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El fondo de inversión NML, que mantiene una disputa con el Gobierno en los tribunales de Nueva York por la deuda en default, consiguió embargar "una o varias cuentas" de la Embajada de Argentina en Bélgica, conducida por el ex ministro de Economía Hernán Lorenzino, de acuerdo con lo señalado por la Cancillería del país europeo.
La prensa internacional indicó que, a raíz de la medida, en vigor desde el lunes último, la diplomacia belga "analizaba" el tema junto con la delegación argentina. “Estamos informados sobre el embargo preventivo practicado contra una o varias cuentas de la Embajada de Argentina en Bruselas”, indicó Hendrik Van de Velde, portavoz de la Cancillería belga.
El funcionario de Relaciones Exteriores del país europeo precisó que el embargo “fue señalado por un notario que no actuaba en nombre de las autoridades belgas ni para la justicia belga, sino a pedido de una empresa extranjera en virtud de un fallo en el extranjero”.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores analiza la situación conjuntamente con la Embajada de Argentina en Bruselas”, añadió Van de Velde.
Por su parte, NML aseguró desde Washington que “el gobierno argentino se rehúsa con obstinación a negociar con sus acreedores una solución”, según indicó en un comunicado en el que, según consigna AFP, “no reconoció implícitamente su implicación en el embargo de las cuentas”. “Frente a la ausencia de toda solución negociada, nuestros recursos incluyen la localización y el embargo de los activos argentinos estén donde estén. Argentina no debería sorprenderse que su rechazo a negociar tengan por efecto que sus acreedores busquen hacer valer sus derechos en las cortes”, añadió NML.
En 2012, ante una situación similar, la Justicia belga terminó dejando sin efecto un embargo sobre la base de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961). El caso más resonante de un embargo contra bienes argentinos en el extranjero por parte de fondos buitre involucró a la Fragata Libertad, que en 2012 quedó retenida 70 días en un puerto de Ghana, hasta que el Tribunal Internacional de Derecho del Mar dispuso su liberación, en diciembre de ese año. En esa ocasión, además del litigio internacional, el hecho generó una crisis en el Gobierno porque tanto la Cancillería como el Ministerio de Defensa fueron acusados de no tomar las correspondientes precauciones en el viaje para evitar embargos. Esto motivó algunas renuncias de funcionarios en el Ministerio de Defensa y el desplazamiento del entonces jefe de la Armada, el almirante Carlos Paz. |
