Finalmente, después de varios meses, el Gobierno argentino formalizó la oferta de reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera. Lo hizo desairando a quienes se entusiasmaban con la posibilidad de que el convulsionado panorama internacional terminara decidiendo a la administración a arrimarse a una declaración de cesación de pagos. Algo que esta gestión ya había dejado en claro no era su intención, cuando pagó puntualmente todos los vencimientos de capital a intereses bajo legislación extranjera con dólares contantes y sonantes, apropiados al Banco Central. Una factura que insumió nada menos que USD 5.000 millones de dólares, que se suman a los generosos pagos en pesos (y a la deuda que no fue saldada en dinero pero sí canjeada por otros bonos, lo que en total deja una factura de pagos y refinanciaciones por USD 25.000 millones en cuatro meses).
La oferta presentada este jueves abarca títulos por USD 66.238 millones. Se trata de uno de los cuatro capítulos de la renegociación de la deuda argentina. Los otros tres son: la deuda en bonos bajo legislación local (a diferencia de los que son bajo ley extranjera no habilitan la posibilidad de hacer juicio al Estado argentino en Nueva York u otras plazas); la del Club de París (que se va a refinanciar a la costosa tasa de 9 % que también pagó Macri, tal como quedó pautado por la negociación que hizo Axel Kicillof con este consorcio de acreedores en 2014 cuando era ministro de Economía), y los pasivos con organismos internacionales, la mayor parte con el FMI.
La negociación con los bonistas bajo ley extranjera es la más crítica para definir si el país entrará o no en otro default, escenario que se viene haciendo más plausible en los últimos meses y al cual el gobierno de Alberto Fernández llega en la mayor de las vulnerabilidades. Por haber decidido continuar con los pagos de deuda en dólares desde que asumió, tomando para eso USD 5.000 millones del Banco Central, llega a los momentos definitorios de la reestructuración sin reservas sobrantes.
Los lobos de Wall Street, no tan frustrados
Hace algo más de dos meses, Guzmán sostenía que “los bonistas que se sentirán frustrados”. Daba a entender así que la oferta de canje de bonos traería una fuerte quita, con pérdidas para los acreedores.
Pero al final no será tan así. De acuerdo a lo informado por el ministro Guzmán, la oferta cuyos detalles se terminarán de hacer públicos este viernes, se centrará en tres aspectos. En primer lugar plantea un período de gracia (período en el que se dejará de pagar capital a intereses) de tres años. En 2023 recién empezarían a correr vencimientos. En segundo lugar, una reducción bastante fuerte de intereses. La oferta incluye pagos iniciales de intereses de 0,5 % anual, que irían aumentando en períodos posteriores, y en promedio serán de 2,33 %. La quita en intereses promedia 62 % según detalló Guzmán. Una tercera dimensión es la quita de capital, que será finalmente de solo 5,4 %.
Recién con la letra chica se podrá evaluar cuánta es la quita del conjunto de la oferta (que surge de la combinación entre estiramiento de los plazos, y reducción de cupones y capital). Pero en principio se puede evaluar que la propuesta, que Guzmán consideraba nada menos que “refundacional”, involucra un recorte para los acreedores de 45/50 %. Mucho menor que el 60 % o más que temían los bonistas hasta ayer por la tarde.
Esta grata sorpresa (para los usureros) se reflejó en el valor de algunos títulos. El Bonar 2024 crecía 9,84 %; el Bonar 2020, 5,03 % y el DICYD con vencimiento en 2033, 4,96 %.
De acá en más se abre un período sinuoso, de más o menos 20 días de tira y afloje, que el plazo pautado por Guzmán para cerrar el canje con éxito, o arrimarse definitivamente a la cesación de pagos. Con la atención del mundo financiero internacional claramente puesta en otro lado, la prioridad de la negociación argentina quedó relegada. Si eso favorecerá o perjudicará el acuerdo, es materia de debate entre todos los analistas.
Cualquiera sea el resultado, una cosa es clara: en esta negociación, si solo se aceptan estos resultados como los únicos posibles, perder es la única posibilidad que puede esperar el pueblo trabajador.
