectadas.
Libertad inmediata y plena Rodney Álvarez, Rubén González y demás trabajadores presos por luchar. Si ya era deplorable que estén presos, mal alimentados y sin atención médica, por luchar por sus derechos, lo es más aún en estas circunstancias que los ponen en mayor riesgo.
