En el mediodía del jueves el Senado provincial realizó una sesión en el recinto de la Legislatura. Si bien el oficialismo, que cuenta con amplia mayoría, pretendía se trate el tema de las designaciones de 3 nuevos jueces para la Corte de Justicia provincial, finalmente envió el proyecto a Comisión de Justicia, Acuerdos y designaciones. Por su parte, el proyecto de reforma constitucional al que se refirió el gobernador Gustavo Sáenz el pasado 1 de abril, en el marco del inicio de las sesiones legislativas, también fue enviado a comisión.
Sin embargo, el único proyecto ni tratado ni enviado a comisión fue el que se enmarca en la emergencia social que existe en la provincia desde enero pasado. El gobierno peronista ahora se negó a tratarla, como ya lo hicieron en enero, oponiéndose a llamar a sesiones extraordinarias en medio de las muertes de niños y niñas wichís por desnutrición.
En la provincia se va profundizando una situación crítica en las comunidades originarias, con más de 35 niñas y niños muertos por causas relacionadas con la desnutrición en lo que va del año. Ahora, en el marco de la crisis por el COVID-19 las patronales se envalentonan con suspensiones, descuentos en los salarios que afecta a familias trabajadoras. Y para esto cuentan con el aval del gobierno nacional que a través de su secretó 329 abre la puerta a la avanzada patronal. Frente a esto, la referente del PTS, Daniela Planes, sostuvo que “la Legislatura y Sáenz nuevamente se quedan en silencio negándose a discutir sobre la emergencia sociosanitaria, algo que venimos planteando desde la izquierda junto a otros sectores desde marzo. Mucho menos ponerle un freno a esta prepotencia patronal”.
Según destacó Planes, “hay que poner todos los recursos provinciales en función del presupuesto de salud y acción social. Por eso, proponemos un plan integral para garantizar todos los insumos médicos y sanitarios, empezando por barbijos al personal médico y enfermeras, pero también para toda la población, en el marco de la obligatoriedad de su uso. También, el nombramiento de más personal de salud, algo que desde que se desató la pandemia en Salta no sucede. Otra medida que estamos proponiendo es que se declare de utilidad pública el sistema de salud privada y laboratorios, para que funcionen de forma conjunta con el público. Además, se necesita garantizar el salario a miles, cientos de miles, en toda la provincia que trabajan en condiciones precarias y hoy no están cobrando un peso como las y los trabajadores de comercios como el restaurant Charrúa o Aga deportes, o los trabajadores golondrina y sus familias, en su mayoría de las comunidades originarias. Por eso, desde el PTS en el Frente de Izquierda, nuestro compañero Nicolás del Caño presentó, junto a Romina del Plá, un proyecto para que el Congreso Nacional trate, que consiste en aplicar impuestos extraordinarios a los grandes patrimonios, altas rentas, bancos y terratenientes por única vez”.
En alusión al proyecto de ley para nombrar las 3 plazas vacantes en el marco de extender el número de jueces de 7 a 9 en la Corte provincial, Planes sostuvo que “el poder judicial está compuesto por una casta de jueces que responden a los intereses de los ricos, de las patronales y sus instituciones como la Iglesia Católica. Por eso en Salta tenemos una justicia del régimen, racista, capitalista y patriarcal. Además, ¿quién los vota? ¿Quién eligió a María Alejandra Gauffin, Adriana María Rodríguez y Horacio Aguilar? ¿El pueblo trabajador sabe que Aguilar es un garante de la impunidad y fue el defensor del empresario azucarero Pedro Blaquier en la causa que lo vincula con los apagones de Ledesma?”, se preguntó.
Desde el Frente de Izquierda proponemos la elección directa de los jueces por voto universal, y la revocabilidad en los cargos. Que todo juez y funcionario judicial gane como un trabajador promedio, que se eliminen las jubilaciones de privilegio y terminar con los cargos vitalicios. |