Otra convalidación de la deuda odiosa
“Se la llevaron tus amigos”, le decía Fernández a Macri durante la campaña electoral. Se refería a la deuda contraía por su gobierno ante el FMI, que había permitido que el gobierno anterior pudiera seguir pagando deuda mientras continuaba la acelerada fuga de capitales. La sentencia del entonces candidato, hoy presidente, vale no solo para la deuda contraía con el organismo internacional de crédito (que prestó a sabiendas de que la vorágine macrista era inviable) sino para todo el desenfrenado aumento de pasivos del ciclo anterior, que el muerto que ahora Fernández busca levantar.
Lejos quedaron los tiempos de estas denuncia para el Frente de Todos. El año 2019 terminó con la aprobación de una ley de "solidaridad", que obligaba a buena parte de la sociedad (pero no a los banqueros ni otros ganadores de la era macrista) a poner lo suyo en solidaridad con los bonistas. El ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, se reconoció incapaz de reconocer siquiera la pertinencia de la doctrina de la deuda odiosa para la hipoteca que pesa sobre la economía nacional. Pero vaya si lo que dejó Macri es una deuda odiosa: claramemente contraída en contra de los intereses de la mayoría de la nación, el pueblo trabajador, y con claro conocimiento de los acreedores de su carácter completamente ruinoso.
El éxito al que aspira el Gobierno simplemente patea algunos años el atolladero con el que se topó Macri en 2018. En 2023 volverá a encontrarse con la imposibilidad de hacer frente a los pagos, algo que la reducción de intereses atenúa pero no resuelve de fondo. Como se vio en 2005, con otra renegociación que fue calificada de “soberana” y sin precedentes, no hay manera de salir del atolladero de la deuda renegociando y pagando “serialmente”. Volver a pagar la deuda en default significó en ese entonces, como ahora, convalidar la deuda odiosa, dando la espalda a la investigación de Alejandro Olmos que dio lugar en 2001 al fallo de juez Jorge Ballesteros que reconocía nada menos que 477 ilícitos en el proceso de endeudamiento desde la dictadura, aunque dejara en manos del Congreso cualquier decisión al respecto. La deuda a la que Néstor Kirchner volvió a relegitimar en 2005 era la misma que un gobierno peronista había aplaudido en diciembre de 2001 dejar de pagar (lo que en realidad no era más que un reconocimiento de que no quedaba un solo dólar para seguir haciéndolo en medio del corralito y la fuga de capitales]). En solo cuatro años, la misma gesta en sentido inverso, el acto de soberanía en 2005 pasaba por obtener una buena quita, como ahora busca Guzmán.
Pero a pesar de la reducción en capital e intereses (que en los hechos no fue tan significativa gracias a los cupones que pagaron extra por el crecimiento del PBI), y al alargamiento de plazos, hacer frente a esa deuda insumió desde ese año en adelante una parte cada vez más significativa de los dólares del superávit comercial traído por el boom de la soja. Y eso, junto con la fuga de capitales y los giros de utilidades de las empresas imperialistas, explicaron desde 2012 el cepo cambiario y las devaluaciones de Kicillof que golpearon duro sobre los bolsillos de la clase trabajadora.
No hay motivos para esperar que esta vez sea diferente. Por el contrario, los cuellos de botella podrán llegar antes y peor, considerando que no hay a la vista ningún salto exportador como el ocurrido entonces, ni gracias a la soja (cuyo valor todavía no se hundió como los de otros commodities pero tampoco tiene ninguna perspectiva de aumento en el precio ni en los volúmenes comerciados en el marco del desplome mundial), ni mucho menos a Vaca Muerta, un sueño por el momento sepultado. De esta forma, postergando pagos hasta 2023 y reduciendo cupones no se evita la ruina nacional, simplemente se la posterga.
Desde la izquierda sostenemos la necesidad del desconocimiento de esa deuda ilegal e ilegítima, como parte de un plan donde es necesario impuestos progresivos a las grandes fortunas para encarar medidas de emergencia ante la crisis sanitaria del coronavirus (entre ellas un salario de cuarentena de $ 30.000 para quienes perdieron todo ingreso), y nacionalizar los bancos y el comercio exterior bajo control de los trabajadores. Estos son los primeros pasos para avanzar en una reorganización del conjunto de la economía en función de los intereses populares y en la que los principales medios de la producción sean puestos bajo gestión del conjunto de la clase trabajadora. |
