Aunque los números preocupan, desde el gobierno advierten que no es un cambio sustancial respecto a 2019. Pero eso tampoco dice mucho. Y hay otros datos que alarman: crece el hambre y el desempleo y las mujeres y niñas son las más pobres entre los pobres. Por lo tanto, también son las que menos autonomía material tienen para salir de la violencia.
¿Cuál es su situación en medio de la pandemia? ¿Porqué crecen los llamados de emergencia a la línea 144, de atención y acompañamiento a las víctimas de este flagelo? ¿Qué están haciendo el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, las instituciones del Estado?
Hasta ahora, la respuesta estatal se concentra en la difusión de la línea 144, que comenzó a funcionar con una nueva modalidad, “el barbijo rojo”, para pedir ayuda en las farmacias.
Y aunque según los datos oficiales los femicidios no aumentaron considerablemente, los llamados a esa línea sí aumentaron.
La ministra Elizabeth Gómez Alcorta contó hace poco que la línea 144 recibió un 39% más de llamadas que lo habitual, muchas de ellas de urgencia y la gran mayoría llamó por situaciones violencia dentro del hogar.
El debate sobre qué hacer con esto en cuarentena está bastante presente. Y hay algo que preocupa en este marco y es que en los medios comienza a decirse que esta es una oportunidad para que las fuerzas de seguridad “intervengan”, que “colaboren” en el tema.
El diario Página 12 por ejemplo publicó hace poco una nota de dos investigadores del Conicet, que integran el Observatorio de Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Gabriela Seghezzo y Nicolás Dallorso, con el título “Elogio a la policía del cuidado”, donde plantean que hay que pensar la pandemia como una “oportunidad” para visibilizar que “las tareas que llevan adelante cotidianamente las policías se asemejan más a las tareas de cuidado que a las de una persecución y represión penal: por ejemplo, la mediación en conflictos barriales, la atención de mujeres víctimas de violencias, la contención de personas vulneradas, entre otras tantas", y estoy leyendo textual.
Hoy vemos a la Gendarmería y otras fuerzas repartiendo comida, en un intento de humanización de estas fuerzas, pero hasta el propio gobernador Kiciloff y su ministro de seguridad Sergio Berni han hablado de la necesidad de contención social, y ya han mostrado qué quiere decir eso. Lo vimos en el frigorífico Penta.
Quienes llaman a elogiar y aplaudir a la policía que sería bueno que investiguen cuál es el rol de estas fuerzas en general, y en particular en cuarentena. Repasemos nada mas que los últimos días y solamente atendiendo a esto que nos preocupa, la violencia de género:
1. San Luis. Florencia Magalí Morales fue detenida por la Policía de Rodríguez Saa por violar la cuarentena cuando iba a comprar comida para sus hijos. Apareció muerta en la celda de la comisaría y la causa pasó al Juzgado con la caratula “averiguación de suicidio” en base a lo declarado por “fuentes policiales”.
2. Salta: La docente y presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, Irene Cari, estuvo 8 h detenida por quebrar la cuarentena cuando iba a denunciar una situacion de violencia de género que sufría una joven, de 16 años. Denunció que la golpearon y no supo nunca porqué estaba detenida.
3. También en Salta , 25 personas, la mayoría de la comunidad wichí, mujeres con sus hijos, ancianas, personas enfermas que habían viajado para cobrar el plan social, fueron detenidas 11 horas en la ruta por la policía local, “sospechados” de romper la cuarentena.
4. Jujuy. Esto también es violencia contra las mujeres, contra las más pobres, contra las racializadas. Vimos lo mismo ayer en Mendoza: una trabajadora golondrina jujeña perdió su embarazo luego de días de estar en la terminal, retenida, mientras se cuida los intereses de bodegueros y empresarios de la fruta
5 Ampliación de la atención, a ¿cago de Defensa? Un hecho preocupante, que estuvimos tratando de esclarecer con fuentes del Ministerio de Defensa y de MGyD, es el confuso anuncio de que se ampliaría la atención a las víctimas de violencia con personal de las FFAA, del Ejército y de la Gendarmería.
No pudimos confirmarlo en ningún material público, pero desde ambos ministerios nos dicen que sólo atañe a estas fuerzas que dependen del Ministerio de Defensa, aunque no queda claro si es para denuncias al interior de las mismas, o para las víctimas de violencia que trabajen en esas fuerzas en general, lo que entraría en competencia con el rol del Ministerio de Género, cuanto menos, y cuanto máximo sería un salto muy preocupante, porque desde la caída de la disctadura que estas fuerzas no intervienen en estos asuntos, que se llaman “privados”.
6. Ciudad de Buenos Aires. Tres personas travestis fueron detenidas en el barrio de Constitución por supuesta "violación de cuarentena". Habían salido del Hotel donde viven, hacinadas, a comprar comida. El atropello policial incluyó que las esposen y las traten todo el tiempo en masculino, sin respetar siquiera la Ley de Identidad de Género. Filmaron todo el operativo para el ministerio de Seguridad y les dijeron que si estaban disconformes con el trato "regresen a su país".
La ampliación del poder policial y el mecanismo de vecinos convertidos en denunciantes compulsivos son la base para legitimar cualquier giro autoritario o represivo.
Lo vimos con Morales en Jujuy, pero ese es también el discurso del Frente de Todos. Lo confirman los anuncios de Alberto Fernández desde La Matanza, anunciando que triplicarán el número de gendarmes.
Este sin dudas puede ser uno de los males que heredemos de la crisis del COVID-19, por eso debería cuanto menos estar en debate.
Que se esté hablando desde los medios, la academia y el feminismo de “las políticas de cuidado” para definir el accionar policial, es muy preocupante.
Por lo menos es un camino de ida. Sobre todo, en un país donde uno de cada cinco femicidios es perpetrado por un integrante de las fuerzas de seguridad que utiliza el arma reglamentaria (CORREPI). “Esto da cuenta de cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal”, advierten desde el organismo que preside María del Carmen Verdú.
Años de trabajo y militancia incansable de organismos de DDHH, del movimiento de mujeres, permitieron desenmascarar esto.
Ahora. ante un discurso que busca legitimar el accionar de las fuerzas de seguridad, hay que poner la emergencia sanitaria y de género en el centro del debate.
La ausencia de refugios, de planes para el acceso a las viviendas y el empleo, de licencias pagas para todas las víctimas y sus familias, de subsidios que garanticen el ingreso igual al costo de la canasta familiar, de acompañamiento de equipos interdisciplinarios, entre otras medidas básicas, que ya se deberían estar implementando, hoy condenan a las que menos tienen.
Eso es lo que plantea, en el camino de fortalecer la lucha contra la violencia machista y patriarcal, el proyecto que desde 2015 presentan en el Congreso Nicolás del Caño y Myriam Bregman. Ese proyecto, más actual aún, todavía espera tratamiento. ¿Lo incorporará el Congreso al temario de sesiones virtuales que pide el oficialismo?
Qué discursos se legitiman desde la academia en el marco de la crisis; cuál es el rol de la universidad, de los investigadores; qué rol está jugando el feminismo y el movimiento de mujeres, son preguntas que quedan abiertas para el debate.
Mientras tanto, destacar una cosa: los y las verdaderas esenciales, las mujeres y varones de la clase trabajadora, siguen siendo quienes están en primera línea dando respuesta a este flagelo. No debería pasar por alto para quienes buscan terminar con este histórico flagelo.
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